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Fiscalía investigará al presidente de los constructores por alzamiento de bienes

17 de mayo de 2018. POR

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega ha deducido testimonio a la Fiscalía por un presunto deltito por alzamiento de bienes contra el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Gervasio Pinta, según ha podido saber EL FARADIO de fuentes jurídicas.

Deducir testimonio significa que el Juzgado, en el transcurso de otra causa, ha visto algún asunto que podría ser cuestionable, pero al no corresponderle a él se lo deriva a la Fiscalía, que es quien tiene la capacidad de investigar asuntos por sí misma.

Y alzamiento de bienes es una modalidad que implica que se desvían bienes de una empresa a un particular para que la sociedad en cuestión carezca de fondos con los que satisfacer el pago de deudas.

El alzamiento de bienes está regulado en el Código Penal español, dentro de los delitos socioeconómicos, y está castigado con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses, dependiendo de los tipos y las variables.

No es el único asunto que está en manos de la Fiscalía y que afecta a Gervasio Pinta, de Construcciones Pinta: recientemente el mismo Juzgado de Torrelavega deducía también testimonio a este órgano judicial por una presunta desobediencia a la autoridad judicial, al hacer caso omiso a peticiones del Juzgado.

Todo deriva de actuaciones al frente de su empresa privada, el Grupo Pinta, muy asentado en Torrelavega: desde 2016 tenía ya una condena a un embargo de bienes por valor de 100.000 euros por incumplimiento de contrato con un particular.

Un embargo que el Juzgado le ha pedido que haga efectivo, en un proceso en el que además le requirió que aportara documentación sobre su situación económica. Al no obtener respuesta, le advirtió de que podría incurrir en desobediencia en la autoridad judicial.

La desconfianza del Juzgado en la gestión empresarial en Pinta le llevó a designar un administrador judicial que se haga cargo de los pagos y la gestión de la empresa.

El administrador judicial es una figura distinta a la del administrador concursal: este último se hace cargo de la empresa cuando no puede hacer frente a sus pagos y deudas, en una figura que ha sido muy socorrida en los tiempos de crisis y a la que no ha recurrido Pinta.

Tras el nombramiento de esta administración judicial, es cuando se ha decidido derivar la gestión de la empresa a la Fiscalía por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Y previamente el Juzgado ya le había dictado un embargo, oficiando a los bancos para que ejecuten movimientos económicos que afecten a la empresa, y apercibiéndole de que se le irán imponiendo multas personales coercitivas y periódicas si sigue sin cumplir los mandatos judiciales. Además, le consta otro proceso judicial ante el Juzgado de lo Mercantil del que no han trascendido más detalles.

Los demandantes han cuestionado la información que ha venido facilitando la empresa, que ha declarado que no tiene actividad y que no tenía liquidez como consecuencia de la crisis inmobiliaria.

Frente a esto, los demandantes han aportado documentación mercantil que refleja que en octubre de 2017, Pinta obtuvo ingresos por valor de 399.415 euros y un volumen de operaciones declaradas por importe de 401.817 euros; o que la empresa ha llegado a abonar a su propietario 70.229 euros en concepto de gastos de personal durante 2017 y que el presidente cobra nómina de la misma, sin que esto dejara de hacerse durante la crisis.

Además, se refieren a subvenciones recibidas desde la Administración, que pone entre sus condiciones el estar al corriente de pagos, por lo que niegan esa falta de fondos que alega la empresa.

Y describen como ha tratado de “ocultar” la situación real de la empresa mediante de un “amplio entramado de empresas” (al menos siete, según documentación del Registro Mercantil, seis de ellas participadas al 100% por la empresa) a través de las cuales se “diluyen” los beneficios de manera que “nunca superen las deudas”.

No consta tampoco que se haya declarado en concurso de acreedores, el mecanismo al que se acogen las empresas cuando tienen problemas de liquidez para afrontar los pagos, habitual durante los años de la crisis.


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