El Juzgado reabre la causa por la agresión a una reportera el 27-O en el Palacio de Festivales

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El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander ha reabierto la causa que había cerrado tras la denuncia de una reportera de televisión de Europa Press, por una presunta agresión sufrida durante los altercados que se produjeron tras el mitin de Pablo Iglesias en Santander el pasado 27 de octubre.

Agresión a la reportera de Europa Press

Así lo han anunciado la misma agencia de comunicación y EFE, después de que se haya reabierto una causa que se archivó por “falta de autor conocido”. La policía ha remitido al Juzgado un nuevo informe identificando a la persona que presuntamente agredió con el palo de una bandera a la denunciante, que recogió los altercados en varios vídeos.

Pese a que la justicia justificó la decisión por la “falta de autor conocido”, la Policía Nacional confirmó a este diario que identificó a once personas el día que se produjeron los incidentes, a la salida de un acto de Podemos al que asistió Pablo Iglesias y en el que hubo amenazas, insultos y agresiones a asistentes y medios de comunicación que cubrían el evento.

La cuestión es que no se presentaron estas identificaciones al no ser requeridas por Delegación de Gobierno. De hecho, la inacción de Samuel Ruiz en este caso hizo que Libres pidiera su dimisión y que Podemos le acusara de “actuar en beneficio de la extrema derecha”.

Además, este archivo, que se firmó a finales de 2017, no le fue notificado a la reportera que semanas después declaró por estos hechos en un juzgado de Bilbao, su lugar habitual de trabajo, sin que su testimonio se tuviese en cuenta en el momento del archivo de la causa.

Aunque inicialmente se había fijado la fecha del juicio por un delito leve en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander para el próximo  6 de marzo, finalmente se ha aplazado sin fecha concreta nueva.

NO ES LA ÚNICA CAUSA ABIERTA

Pero no es el único proceso judicial que queda pendiente por estos hechos, que se produjeron el mismo día que en Cataluña se aprobaba la frustrada declaración de independencia.

Un grupo de personas –entre ellas jóvenes con banderas de la dictadura franquista–se concentró frente al acto para protestar por la presencia de Pablo Iglesias en Cantabria, con una actitud hostil tanto al principio como al final del acto hacia los asistentes que incluyó insultos y amenazas a participantes con los que llegaron a encararse, entre ellos una menor de edad de padre cántabro y madre suramericana a la que gritaron que “se fuera a su país”.

Algunos de los asistentes a la protesta que desembocó en altercados llevaban banderas franquistas (Foto: Diario Montañés)

El director de EL FARADIO, Oscar Allende, también se encontraba entre las personas que fueron objeto de las acciones de varios de los manifestantes, en unos hechos por los que ha interpuesto una querella por delitos de amenazas, lesiones, coacciones y delito de odio, y que está focalizada en participantes concretos con nombres y apellidos.

Finalmente los dos denunciados en esta querella serán procesados por delitos leves de agresiones y amenazas, pero no por delito de odio, coacciones o manifestación ilegal. Y es que el Juzgado, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, descarta que la convocatoria de la protesta fuera “incitadora del odio”.

Para ello, la jueza se refiere a los “reiterados” mensajes al respeto, mientras obvia mensajes que se difundieron como “rojos de uno en uno al paredón”, o que se animaba a “llevar bates” o a “pisarles la cabeza” a los “perroflautas” y “putos progremitas”.

También se hablaba abiertamente de “llevar bates y abrirles la cabeza”, o unas tijeras para “podarle la coleta” a Pablo Iglesias o huevos para arrojarle, se decía “que parezca un accidente” o se advertía a los participantes que no llevaran la “bandera del águila” (franquista), que “es lo que quieren”, recomendando comprar banderas de España en sitios que no fueran “chinos”. También obvia que se expulsara del grupo a aquellos que fueran discrepantes con la línea ideológica predominante.

Además, existe una tercera denuncia de la que no han trascendido más detalles por el momento.

Al margen judicial, Podemos denunció los hechos ante Delegación de Gobierno, ya que la citada concentración, tal y como confirmó la Delegación de Gobierno en Cantabria, no le fue comunicada, que es lo que marca la Ley de Seguridad Ciudadana. La falta de comunicación de la protesta y que se produjeran incidentes serían hechos sancionables a sus convocantes, los administradores del grupo de Whatsapp desde el que se realizó la convocatoria.

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