La Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAICC), una de las sociedades implicadas en el proyecto de universidad de español , se encamina hacia el rescate total por parte del Gobierno de Cantabria tras venir arrastrando una difícil situación económica.

Visita al Seminario Mayor de Comillas: Revilla, Gorostiaga, Agudo, Marcano, Salvador Blanco y Enrique Ambrosio (Liberbank).

Esta sociedad sigue teniendo al frente a Salvador Blanco, exconsejero delegado de otra empresa pública SODERCAN, que abandonó tras una dura pugna por su marcha a la que se resistió en todo momento la vicepresidenta y exlíder socialista Eva Díaz Tezanos pese a que Blanco estaba señalado por malas prácticas gestoras en distintos documentos oficiales.

Para este lunes, según ha podido saber EL FARADIO, se ha convocado una reunión de esta sociedad en la que se abordarán las distintas soluciones de futuro.

Recientemente, el Patronato de la Fundación Comillas abordó la posibilidad de que los activos con que cuenta la sociedad (los edificios o las participaciones sociales) pasaran a ser propiedad directamente del Gobierno de Cantabria, en lugar del modelo actual por el que eran de la SAICC pero se alquilaban a la Fundación (en un proceso en el que se están produciendo muchos impagos.

Este anuncio del Patronato, del que se hizo eco EL DIARIO MONTAÑÉS, llevó a unas declaraciones de Rubén Gómez, portavoz de Ciudadanos en Cantabria –partido que ha sido especialmente crítico con la gestión del proyecto Comillas y que ha reclamado una auditoría completa–.

La situación de la SAICC, cuyo socio único es la Fundación Comillas, pasa por un descontrol de su déficit, que no sólo no se ha controlado sino que se ha incrementado, con riesgo de que no se puedan atender los pagos del préstamo que le viene concediendo el ICAF, el Instituto Cántabro de Finanzas.

Se están estudiando varias soluciones y recomendaciones, tras haberse encargado una auditoria, que pasaban por la cesión de recursos a la Fundación Comillas o ya directamente al Gobierno de Cantabria.

Se llegó a plantear la fusión de la SAICC con la Fundación Comillas, pero no se ha considerado viable.

“EL PROYECTO DEL SIGLO”

Iba a ser el proyecto del siglo, un centro para enseñar el español a profesores del idioma, que se iba a “llenar de chinos”, en la epifanía que tuvo el presidente Miguel Ángel Revilla ante el embajador alemán. La complejidad de las obras de reforma de la Universidad Pontificia y la complejidad del entramado de sociedades públicas diseñado en la época de Ángel Agudo (eran tiempos de complejidad), unidos a la crisis económica, los recortes, la falta de demanda real de alumnos, el desinterés del Gobierno de Ignacio Diego por el proyecto o la desvinculación del Ejecutivo central –asunto con posible judicialización– acabaron por lastrarlo.

Universidad Pontificia de Comillas

La SAICC tiene como principal fuente de ingresos a la Fundación Comillas, que le debe del orden de 6 millones de euros.

El Interventor de Cantabria advirtió en un informe de que el pago de alquileres de la Fundación a la SAICC por el uso de sus edificios (a precios superiores al mercado, un 86% más caro que en el Paseo Pereda) era en realidad una subvención encubierta, una forma de darle ingresos que además carecía de cobertura jurídica.

Pagar alquileres supone un 76% de los costes totales que afronta la Fundación.

Y esto en lo que se refiere a la SAICC, pero el Interventor ya describió en su momento que la propia Fundación Comillas “no es viable por sí sola”, lo que le hace carecer de liquidez ya que los ingresos que produce su actividad académica son de 200.000 euros.

La Fundación Comillas fue la única sociedad del sector público empresarial que contó con la opinión desfavorable del interventor la primera vez que se analizó un proyecto que en otros ejercicios se venía tratando como privado.

Esa Fundación Comillas que es la principal fuente de ingresos de la SAICC que gestiona los edificios y a la que le debe dinero resulta que también le debe dinero al ICAF, 40 millones de euros a este organismo público que se encarga de dar crédito a empresas privadas y sector público. Era más de la mitad de lo concedido por este instituto al conjunto del sector público.

La situación se ha ido tratando de compensar con inyecciones puntuales de dinero público del Gobierno de Cantabria.

Intervención no es el único organismo que ha cuestionado la gestión del proyecto Comillas. También lo ha hecho el Tribunal de Cuentas.

La Fundación Comillas es la única sociedad del sector público empresarial que cuenta con la “opinión desfavorable” de la Intervención General del Gobierno de Cantabria, según un informe del Insituto Cántabro de Finanzas al que ha tenido acceso EL FARADIO.

Desde el Ejecutivo cántabro se responsabiliza de esta situación al Gobierno central, que en los inicios del proyecto se comprometió a aportaciones económicas que luego fueron canceladas.

