La oposición echa de menos informes y partidas en la Comisión de Hacienda

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Este miércoles se ha llegado a cabo la habitual Comisión parlamentaria que realiza el control y seguimiento de la ejecución presupuestaria del Gobierno de Cantabria.

En dicha comisión, los partidos de la oposición han echado de menos varias partidas que no han sido ejecutadas, como el caso de las destinadas a la reindustrialización del Besaya que denuncia Ciudadanos.

En total, 205 millones no han sido ejecutados. Una cifra que Podemos reclama que se destinen a Renta Social Básica y emergencia habitacional.

Por otro lado, el Partido Popular lo que ha echado de menos es el último informe de la Intervención General de Cantabria, de 5 de febrero de 2018, y que ha sido elaborado por el recientemente cesado interventor general, Gabriel Pérez.

Así lo ha denunciado la portavoz de Economía popular, Cristina Mazas, que señala que el informe advertía de que, tras los datos de diciembre y a pesar de contar con más financiación, ahorro de intereses y los recortes practicados, todo ello “no va a ser suficiente para el cumplimiento del objetivo de déficit”. Tampoco se cumplirá con la regla de gasto, y la deuda queda en manos de cómo se resuelva la liquidación con los proveedores.

Mazas ha mostrado su sorpresa porque el consejero Sota no haya hecho mención alguna sobre el incumplimiento del objetivo de déficit en 2017, aunque como ha subrayado “no es nada que no supiéramos ya”.

La diputada del PP ha repasado la larga lista de recortes realizados, que han incidido en áreas claves como empleo, FP, becas, innovación educativa, sanidad, así como en el plan industrial del Besaya “que directamente ha sido borrado del presupuesto”.

También el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha criticado que la mayor parte de las partidas destinadas a la recuperación industrial de la cuenca del Besaya “presentan una ejecución presupuestaria del 0%” dentro de las previsiones que se establecieron en el marco de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) de 2017.

Rubén Gómez ha llamado la atención acerca de que “en el mejor de los casos” las partidas de los PGC dedicadas a la recuperación de la cuenca del Besaya dentro de la Consejería de Industria, Innovación, Turismo y Comercio “cuentan con una ejecución presupuestaria del 12%”.

PODEMOS RECLAMA QUE SE DESTINE EL DINERO NO EJECUTADO A RENTA SOCIAL Y EMERGENCIA HABITACIONAL

En Podemos lo que han reclamado es que el total de 205 millones de euros que no se han ejecutado de los presupuestos de 2017 del 112, Gesvican, Fundación Comillas, Interreg Sudoe, ICAF, Oficina de proyectos europeos, Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte, Fundación de Valdecilla, IDIVAL, SICAN, PCTCAN, FCTL, Cantur, Fundación IH, Mare y Sodercan, sean invertidos en la Renta Social Básica y en emergencia habitacional.

Para su portavoz en la comisión, José Ramón Blanco, Cantabria necesita de una vez por todas un cambio de modelo productivo, que aglutine a todos los sectores, que permita que Cantabria cuente con una hoja de ruta definida, no a base de “parchazos”, que le permita crecer y dar un futuro a quienes viven en ella y los que tuvieron que irse.

Blanco ha recordado que cuando se negociaban los presupuestos y Podemos solicitaba aumentos en partidas destinadas a ayudar a las personas como la RSB o vivienda, el Gobierno siempre se escudaba en que son partidas inamovibles destinadas a otras cuestiones “pero hoy comprobamos que finalmente no se ejecutan, por lo que sí hay dinero para mejorar la vida de la gente, pero esa no es la prioridad de este Revilla y su gobierno”.

Y lo mismo ocurre para acabar con la lacra de los desahucios, ha señalado Blanco, quien ha explicado que para crear un parque público de vivienda se necesitan 5 millones de euros, “que de esos 205 bien podrían salir, hace más el que quiere que el que puede”.

José Ramón Blanco ha solicitado también en comisión que los grupos representados en el Parlamento de Cantabria reciban los gastos e ingresos de las empresas públicas “para poder ejercer bien la función de control al Gobierno” y ha reclamado las auditorías del ICAF y Sodercan correspondientes a los años 2015 y 2016.

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