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Absolución para los acusados de Preguntar No Es Delito

24 de mayo de 2018. POR

El Juzgado de lo Penal número 3 de Santander ha absuelto a los seis miembros de Preguntar No Es Delito, acusados de delitos de coacciones por los incidentes que se produjeron a la salida de un acto en la Universidad de Cantabria en el que intervino el entonces presidente y líder del PP Ignacio Diego.

Los acusados por Preguntar No Es Delito, al término del juicio

También estaban acusados de una falta contra el orden público y una falta de daños, según ha podido saber EL FARADIO.

En la sentencia sí que constata en los insultos que tres de ellos profirieron contra el entonces presidente de Cantabria una falta contra el orden público en la modalidad de falta de respeto y consideración a la autoridad. Sin embargo, la juez les absuelve al considerar que ha quedado prescrita.

En el relato de hechos probados, se considera que profirieron insultos y que había un “clima de hostilidad”, pero se descartan que se intentara impedir la marcha del coche, ni que ellos fueran responsables de los daños al coche o que los escoltas tuvieran lesiones, y se relata que no se arrojaron sobre el coche oficial, sino que se cayeron cuando este se marchaba.

Su caso se había convertido en un símbolo de los problemas de retroceso en las libertades, al limitarse su acción a una protesta, enmarcada en un momento de recortes en la educación pública, pero el fallo judicial se basa en la premisa de que “los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de manera contraria a los derechos fundamentales”.

Es más, la jueza argumenta que “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada individuo”.

Los acusados, jóvenes universitarios y activistas, habían recibido el apoyo de numerosos colectivos, en particular de la comunidad educativa que llegó a convocar una huelga general y una manifestación de apoyo y una concentración el mismo día a las puertas del juzgado.

La sentencia era muy esperada y se ha demorado más de lo habitual: el juicio se celebró el pasado mes de diciembre.

Se enfrentaban, cada uno, a penas de 4.400 euros por delitos de coacciones y la falta contra el orden público, y en el caso de los daños en el coche oficial se pasó del año de prisión que se pedía inicialmente a uno de los acusados a una multa de 240.

Entre los acusados se encontraban destacados activistas de los movimientos sociales cántabros como Diego San Gabriel, profesor, miembro de colectivos como Cantabria No Se Vende, o Marcos Martínez Romano, que entonces era miembro de la ejecutiva estatal de Podemos. Tanto ellos como sus compañeros quedan absueltos de todos los cargos que se les imputaban, tras años en los que se había intentado asociar sus nombres a estos hechos.

Concentración de apoyo a las puertas del juzgado, durante la celebración del juicio

El presidente Ignacio Diego, objeto de las coacciones ahora desechadas, no formuló acusación alguna, limitándose a ser testigo en el juicio, por lo que las acusaciones partieron únicamente del Ministerio Fiscal que fue quien solicitó estas penas que no ha atendido la titular del Juzgado.

Un Ministerio Fiscal que, por cierto, tuvo un tono inusitadamente duro durante el transcurso del juicio:  sostuvo que los acusados formaron un cordón para impedir la salida del presidente del acto, que quisieron acceder al coche, y cuestionó el carácter pacífico de la protesta, afirmando que trataban de “acorralar” a Diego, todo en un contexto de mucha “permisividad” con las protestas con un “sector” muy activo en la calle y cuando todas las protestas se consideraban “legítimas”. De hecho llegó a decir que los participantes en aquella eran un “grupo de exaltados”, entre los que había uno “encapuchado” como los de la “kale borroka”. El Fiscal también criticó la “manipulación mediática” del caso o las presiones al tribunal, como consideró los actos de apoyo a los acusados.

En el fallo judicial se niegan estas tesis del Fiscal:  “no se aprecia un grave atentado
contra la libertad, y seguridad del Presidente regional, puesto que la finalidad perseguida aparece más dirigida a la protesta y a la crítica política”, y se rechaza asimismo que no se considera que hubiera “violencia o fuerza”, lo que supondría el delito de las coacciones.

Los hechos sucedieron en febrero de 2014. En la Universidad se había convocado un acto abierto a estudiantes con Ignacio Diego como invitado. y se convocó una protesta por la situación de recortes en la educación.

Era la época de los ‘escraches’ (los seguimientos a políticos en actos o a sus domicilios) y una de las convocatorias en redes sociales bautizó así a lo que no dejaba de ser una protesta.

El recuerdo para los imputados de #PreguntarNoEsDelito fue frecuente en protestas y manifestaciones

Pero, tal y como se puso de manifiesto en el juicio, los escoltas de Diego y los servicios de seguridad, en una tesis secundada por el propio PP y por el Ministerio Fiscal, interpretaron que lo que se quería era reventar el acto e impedir que se celebrara.

Lo cierto es que fue al revés: la entrada al acto se prohibió selectivamente, de forma que unos estudiantes pudieron entrar y otros no, atendiendo a criterios arbitrarios en un evento al que habían acudido como ‘refuerzo’ militantes del PP y Nuevas Generaciones.

Esa prohibición de acceso a un acto público en una universidad pública causó el malestar de quienes no pudieron entrar para hacer preguntas, y que optaron por protestar a la salida del acto.

Fue ahí cuando se produjeron las tensiones: los acusados denunciaron haber recibido agresiones ellos por parte de la escolta del presidente, pero los que resultaron acusados fueron ellos, en base a un relato policial que aseguraba que persiguieron a Diego, le quisieron impedir la salida y el acceso al coche, que golpearon el vehículo oficial y que incluso trataron de evitar que dejara el campus.

En la otra vista nadie consiguió identificar a ninguno de los acusados como responsables de los autores de los golpes contra el coche oficial que se denunciaban,  y el propio Ignacio Diego,opinó que una de las acusadas no se arrojó con la pancarta sobre el coche, sino que pudo haberse tropezado en la huida, si bien si identificó a dos acusados como presentes en el lugar de los hechos.

En el proceso, cuya instrucción se dilató durante años y en los que hubo momentos que se llegó a pedir , fue clave el vídeo grabado por una becaria del Consejo de Estudiantes, organizador del acto, desde una ventana, en base al cual se desmentía el relato que se había armado.

Finalmente, los acusados han demostrado que tenían razón y las acusaciones han quedado desmentidas.

En el juicio relataron el estado de nervios y ansiedad que han vivido estos años o su miedo a las consecuencias sobre su futuro profesional de un caso que interpretaron como un intento de dar un escarmiento a los movimientos sociales más críticos.

Además, hicieron un alegato a favor de la movilización, de la lucha, del derecho a la libertad de expresión y de manifestación, del espíritu crítico y, sobre todo, de la defensa de la educación pública que había motivado su protesta.

 

 

 

Comentarios

  1. FelicianoPalacios

    ¿No existe mala fe en el fiscal? ¿No debería ser sancionado?


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