PP, Podemos e IU cuestionan el compromiso de Revilla contra la corrupción

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Partido Popular e Izquierda Unida se han mostrado escépticos ante el anuncio de creación de la Oficina Anticorrupción de Cantabria, de la que el Gobierno anunciaba que se está ultimando el decreto sobre su funcionamiento. IU ha recordado las «idas y venidas» del presidente Miguel Ángel Revilla, con este proyecto (promesa electoral que luego no vio prioritaria negando incluso que en Cantabria hubiera corrupción), y el PP ha aseverado que cuando hay que luchar contra la corrupción. «Revilla nunca está», mientras que Podemos llama la atención sobre el hecho de que la Oficina dependa del propio Ejecutivo al que fiscalizará.

IU: QUE LA OFICINA TENGA MÁS RIGOR QUE REVILLA

El portavoz de Izquierda Unida en Cantabria, Miguel Saro, espera que la Oficina contra la Corrupción que está tramitando el Gobierno autonómico tenga “más rigor” en sus cometidos que “el que ha demostrado con este tema el presidente Miguel Ángel Revilla”.

En un comunicado, Saro ha recordado que la Oficina de Anticorrupción fue una promesa electoral de Revilla “de la que luego se desdijo diciendo que no era prioritaria porque en Cantabria no había corrupción y no se cometían tropelías”.

Y luego ha hecho hincapié en que hizo el anuncio en el pasado Debate sobre la Orientación Política del Gobierno, “cuando en realidad fue un compromiso que le arrancaron los sindicatos meses antes durante la tramitación de los presupuestos”.

Saro ha recriminado a Revilla todas estas “idas y venidas” que “constatan que el presidente no ve como una prioridad la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la buena gestión y la transparencia”.

“¿Qué credibilidad tienen un órgano cuya necesidad ha negado el propio presidente de Cantabria? ¿Se imagina alguien al Gobierno del PP anunciando medidas contra el cambio climático tras negarlo? Pues lo mismo está haciendo Revilla ahora con la Oficina Anticorrupción”, aseveraba.

“En el Gobierno de Cantabria, cuando hay sospechas de corrupción o irregularidades, se cesa al denunciante, se defiende al sospechoso y se intenta pactar con los corruptos”, ha resumido Miguel Saro.

Además, ha cuestionado el “interés” de Revilla por el tema, recordando los datos del Consejo General del Poder Judicial que en 2015 situaban a Cantabria como la quinta comunidad autónoma con más procesados por corrupción (un centenar), la primera en relación a la población que alberga, hasta el punto de que se han tenido que reforzar dos juzgados por la “sobrecarga” de trabajo por estos casos, según refleja la Memoria Judicial de 2017.

Asimismo, ha remarcado que “sin tener la Oficina, Revilla ha tenido varias ocasiones para demostrar su compromiso con la limpieza de las instituciones cántabras”. “Y las ha desaprovechado todas”, ha remachado.

Así, ha citado casos como sus “reticencias” a cesar al exconsejero delegado de SODERCAN Salvador Blanco tras las irregularidades recogidas por el Interventor, la destitución del abogado que instruía el caso Racing, o los intentos de acuerdo con los cargos directivos de SODERCAN o CANTUR implicados en casos de corrupción “clarísimos”.

O el “mantenimiento” en su cargo de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, pese a las “evidencias” de irregularidades en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud, el cese de la directora general que se negó a firmar una “enmarañada” operación relacionada con el Racing, así como el cese del Interventor que recogió irregularidades en SODERCAN.

“Tal vez quiera montar la oficina anticorrupción en su despacho y que los corruptos vayan a hacerse fotos con él”, ironizaba por último el portavoz de Izquierda Unida en Cantabria.

PODEMOS: EL ZORRO A CUIDAR LAS GALLINAS

Y desde Podemos llamaban la atención sobre el hecho de que la oficina anticorrupción dependa del propio Ejecutivo, lo que para ellos supone «poner al zorro a cuidar las gallinas».

Además, recordaban que durante la legislatura los partidos del Gobierno se ha opuesto durante varios años consecutivos a introducir partidas en los presupuestos para este fin.

