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Fiscalía estudiará la desobediencia judicial del presidente de los constructores

13 de mayo de 2018. POR

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega ha deducido a la Fiscalía Superior testimonio por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial contra el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Gervasio Pinta, según ha podido saber EL FARADIO de fuentes jurídicas.

Es la consecuencia de otro proceso judicial en el que está involucrado –y no es el único– por la gestión al frente de su empresa, el Grupo Pinta, muy arraigado en Torrelavega.

Ya le constaba, desde 2016, una sentencia en su contra en el que se le condenaba a un embargo de bienes por valor de 100.000 euros.

El asunto que da origen al embargo lleva coleando dos décadas y supuso en 2007 una acción judicial por incumplimiento de contrato entre la constructora y una particular, aunque judicialmente se ha recrudecido en los dos últimos años al urgírsele a hacer efectivo el embargo.

En el marco de ese proceso el Juzgado le pidió que aportara a la Justicia documentación sobre el proceso, sin conseguir una respuesta satisfactoria ni para el Juzgado ni para la administradora judicial.

Y le advertía expresamente de que de no hacerlo, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Es decir, lo que hace ahora el Juzgado, ante la falta de respuesta a sus peticiones muy concretas y reiteradas de que entregara documentación sobre la empresa, es pedirle a la Fiscalía que sea ella la que decida si se produce ese delito.

EMPRESA INTERVENIDA, EN MANOS DE UNA ADMINISTRADORA JUDICIAL

En cualquier caso, La administración de la empresa ya no está en manos de Gervasio Pinta, sino de un administrador judicial nombrado por el Juzgado (es una figura diferente a la del administrador concursal, muy habitual en la época de crisis, a la que se recurre cuando una empresa no puede hacer frente a sus pagos y deudas, no es el caso de Pinta) ante las dudas sobre la capacidad gestora del presidente de los constructores.

Previamente el Juzgado ya le había dictado un embargo, oficiando a los bancos para que ejecuten movimientos económicos que afecten a la empresa, y apercibiéndole de que se le irán imponiendo multas personales coercitivas y periódicas si sigue sin cumplir los mandatos judiciales.

SIN INFORMACIÓN

Los demandantes han cuestionado la información que ha venido facilitando la empresa, que ha declarado que no tiene actividad y que no tenía liquidez como consecuencia de la crisis inmobiliaria.

Frente a esto, los demandantes han aportado documentación mercantil que refleja que en octubre de 2017, Pinta obtuvo ingresos por valor de 399.415 euros y un volumen de operaciones declaradas por importe de 401.817 euros; o que la empresa ha llegado a abonar a su propietario 70.229 euros en concepto de gastos de personal durante 2017 y que el presidente cobra nómina de la misma, sin que esto dejara de hacerse durante la crisis.

Además, se refieren a subvenciones recibidas desde la Administración, que pone entre sus condiciones el estar al corriente de pagos.

Y describen como se trata de “ocultar” la situación real de la empresa mediante de un “amplio entramado de empresas” (al menos siete, según documentación del Registro Mercantil, seis de ellas participadas al 100% por la empresa) a través de las cuales se “diluyen” los beneficios de manera que “nunca superen las deudas”.

No consta tampoco que se haya declarado en concurso de acreedores, el mecanismo al que se acogen las empresas cuando tienen problemas de liquidez para afrontar los pagos, habitual durante los años de la crisis.

 


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