La Policía Nacional identificó a once personas el día que se produjeron los incidentes del 27 de octubre en el Palacio de Festivales, a la salida de un acto de Podemos al que asistió Pablo Iglesias y en el que hubo amenazas, insultos y agresiones a asistentes y medios de comunicación que cubrían el evento.

Algunos de los protagonistas de los incidentes

Pese a estas identificaciones, confirmadas a EL FARADIO por la Policía Nacional, el juzgado de Instrucción número 2 que instruía una de las causas, la que afectó a una reportera de Europa Press TV, ha archivado el caso, según contaban ayer las agencias de noticias y el diario.es en Cantabria y confirma el TSJC.

El motivo del archivo es por “falta de autor conocido”, ya que aunque no se pone en duda que se produjeran (están grabados y fueron ampliamente difundidos los zarandeos y el ataque con el palo de una bandera española a la reportera), no se tiene a quien achacárselos porque estas identificaciones que sí que se hizo la Policía Nacional no han llegado al juzgado al no ser solicitadas. 

Acusados por el juicio de Preguntar No Es Delito, estudiantes y activistas pendientes de la sentencia por unos incidentes a la salida de un acto en la Universidad de Cantabria al que asistía el entonces presidente de Cantabria por el PP Ignacio Diego, enfatizaban ayer en redes la contradicción de que el día de esos hechos por los que fueron juzgados no se identificó a nadie y pese a ello acabaron denunciados y procesados, al contrario que en este caso de ahora.

Además, se da la circunstancia de que el archivo del auto, en principio firmado a finales del año pasado, no le ha sido notificado aún a la reportera que, de hecho, ha declarado este mismo jueves por estos hechos en un juzgado de Bilbao, lugar habitual de trabajo. La declaración se ha hecho por el método del exhorto, es decir, un juzgado le encarga a otro que haga la declaración para evitar que el afectado tenga que desplazarse si le resulta complicado. Pese a haber declarado, se ha archivado sin que se haya contado con este testimonio.

Este proceso judicial se abrió al denunciar la reportera ante la Policía los hechos, lo que derivó en la apertura del proceso judicial, en fase previa, tocándole al Juzgado de Instrucción número 2, que es quien debía canalizar la investigación y quien ha decidido el archivo, contra el que cabe recurso y que podría reabrirse si afloraran nuevos datos.

El archivo está teniendo bastante repercusión mediática, y a él se ha referido el propio Pablo Iglesias desde su cuenta de Twitter.

Según explican a EL FARADIO fuentes jurídicas, lo que ha sucedido es consecuencia de una reforma legislativa que hace que si no se tiene autores conocidos de unos hechos denunciados en un primer momento, la causa se archiva de forma automática. Luego puede reabrirse si así se solicita o si aparecen esos autores conocidas, pero la primera reacción es el archivo.

NO ES EL ÚNICO PROCESO JUDICIAL

Pero no es el único proceso judicial que queda pendiente por estos hechos, que se produjeron el mismo día que en Cataluña se aprobaba la frustrada declaración de independencia.

Manifestantes cruzan la calzada hasta el Palacio de Festivales para increpar a los asistentes al acto de Pablo Iglesias, protegidos por el cordón policial || Foto: Oscar Allende

Un grupo de personas –entre ellas jóvenes con banderas de la dictadura franquista–se concentró frente al acto para protestar por la presencia de Pablo Iglesias en Cantabria, con una actitud hostil tanto al principio como al final del acto hacia los asistentes que incluyó insultos y amenazas a participantes con los que llegaron a encararse, entre ellos una menor de edad de padre cántabro y madre suramericana a la que gritaron que «se fuera a su país».

El director de EL FARADIO, Oscar Allende, también se encontraba entre las personas que fueron objeto de las acciones de varios de los manifestantes, en unos hechos por los que ha interpuesto una querella por delitos de amenazas, lesiones, coacciones y delito de odio, y que está focalizada en participantes concretos con nombres y apellidos.

Existe una tercera denuncia de la que no han trascendido más detalles, y además Podemos denunció los hechos ante Delegación de Gobierno, ya que la citada concentración, tal y como confirmó la Delegación de Gobierno en Cantabria, no le fue comunicada, que es lo que marca la Ley de Seguridad Ciudadana. La falta de comunicación de la protesta y que se produjeran incidentes serán hechos sancionables a sus convocantes, los administradores del grupo de Whatsapp desde el que se realizó la convocatoria.