Para el diputado Alberto Bolado, “esta es otra más de las medidas cosméticas de este Gobierno,  que necesita poder vender gestión de cara a las próximas elecciones cuando en realidad lleva toda una legislatura sin hacer nada de nada”.

Desde la formación morada se defiende una oficina anticorrupción independiente, con presupuesto propio, formada por personas de distintos ámbitos de la sociedad que permitan abordar la lucha contra la corrupción desde una perspectiva multidisciplinar.

Para Podemos, “si este gobierno fuese valiente y su compromiso contra la corrupción fuese real, traería una ley al Parlamento;  sacaría adelante esta iniciativa con consenso y participación de los grupos políticos y la sociedad en su conjunto».

EL PP: REVILLA ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE OCULTAR LA CORRUPCIÓN

El portavoz del Partido Popular, Iñigo Fernández, ha acusado a Revilla de “ser el principal responsable en ocultar la corrupción en su Gobierno”, incidiendo en que  “después de tres años sin mover un papel anuncia la creación de una oficina anticorrupción que no empezará a funcionar hasta la próxima legislatura”.

Por ello, el portavoz del PP concluye que “a la hora de la verdad, cuando hay que luchar contra la corrupción Revilla nunca está. Siempre se esconde, tal y como ha hecho en el juicio contra el ex director de CANTUR, al que ha intentado librar de la cárcel, y posteriormente con el escándalo en el Servició Cántabro de Salud, manteniendo en su puesto a la consejera de Sanidad que además de tratar de tapar las irregularidades detectadas ha cargado contra la funcionaria que las denunció”.

Fernández hacía hincapié en lo que viene sucediendo con el SCS: “estamos hablando de un órgano que va a depender totalmente del Gobierno, que además nombrará a su máximo responsable. ¿Con qué ánimo podrá ir un funcionario o un ciudadano a denunciar nada después de todo lo que hemos visto en esta legislatura?”.

Fernández recuerda que desde el PP nunca se ha apostado por una oficina específica “porque nuestro Estado de Derecho y nuestra tramitación administrativa tiene todos los mecanismos necesarios para el control, más después de las modificaciones legislativas que hizo en esta materia el Partido Popular a nivel nacional durante los gobiernos de Mariano Rajoy”.

Es decir, según explica Iñigo Fernández, “no se trata de crear nuevas estructuras, sino de hacer cumplir la ley que ya existe, y que este Gobierno ha intentado esquivar cada vez que ha amenazado a uno de los suyos”.

En definitiva, el portavoz del PP subraya la hipocresía del Gobierno de Revilla en materia de lucha contra la corrupción, “ni están ni se les espera, y esta legislatura es una buena muestra. Anunciaron que habría esta oficina y esperan a los últimos meses para empezar su tramitación. No la veremos funcionando, en el mejor de los casos, hasta la segunda mitad de 2019”, concluyó.

LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

El Gobierno de Cantabria ha anunciado el inicio de aprobación del  del futuro decreto que creará y regulará la Oficina de buen gobierno y contra la corrupción, para la que se recabarán opiniones ciudadanas dentro del Portal de Transparencia.

La oficina se integrará en la estructura del Gobierno, y atenderá quejas tanto del funcionamiento del Ejecutivo como de empresas públicas, concesionarias de servicios públicos o que reciban subvenciones.

Para recoger todas las denuncias, se habilitará un buzón electrónico de acceso público en que el que empleados públicos y la ciudadanía en general, identificándose en la plataforma y garantizando su anonimato, podrán formular denuncias.

Se contempla además la práctica de diligencias de investigación de los hechos puestos en conocimiento a través del citado buzón, que corresponderá a la propia Oficina procediendo con la investigación y la derivación, en su caso, a los órganos competentes para la depuración de las responsabilidades que pudieren traer consigo y emitiendo informe de sus actuaciones que será remitido al Consejo de Gobierno y el Parlamento.

La Oficina dispondrá de personal y medios materiales, y anualmente, elaborará un informe sobre las denuncias presentadas y las tramitadas, que será presentado en el Parlamento de Cantabria.

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