El Gobierno de Cantabria ha abierto un nuevo período de información pública para recabar opiniones que sirvan para mejora el seguro obligatorio en la organización de eventos, el que estaba revelándose como uno de los aspectos más puntillosos de la Ley de Espectáculos.

Lo hace tras una tanda de conversaciones con ayuntamientos y de las federaciones deportivas, algunos de los principales destinatarios de la ley, pero, según se desprende de la orden publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, sin haber incluido en ellas a organizaciones sociales o culturales, que son, debido a su menor profesionalización y que a sus fines son otros más allá de los eventos, las que más dificultades están experimentando.

Así lo atestiguan casos como el de Las Gildas, asociaciones vecinales como la de Cueto o Castilla-Hermida o, más recientemente, el Pozona Fest. 

Sus opiniones, por tanto, podrán ser escuchadas a través del Portal web de la Administración, en el proceso de consultas y participación que se abre ahora, en este enlace.

Por su parte, la diputada del PP Isabel Urrutia ha asegurado que este proceso de reuniones se está saldando con más “incertidumbre” sobre la aplicación de la ley en el desarrollo de la organización de eventos.

INFORMACIÓN PÚBLICA

El Gobierno de Cantabria ha abierto el trámite de información pública sobre el proyecto de decreto que regula los requisitos del seguro obligatorio de responsabilidad civil que tienen que suscribir las empresas organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Las Gildas han tenido que redefinir sus eventos a raíz de la Ley de Espectáculos

La presente normativa viene a detallar y clarificar la contratación de las pólizas de seguros vinculando las condiciones mínimas exigibles a los seguros de responsabilidad civil obligatorios, para el desarrollo de cualquier espectáculo público o actividad recreativa al aforo del establecimiento donde se celebren y a la tipología del espectáculo o actividad que desarrollen.

De esta forma, la Consejería de Presidencia y Justicia, impulsora de la normativa, quiere dar una mayor seguridad jurídica en este ámbito, así como ofrecer claridad en la tramitación del seguro de responsabilidad civil obligatorio y en el proceso de la acreditación del cumplimiento de las cuestiones técnicas de seguridad, salubridad e higiene y de accesibilidad que resulten necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes y para evitar molestias al público asistente.

El Gobierno considera a ambos aspectos “prioritarios”, tal y como han sugerido también los ayuntamientos y organizadores en las reuniones técnicas que se han celebrado, por lo que se ha decidido acelerar e impulsar el presente desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos.

De cualquier forma, el Gobierno quiere garantizar con este proceso de información pública el “máximo consenso” en la materia y la participación de todos los agentes implicados para conseguir la norma que “mejor garantice la seguridad en la celebración de espectáculos y el desarrollo de actividades recreativas”.

El contenido del futuro decreto se publica en el Portal de Participación Ciudadana, según la resolución que recoge hoy el Boletín Oficial de Cantabria, y durante 20 días hábiles se podrán presentar alegaciones al documento.

La Ley de Espectáculos recoge en su artículo 15 la obligatoriedad de tener suscrito un contrato de seguro a los titulares de establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmontables o, en su caso, los organizadores de espectáculos y actividades recreativas incluidos en el ámbito de aplicación de la ley, con el fin de cubrir su responsabilidad civil por daños a los concurrentes y otros terceros que puedan ocasionarse.

El borrador de decreto que ahora se somete a información pública detalla las características de las pólizas de seguros para cubrir la responsabilidad civil, tanto para establecimientos o instalaciones portátiles en los que se puede cuantificar su aforo, como para aquellos espectáculos y actividades recreativas celebrados en espacios abiertos con aforos indeterminados, que en el último caso quedaba pendiente de determinar de forma reglamentaria.

Así, se facilita la delimitación de los efectos de un contrato de seguro de responsabilidad civil en los casos en que los espectáculos públicos o actividades recreativas se celebren celebrar en espacios abiertos.

El proyecto del Gobierno también abre la posibilidad de que el seguro incluya una franquicia, con el fin de abaratar su contratación. De esta manera, a partir de la entrada en vigor de este decreto se podrán fijar franquicias hasta un máximo de 10.000 euros.

MÁS “INCERTIDUMBRE”

A la contra, la portavoz de Presidencia y Justicia del grupo parlamentario Popular, Isabel Urrutia, ha denunciado la situación de “incertidumbre” que sigue generando la Ley de Espectáculos de Cantabria con “un desarrollo normativo que aclare sus numerosas lagunas y que está suponiendo un auténtico caos en todos los municipios de Cantabria”.

Isabel Urrutia, diputada del PP

Según ha recordado Urrutia, el pasado mes de junio, el PP puso encima de la mesa una propuesta al Gobierno para buscar soluciones, y nuevamente la coalición PRC-PSOE rechazó las propuestas del Partido Popular, con la excusa de un calendario de reuniones con los municipios que irían acompañadas a su conclusión de un informe en el mes de noviembre. “Rechazaron soluciones a cambio de reuniones”.

Ante el silencio sobre dichas reuniones por parte del Gobierno de Cantabria, la diputada regional ha desvelado que las mismas están generando “más incertidumbre, más dudas, más inseguridades, y la única certeza que el responsable de todo, porque así lo han decidido ellos, será el alcalde”.

Una situación ante la que el Gobierno únicamente sugiere la contratación de un seguro. En vez de encontrar certezas, quienes acuden a las reuniones, ya sean representantes políticos o técnicos municipales “sólo encuentran titubeos, falta de información y un desconocimiento abismal de lo que tienen que aplicar”.

Para Urrutia queda claro que un año y medio después de la aprobación de esta ley “se ha dejado a la deriva a 102 ayuntamientos, a empresarios en el limbo, a locales sin actuaciones y a la vida cultural y artística ahogada”.

Sin ir más lejos, tal y como ha destacado, es algo que se está viendo este mismo verano, ya que por aplicación de esta ley “se han dejado de hacer cosas que se venían haciendo como por ejemplo, algo sencillo como los cohetes, pues que ni cohetes se pueden tirar en los municipios. Por miedo a incumplir la ley. Aunque tampoco nadie dice lo que tienen que cumplir”.

Ante esta situación de inseguridad jurídica el Partido Popular exige al Gobierno de Cantabria “que deje de entretener, de distraer la atención a lo importante, que es un cambio en la ley y un desarrollo normativo que dé seguridad, que genere certidumbres y que ponga fin a las reuniones aprobando soluciones”.