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Cacerolada en los call center: “Este tipo de empresas devalúan nuestros trabajos”

29 de mayo de 2018. POR

Este martes el sindicato UGT ha convocado una serie de caceroladas en las puertas de algunas de los diferentes call center propiedad del Grupo PITMA para denunciar la precariedad laboral que sufren sus empleados y reclamando libertad sindical.

Las protestas se han desarrollado en AON Mobile –donde en abril han despedido a nueve trabajadoras por tratar de formar una lista sindical para Comisiones Obreras-, en Cartes y en los centros de Phone and Fun, en Torrelavega, Adarzo y Nueva Montaña.

Protestas en Nueva Montaña contra la precariedad laboral en los call center del grupo Pitma.

En este último se han reunido en torno de una veintena de trabajadores del sector y sindicalistas. Empleadas de otras empresas, como el Call Center de Santa Cruz de Bezana, Teleperformance, han secundado la cacerolada en apoyo de sus compañeros.

“A ellos ni siquiera se les aplica nuestro convenio”, denuncia una de ellas, Araceli, Olmo a EL FARADIO. Se refiere a que las empresas del Grupo Pitma aplica un convenio de empresa en vez del sectorial, que se actualizó el año pasado aunque considera que eso “no ha mejorado las condiciones”.

En el caso de estas empresas son aún peores. “No tienen ningún tipo de derecho”, reclama. “Nuestro convenio recoge 35 horas médicas al año, permisos retribuidos, toda la prevención de riesgos laborales, las pausas visuales, los 23 segundos entre llamada y llamada. Ellos no tienen nada de esos y, sobre todo, lo peor es el trato que reciben por parte de sus superiores”.

El salario, “en el mejor de las casos”, es de 5 euros la hora, pagas incluidas. “Es mi caso, yo soy una privilegiada”, cuenta porque “si caigo mala tengo 35 horas para ir al médico pero a esta gente se lo descuentan de su sueldo”.

Olmo denuncia que el trato a estos empleados no solo limita sus condiciones laborales sino que también afecta a otros trabajadores del sector. “Este tipo de empresas devalúan nuestros trabajos”, asegura ya que “lo que quieren el resto de call center no es intentar mejorar, sino empeorar porque se ven reflejados en este tipo de situaciones cuando debería ser al contrario. Mientras existan estas empresas que se engloban sus bolsillos a costa de los trabajadores, nuestras condiciones no van a mejorar”.

Olmo también destaca que todavía son muchos trabajadores que se ven abocados a recurrir a la justicia para reclamar que se cumpla el convenio. “Tienen que tomar conciencia todas las empresas que contratan estos centros, de telefonía móvil que lo que hacen es abusar de la gente”, insiste.

“SE LES APLICA UN CONVENIO QUE YA ESTÁ DEROGADO”

En la protesta no se apreciaba que acudieran trabajadores de la empresa, que a su paso para acceder el trabajo observaban la cacerolada, desviando rápidamente la mirada.

Llamaba la atención la actitud esquiva por parte de estos empleados, pero tanto Araceli como las dos compañeras que la acompañaBAn aseguran que se trata de miedo. “Algunos nos conocen pero no se atreven a acercarse”, cuentan. “Ten en cuenta que hace pocos días han despedido a nueve mujeres”, cuenta ella, refiriéndose a las nueve de AON. “El miedo es libre y es lícito. Esta gente necesita llegar a final de mes y es tremendo que ganes 800 euros y además tener miedo. No sé a dónde vamos a llegar”, confiesa.

“El problema es que en esta empresa en cuanto un trabajador se moviliza o pida sus derechos se va a la calle”, añade también José Giraldez, que es secretario general de la Federación de Servicios de UGT Cantabria.

Él ha sido una de las voces que más se ha escuchado en la protesta, gritando contra las condiciones precarias y contra la aportación económica al Racing mientras se niegan a actualizar convenio a los trabajadores.

