Santander Sï Puede ha hecho público un segundo caso de conflicto de intereses municipales en las obras de los espigones de La Magdalena, que se suma al de la empresa del marido de la alcaldesa, Gema Igual.

Protesta contra las escolleras de La Magdalena

Tal como reveleba el partido municipalista, a ese caso se une ahora el de Pablo Saiz Silió, casado con la concejal de Servicios Sociales, María Tejerina, y cuya empresa, dedicada a la arqueología subacuática, también fue contratada por el Ministerio de Medio Ambiente en las polémicas obras de los diques de La Magdalena.

En un comunicado, Santander Sí Puede denuncia no tanto la contratación de dichas empresas como el hecho de que las dos representantes del PP y de la ciudadanía en el Ayuntamiento no se inhibieran –como marca la ley – ante mociones vinculadas a las obras de las espigones donde trabajan los respectivos esposos ambas políticas santanderinas, en las que se pedía que el Ayuntamiento reclamara al Ministerio la paralización de las obras .

Es algo sobre lo que ya advirtió en su momento, y ayer el concejal Antonio Mantecón planteó en el Pleno una moción pidiendo de nuevo la paralización de la obra de los espigones. En la misma moción, volvió a mencionar el hecho y en el alegato final recomendó tanto a la regidora como a “otro concejal” que se inhibieran para “no incumplir la ley de nuevo”.

Unas horas más tarde se reunía el Comité Ciudadano de Santander Sí Puede en reunión ordinaria ya prevista; el cual emitía un comunicado denunciando los hechos e informando de la identidad del otro concejal con conflicto de intereses.

Según Santander Sí Puede, se trataría de la edil María Tejerina, cuyo esposo, el empresario Pablo Saiz Silió, que tiene una empresa especializada en el patrimonio submarino, fue también contratado por el Ministerio del Interior en la obra de las escolleras.

LEGALIDAD

Santander Sí Puede relata como en el momento que se hizo pública la presencia de la empresa del marido de la alcaldesa, Gema Igual defendió su legalidad de la adjudicación aunque ellos matizan que la oferta de Excavaciones Bedia era la segunda mejor y fue adjudicada tras la renuncia de otra empresa que resultó en primer lugar, recuerda Santander Sí Puede.

En ese momento, Santander Sí Puede, a través de su coordinadora, Susana Ruiz, y de su concejal, Antonio Mantecón, denunciaron los hechos, sobre todo, en cuanto al incumplimiento de tres leyes: la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF); y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

“Nosotros no entramos en la legalidad de la adjudicación a las empresas de los dos maridos de las ediles del PP, aunque expresamos nuestras dudas morales al respecto. Lo que tenemos claro que es una ilegalidad, y por ello lo denunciamos, es que las dos concejales no se inhibieran en el pleno ya que existe un conflicto de intereses manifiesto. Si resultaba escandaloso lo del pleno anterior, lo de ahora es doblemente escandaloso porque a la conducta de la alcaldesa se suma ahora la de la edil María Tejerina. Ambas tendrían que haberse abstenido o inhibido en los dos últimos plenos y habrían incumplido la ley de forma flagrante. No hace falta decir que, obviamente, todo esto tendrá consecuencias”, señalan desde Santander Sí Puede.

En el pleno, la regidora Gema Igual mostró un “presunto” informe jurídico, a juicio del Comité Ciudadano, en donde se avalaba su decisión de no inhibirse al tratarse de unas obras de otra administración. Para Santander Sí Puede, “la alcaldesa obvia que lo relevante del asunto para el incumplimiento de la norma no es que fueran contratados por el Ministerio de Medio Ambiente, que podría tener o no un reproche moral, sino que no se inhibieran ante las mociones presentadas sobre dicho asunto”.

En este sentido, el Comité Ciudadano sentencia que “Gema Igual no parece entender muy bien lo que implican los artículo 76 y 21 de la Ley de Bases y del ROF» y añade que «cualquier ciudadano puede entender que las esposas de los titulares de empresas que trabajan en las obras de los espigones pueden tener intereses personales en que dicha obra no se paralice». «No hace falta ser jurista para entenderlo. Por tanto, al ser el incumplimiento tan claro, cualquier interpretación diferente podría ser un acto de prevaricación”, apostillan.

LOS ESPIGONES

La obra de los espigones, como popularmente se denomina, es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, en respuesta a una solicitud que hizo en su día el Ayuntamiento de Santander, y es llevada a cabo por la empresa pública estatal TRAGSA.

El impacto visual que ha revelado el avance de los trabajos ha suscitado alarma ciudadana, con la creación de una plataforma formada por grupos como ARCA, Alceda o Ecologistas en Acción, y la convocatoria de varias protestas, la próxima este domingo a las 12, en La Magdalena, que incluye una concentración de embarcaciones que harán sonar sus bocinas como muestra de protesta.