SALVADOR BLANCO SE FUE DE SODERCAN PERO NO DE LA SAICC

Al frente de la SAICC seguía estando Salvador Blanco, polémico exconsejero delegado de SODERCAN, empresa pública de políticas industriales adscrita a la consejería de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos.

Salvador Blanco

Una de las empresas que trabaja en el proyecto Comillas es una habitual de la gestión de Blanco, ROMA, a la que se le adjudicó desde la SAICC la gestión técnica del proyecto de recuperación técnica del Seminario Mayor, por un importe de 58.550 euros.

ROMA es el acrónimo de Recursos de Obras, Montajes y Asistencia, una empresa del ámbito de la ingeniería que tiene como administrador único a Juan Carlos Gutiérrez Díaz Velarde, hermano de la directora general de Presupuestos, Eugenia Gutiérrez Díaz-Velarde, funcionaria con amplia trayectoria en la administración pública que ha coincidido con Salvador Blanco en su etapa en la Consejería de Economía.

ROMA también ha trabado con la SODERCAN de Salvador Blanco. Fue la empresa que se encargó de un informe sobre el (anulado judicialmente) plan eólico, un informe que no puede consultarse en Internet y cuya existencia ha negado el Gobierno ante peticiones parlamentarias de información de Podemos.

Para su realización, se invitó a a tres empresas a presentar presupuestos, pero una de ellas era SIENA, del mismo grupo al que pertenece ROMA (tenían la misma apoderada, habitual en las empresas de Gutiérrez Díaz-Velarde), y la tercera no llegó a presentar propuesta.

Ese informe fue adjudicado en 59.650 euros. Al final el trabajó acabó costando un 40% más, esto es, 23.840 euros más, de modo que el coste final ascendió a 83.790 euros. Si se hubiera sacado con ese presupuesto, tendría que haber sido concurso público y no por el método de invitación que se eligió.

ROMA también ha realizado trabajos para varios edificios en el PCTCAN, el Parque Científico y Tecnológico, como el CTC (Centro Tecnológico de Componentes) o el Instituto de Hidráulica

LA GESTIÓN DE BLANCO EN SODERCAN

Eva Díaz Tezanos se resistió a cesar a Salvador Blanco

La destitución de Salvador Blanco fue una petición del nuevo secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, a la que Díaz Tezanos se resistió todo lo que pudo, y se produjo después de que este cargo haya sido puesto en cuestión por la mayoría del Parlamento, el Tribunal de Cuentas o sentencias judiciales.

Así, el Interventor describió prácticas como el conocimiento previo por parte de empresas de proyectos que se iban a convocar desde la propia SODERCAN (Fraile y Blanco y la televisión de la sociedad pública), así como la división de proyectos en fases (ídem) para no tener que sacarlo a concurso o la invitación a participar en concursos a sociedades relacionadas entre sí, además de la sobrefinanciación de proyectos apoyados por esta empresa pública (la boya eólica de Idermar, con APIA XXI) y falta de control o fiscalización de sus inversiones en empresas privadas, entre otras, además de adjudicaciones a nombres habituales de la época como el abogado Emiliano Garayar.

Una sentencia judicial no consideró delito vincular a Blanco con corruptelas. Se dictó después de que este denunciara al exsecretario general de Podemos, Julio Revuelta, por enumerar en una entrevista radiofónica estas prácticas.

LAS RECOLOCACIONES DE SODERCAN

Tras su marcha de SODERCAN, Salvador Blanco ha sido nombrado como consejero en SIDENOR, en representación del Gobierno, en una sociedad en la que el propio Ejecutivo tiene participación con dinero público.

Víctor Gijón, en primer plano, junto a Salvador Blanco.

La relación financiera del Ejecutivo con SIDENOR, iniciada precisamente bajo la gestión de Blanco, se ampliará hasta 2021, es decir, hasta la propia legislatura como ha publicado esta semana EL FARADIO.

No ha sido el único cargo que ha tenido que abandonar forzado SODERCAN esta legislatura: su director de Internacional, Víctor Gijón, periodista vinculado históricamente al PSOE cántabro, que fue inhabilitado para la gestión de empresas por una sentencia judicial en relación a su papel en el concurso de acreedores de Grupo Digital 2006, grupo de comunicación que recibió adjudicaciones publicitarias superiores al medio millón de euros en la anterior etapa del PSOE en el Gobierno que, sin embargo, no impidieron que sus empleados tuvieran que recurrir al FOGASA cuando quebró.

En su despedida, Salvador Blanco firmó una adjudicación por valor de 76.000 euros a la Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN), que tiene entre sus patronos a Ángel Agudo, ex superior suyo en la consejería de Economía, y de la que forma parte también Víctor Gijón, o el empresario Juan Carlos Gutiérrez Díaz-Velarde, de ROMA.