“Reclamamos un convenio mejor y que, al menos, sea el mínimo establecido que coincida con el estatal”, reclama, asegurando que el convenio que están aplicando “lo firmaron tres títeres” y, además, “ya está derogado, venció hace tiempo pero no hay forma de sentarse a negociar otro de empresa ni aplicar el sectorial porque no dejan representar a los trabajadores”.

“Estamos en el siglo XXI y tienen que entrarles en la cabeza que esta empresa tiene un Comité de Empresa y no se puede despedir a cada trabajador que quiera entrar en él”, denuncia, también en apoyo al último caso, las 9 de AON.

“EL GOBIERNO OLVIDA LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CADA VEZ QUE SACAN UN CONCURSO”

En la protesta se encontraba este martes la exsecretaria de UGT Cantabria, María Jesús Cedrún, quien anima a defender a estos empleados porque “su contrato es tan precario y cuesta tan poco despedirlos y reponerlos que ellos solos no van a poder enfrentarse nunca”.

También pone el foco en que la gran empresa que engloba estos centros es una de las grandes favorecidas por el Gobierno de Cantabria, “que podía mirar un poco hacia donde dirigen las subvenciones”.

Cedrún insiste en que la calidad en el empleo puede controlarse para mejorar a través de los contratos públicos que firman con las instituciones y recuerda que los sindicatos “llevamos años peleando para que cualquier subvención no vaya a empresas que no estén al día con la Seguridad Social ni hayan sido sancionadas por despidos improcedentes”.

“El Gobierno había admitido el compromiso de acogerlo en una política de Responsabilidad Social pero que se les olvida cada vez que sacan las cosas a concurso”, lamenta Cedrún.

GSW RETIRA EL RECURSO CONTRA LA SENTENCIA POR VULNERAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE SINDICALISTAS DE USO

Otra empresa que ha sido condenada recientemente por vulnerar los derechos laborales de los trabajadores es Global Steel Wire (GSW), que finalmente ha retirado el recurso de casación que había presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que declaró nulo el despido del sindicalista de USO, Ismael Anievas, y que condenó a la empresa del Grupo Celsa a una indemnización de 9.000 euros por una vulneración grave de los derechos fundamentales.

Así lo ha informado el sindicato USO tras la comunicación de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que supone que la sentencia se hace firme y la empresa ha sido condenada en costas.

Asimismo, el sindicato está a la espera que en los próximos días la Fiscalía de Santander comunique, a su vez, la firmeza de la sentencia que declaró nulo el despido del segundo sindicalista de USO, David Gutiérrez Cipitria.

En este caso, la empresa no ha recurrido la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Santander que también  condenaba a GSW a una indemnización de 9.000 euros por “querer cortar de cuajo la libertad sindical  así como la constitución por él y el Sr Anievas de la sección sindical de USO en GSW y un posible encauzamiento de la conflictividad laboral”.

Ambos sindicalistas fueron despedidos en mayo de 2017 escasas horas después de repartir una hoja informativa en la fábrica  donde criticaban la firma de un acuerdo  entre empresa y los sindicatos UGT y CC.OO, a pesar de haber sido rechazado de manera contundente por los trabajadores por medio de un referéndum.

La Federación de Industria de USO (FI-USO) ve como un “triunfo importante” el final de la lucha en los tribunales, que reclaman que “ha sido muy doloroso y decepcionante” el hecho de “asistir a las diferentes vistas judiciales y observar a los diferentes miembros del comité de empresa de GSW comportarse como testaferros de los intereses de la empresa y servir como coartada para validar los despidos de sindicalistas y por tanto la represión en GSW”.

De hecho, consideran que la firmeza de estas sentencias debería ir acompañada de la dimisión de los miembros del comité de empresa por su “inexplicable actuación que llena uno de los capítulos más bochornoso del sindicalismo en nuestra región”.

FI-USO también señala a la responsable de Recursos Humanos de GSW, Rosa Castrillo, quien fuera exdirectora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria y es inspectora de Trabajo en excedencia, lo que, en opinión del sindicato, “hace aún más incomprensible su actitud contra los derechos fundamentales de los trabajadores”.


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