La asesoría jurídica de Comisiones Obreras de Cantabria presentó a mediados de mayo la demanda sobre los despidos de 9 trabajadoras de la empresa AON Mobile (del grupo PITMA –ITM–)que se produjeron cuando estas mujeres se estaban organizando en una candidatura sindical de CCOO.

De izquierda a derecha, arriba: Isabel López, Sonia Clabuig, Virginia del Moral, Asun López, Eva Berodia; abajo: Marta Pellón, Marta Fernández, Arancha Varela y Patricia Pinto.

La demanda le ha correspondido al Juzgado Nº1 de lo Social de Santander y en ella, se pide la declaración de la nulidad de los despidos y, además, una indemnización por daños morales para las nueve trabajadoras de 15.000 euros para cada una de ellas.

El escrito de la demanda defiende que existe “perjuicio real (impedimento del ejercicio de funciones representativas) apreciable por la gravedad de la conducta lesiva del derecho fundamental, que podría tener como objetivo final empresarial el de disminuir o incluso hacer desaparecer la presencia de un sindicato o de sus afiliados en los órganos de representación unitaria en el seno de la empresa”.

Las trabajadoras afectadas por el despido en bloque son Isabel López Palau, Marta Fernández González, Virginia del Moral Fernández, Sonia Calabuig Salegui, Marta Pellón Palacio, Mª Asunción López González, Arancha Varela Montila, Patricia Pinto García y Eva Barodia Regaliza.

Todas ellas fueron despedidas el 5 de abril de 2018 con una carta idéntica y por “disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado”. En la demanda se señala que esa supuesta razón es imposible de demostrar y que el “móvil verdadero” es la “participación de las actoras en los trámites relacionados con la preparación de la celebración de elecciones sindicales” y, sobre todo, “su decisión de formar parte de la candidatura del sindicato CCOO de Cantabria, que se ha visto finalmente truncada con el despido”.

El sindicato considera que se han violado derechos fundamentales recogidos en el artículo 28 de la Constitución, en concreto los relacionados con organizarse sindicalmente. De esta vulneración se desprende la solicitud de indemnización personal por daños morales para las despedidas.

PROTESTAS

CCOO ha convocado una concentración para exigir la readmisión de estas trabajadoras el próximo lunes 28 de mayo, a las tres de la tarde, frente a las instalaciones de AON Mobile, en el polígono industrial de Mies de Molladar, en Cartes.

Por su parte, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha convocado este martes 29 de mayo una cacerolada de protesta en los cuatro centros de Contact Center del grupo empresarial Pitma en Cantabria, adscritos a las empresas AON Mobile y Phone and Fun, para denunciar sus prácticas antisindicales y una precariedad laboral asentada en los incumplimientos de su propio convenio colectivo, pese a que éste incluso rebaja las condiciones laborales, sociales y remunerativas del convenio estatal del sector.

Según precisa la federación ugetista, la movilización se realizará de 15 a 16 horas en los tres centros de trabajo de Phone and Fun en Torrelavega, Adarzo y Nueva Montaña y en de AON Mobile, ubicado en el Polígono Mies de Molladar en Cartes.

El sindicato precisa que la protesta responde a una política empresarial que “no respeta el derecho de libertad sindical ni los derechos laborales más elementales de los trabajadores estipulados en el convenio colectivo estatal del sector, además de recurrir frecuentemente a las sanciones y a despidos improcedentes”.

“No es algo nuevo en estas empresas porque venimos denunciándolo desde hace más un año, aunque la situación ha llegado a un límite inaceptable”, puntualiza la responsable regional del sector de Oficinas y Despachos de UGT, Mónica Pérez, que recuerda que “las sanciones o despidos por presentarse a una candidatura en las elecciones sindicales o por, simplemente, informar del convenio colectivo son por desgracia algo habitual”.

Pérez recalcó que la movilización se convoca después de distintas denuncias a las autoridades laborales (ORECLA e Inspección de Trabajo) y tras implantar el Grupo Pitma un convenio colectivo propio de empresa que rebaja las condiciones laborales, sociales y económicas del convenio estatal del sector, lo cual “es ilegal a todas luces porque un convenio de empresa sólo puede igualar o mejorar, nunca empeorar, el del sector que tiene mayor jerarquía legal y establece unos derechos mínimos”

La sindicalista matizó que se invita a secundar la cacerolada de protesta a “los familiares y amigos de los trabajadores para que se manifiesten en su nombre porque entendemos que muchos de ellos ni se plantean participar en la movilización por miedo a represalias, y más, viendo la actitud de estas empresas”.

RETROCESOS EN LIBERTADES SINDICALES

Recientemente Comisiones Obreras advertía en un acto con sindicalistas represaliados del retroceso en materia de libertades y los castigos a trabajadores que participan en candidaturas sindicales pese a que el derecho de representación sindical está reconocido en la Constitución como uno de los derechos fundamentales.

Varios trabajadores han tenido que acudir a los tribunales para defenderse, y estos les han acabado dando razón: por ejemplo, la Justicia acreditó que las empresas La Gallofa y Tinamenor, en su anterior etapa, tomaron represalias contra representantes de los trabajadores por criticar a las respectivas empresas en momento de conflicto laboral.

Así, en Tinamenor el anterior propietario, Gustavo Larrázabal –quien llegó a pedir dinero público para no cerrar la empresa, que sigue abierta ahora con nuevos dueños y denominación– denunció por injurias a miembros del Comité de Empresa en el momento en que la factoría hablaba de despidos, EREs y cierre; y en La Gallofa (adjudicataria del material promocional del Año Lebaniego) llegó a producirse un despido que los tribunales han considerado nulo, que vulneraba la Ley, también a empleadas implicadas en procesos electorales.