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La administradora judicial critica la falta de colaboración del presidente de la asociación de constructores y promotores

10 de junio de 2018. POR

La administradora judicial puesta por la Justicia al frente de Construcciones Pinta la falta de colaboración de su propietario, Gervasio Pinta, que es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, en el proceso.

El pasado mes de octubre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega nombró administradora judicial para Construcciones Pinta.

Un administrador judicial es una persona que se hace frente de la gestión de la empresa (y no es lo mismo que un administrador concursal, que gestiona la empresa pero cuando está se encuentra en un proceso de concurso de acreedores, es decir, cuando no puede hacer frente a sus pagos, no es este el caso).

En concreto, según explica la propia administradora, el objetivo de su nombramiento es proceder al embargo que se ha ordenado por la autoridad judicial.

Porque la empresa del presidente de la Asociación de Constructores debe hacer frente, por mandato judicial, a un embargo por un importe de 100.000 euros, en cumplimiento de una sentencia de septiembre de 2016 en la que se le condenó por incumplimiento de contrato.

Y la propia administradora constata la “imposibilidad” para hacerse con la gestión de la empresa, por lo que ha pedido colaboración al resto de socios de la firma (los dos hermanos, una de las cuales de hecho ha presentado querella por delito societario después de que este la expulsase de la estructura de la empresa).

Entre las dudas expresadas por la administradora se encuentran los movimientos bancarios “llamativos” que ha visto, o “de dónde sale el dinero para que se cobren las nóminas”, después de que se le haya negado que exista estructura administrativa a pesar de que la empresa sigue teniendo actividad.

Cuestiones como las inversiones financieras a corto plazo o cómo pudo llevarse a cabo una ampliación de capital por prima de emisión superior a los 13 millones de euros, además del reflejo de remanentes por valor de 10 millones, son otros aspectos que le suscitan dudas.

“Cualquier operación llevada a cabo en Construcciones Pinta debe estar supervisada por mí y tener mi consentimiento para ser realizada, algo que pese a haber sido advertido hace meses a la empresa no se está cumplimiento por el actual administrador, Gervasio Pinta Rioz”, advierte.

El presidente de los constructores suma así varios flancos judiciales. Del incumplimiento del embargo dictado por esta condena judicial en su contra por incumplimiento de contrato han derivado dos nuevos mandatos judiciales.

Ya se le advirtió que de no hacerlo podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Y en el transcurso del proceso, el Juzgado ha deducido testimonio a la Fiscalía (es decir, le ha pedido a la Fiscalía que investigue ella al ver indicios) por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial, y también por alzamiento de bienes (una modalidad que supone que se desvíen fondos de una empresa a otro sitio para evitar pagos).

A estos frentes abiertos en la Fiscalía como consecuencia del incumplimiento de las órdenes de embargo por la sentencia judicial se le añade la querella contra él que ha presentado su hermana (socia de él en la empresa) por delito societario: en ella se relata la presunta creación de nuevas empresas en el grupo de las que el resto de socios (los dos hermanos de Gervasio Pinta) no tienen conocimiento sobre los movimientos y operaciones.

Información mercantil que ha aflorado durante este proceso judicial constata que en 2017 el Grupo Pinta tuvo ingresos por valor de 399.415 euros y un volumen de operaciones declaradas por importe de 401.817 euros, o que la empresa ha llegado a abonar a su propietario 70.229 euros en concepto de gastos de personal durante 2017 y que el presidente cobra nómina de la misma.

Gervasio Pinta, empresario muy ligado a Torrelavega, es desde 2016 el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, tras relevar a Justo Cobo.

Bajo su mandato han sido frecuentes las alusiones a las parálisis en los PGOU municipales, o a la necesidad de un plan de choque para el sector a base de obra pública, además de los mensajes sobre la recuperación económica y las críticas a la morosidad en los pagos por parte de la Administración.


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