La adjudicación de contratos menores de las consejerías del Gobierno de Cantabria aumentó un 55,4 % en el primer trimestre de 2018 respecto a la del primer trimestre de 2017, según datos recogidos por EL FARADIO.

Este repunte de las adjudicaciones coincide con la aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya aplicación está creando incertidumbre en el sector público en todo el país.

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley fue el 19 de octubre, al inicio del tercer trimestre de 2017, pero la entrada en vigor fue el 8 de marzo, cuatro meses después de la publicación de la ley en el BOE, por lo que ha coincidido justo con el primer trimestre del año.

La de los contratos menores es una figura que surgió para las pequeñas obras o contratos, con el objetivo de ahorrar trámites y permitir una adjudicación más ágil, si bien no han estado exentos de excesos en su uso (son precisamente los contratos menores los que están en el punto de mira en el Servicio Cántabro de Salud al haberse hecho a empresas relacionadas entre sí, la misma situación que en el pasado se produjo, por ejemplo, con el grupo Fraile y Blanco). En la nueva Ley los contratos menores requieren de más informes y nuevas condiciones, para evitar el fraccionamiento.

Ante la aplicación de la Ley y las dudas que está generando su concreción, ha habido departamentos de la Administración que han optado por concentrar las contrataciones en los meses previos a su entrada en vigor para evitar una “parálisis” posterior, como empieza a detectarse, según señalan fuentes de la Administración.

LAS CIFRAS

En total, según se desprende de la documentación recopilada por EL FARADIO, en el primer trimestre de 2018 se otorgaron 800 contratos menores, mientras que en el primer trimestre de 2017 se adjudicaron 517.

Comparativa contratos menores

Por departamentos, los mayores incrementos se producen en la consejería de Obras Públicas y Vivienda, donde se adjudicaron 236 contratos menores entre enero y marzo de 2018, mientras que solo se otorgaron 30 en el mismo período del año pasado, una cifra que también se explica por la tendencia a realizar obras de menores dimensiones en los municipios, que encajan más con el objetivo de los contratos menores.

Por su parte, en la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio el aumento de adjudicaciones fue del 81,3% entre el primer trimestre de 2017 y el de 2018.

Si bien la diferencia se percibe en la comparativa entre este trimestre y el mismo del año anterior, en el que no había esa nueva ley, también es significativa la evolución en los trimestres anteriores, conforme se iba acercando la fecha de la entrega en vigor. Es lo que sucedió, por ejemplo, en la de Universidades, donde se pasó de 140 del tercer trimestre a 294 del cuarto, o en Sanidad, que pasa de 27 a 34.

LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS

La ley ha sido modificada después de que el Consejo de Europa pidiera en una decisión que “España debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública”. La adjudicación de contratos menores ha estado en el punto de mira por permitir el fraccionamiento de contratos, la adjudicación directa y la falta de publicidad de los contratos.

La antigua ley de contratación establecía que se consideraban contratos menores aquellos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se tratara de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se tratara de otros contratos. Con la nueva ley los importes son de 40.000 y 15.000, respectivamente, además de llevar aparejados una serie de informes que avalen que realmente se trata de un contrato menor.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público impedirá el fraccionamiento de contratos. Esta práctica permitía otorgar un contrato con un importe mayor que el de menores, ya que se fraccionaba el importe total en cifras incluidas dentro del límite de los contratos menores. De esta forma, se evitaba llevar a cabo un concurso público.

Para impedir que se repitan estas prácticas, la nueva ley exige a la empresa contratada que demuestre que no ha solicitado otros contratos menores que, sumados, excedan el límite.

La falta de publicidad también ha sido resuelta con la nueva ley. Anteriormente, no era necesario informar de la oferta de contratos menores, así que la competencia en la adjudicación de estos contratos era nula o dependía de la voluntad de cada departamento o administración.