El precio de la luz alcanzará este miércoles los 75,39 euros por megavatio/hora, una cifra que se ha convertido en el nuevo máximo anual,  y semanas después del anterior récord anual, marcado el pasado 29 de agosto.

La pobreza energética salta a la agenda política (Foto: Green Peace)

Esta cifra se refiere al precio de venta en el mercado mayorista, al que se suman a su vez nuevas cargas y es un pico más alto que el de la ola de frío de enero de 2017 o de una situación similar en 2013.

Todo en un contexto de subida media del 10% en la factura del usuario medio, que hizo del recibo de agosto el cuarto mayor de la historia.

Factores como el descenso en lo oferta eólica o el encarecimiento del gas por el alza del petróleo se encuentran entre las explicaciones de estas fuertes subidas.

Además de la propia situación de oligopolio entre un grupo reducido de grandes compañías eléctricas a las que poco a poco hacen frente nuevos modelos, como las cooperativas de energías renovables, caso de Solabria en Cantabria, que ya factura por sí misma energía limpia gracias al apoyo de sus socios, cooperativas.

El precio de la luz, al igual que en su momento los desahucios, salta al primer plano de la agenda política: la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha mostrado este verano su preocupación por los elevados precios de la electricidad y anunció una investigación sobre el comportamiento del mercado.

Y el próximo 19 de septiembre la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados estos incrementos, al igual que los planes para luchar contra la pobreza energética (las dificultades de las rentas más bajas para afrontar los costes de los suministros) y la situación del bono social, para el que se barajan nuevas medidas, mientras partidos como Ciudadanos han pedido actuar sobre la fiscalidad.

Y los colectivos que luchan contra los desahucios, fundamentalmente la PAH. piden que las reformas legislativas sobre el mercado de la vivienda incluyan también la situación de los suministros energéticos para las familias o personas con riesgo de perder su vivienda.

El bono social se concibió para aminorar los gastos en determinadas situaciones, si bien dejó fuera algunas, como advirtieron en su momento colectivos como Cantabria por lo Público y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que han hecho un especial esfuerzo didáctico sobre este recurso. El caso es que no todos los que pueden usarlo se han animado a pedirlo y queda menos de un mes para que se agote el plazo para hacerlo.