En una semana decisiva en la negociación del calendario escolar, asunto por el que la Junta de Personal Docente tiene convocada una segunda jornada de paro durante las horas lectivas (de 9 a 13 horas) el próximo jueves, 20 de septiembre, a la Consejería de Educación llega un nuevo frente: la protesta de los taxistas por su exclusión del concurso para el transporte escolar.

Los taxistas se concentran en la sede de la Consejería de Educación

Desde las 10 de la mañana de este lunes, un numeroso grupo de taxistas se encuentra concentrado en el interior de la Consejería de Educación (calle Vargas de Santander), en protesta por la exclusión de la Federación Cántabra del Taxi  del concurso de transporte escolar, con la intención, según ha podido saber EL FARADIO, de ser recibidos por el consejero Francisco Fernández Mañanes.

La Junta Directiva de la Federación Cántabra del Taxi, reunida el viernes pasado con carácter de urgencia, decidía presentar denuncia ante la Fiscalía y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por las “múltiples irregularidades” en la contratación de este transporte en los últimos años.

La denuncia tiene su origen en la exclusión del concurso de transporte escolar de la UTE que se iba a constituir, junto con varios taxistas asociados, para optar a 12 rutas de transporte durante el curso escolar.

En concreto, la exclusión de la Federación por parte de la Consejería de Educación se produce “por no cumplir con el requisito de la habilitación empresarial (tarjeta de transporte)”, que para la Federación Cántabra del taxi “es obvio que no va a prestar” al formar parte de la UTE “como simple gestora y coordinadora de la misma”.

Por consiguiente, añadía la Federación en un comunicado, “no se le puede requerir tarjeta de transporte alguna, siendo los taxistas integrantes de la UTE quienes poseen las autorizaciones de transporte de viajeros y, por lo tanto, los que van a prestar el servicio escolar”.

La Federación Cántabra del Taxi viene denunciando desde hace tiempo el trato de “favoritismo” de la Consejería de Educación hacia las empresas de autobuses, denuncias que “se acaban archivando sin ni siquiera ser contestadas pese a las flagrantes irregularidades puestas de manifiesto en ellas”.

Un trato de favor que se extiende, según esta denuncia,  a adjudicaciones “totalmente irregulares”, en las que se falsea el número de alumnos a desplazar para posibilitar que se realicen las rutas con vehículos con mayor capacidad de la necesaria (con el consiguiente incremento económico) o exigiendo requisitos innecesarios (como anclajes para 2 sillas de ruedas cuando no existen alumnos con discapacidad), p incluso modificando los horarios de los centros educativos para permitir que un mismo vehículo pueda realizar varios recorridos.

DENUNCIAN UN «CÁRTEL» DE LOS AUTOBUSES  Y LA «INEXISTENCIA DE COMPETENCIA»

Por otra parte, la Federación ha advertido de que denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia los pactos entre las compañías de autobuses, que tiene como consecuencia una “inexistencia de competencia” a través de un “cártel”, que se  manifiesta en que una única empresa concurre en la mayor parte de los recorridos.

“El sector del taxi ha llegado al límite de aguante y se ha cansado de las promesas de una administración y un Gobierno que, lejos de defender la actividad, ponen todo tipo de trabas e impedimentos para que esta pueda subsistir”, justifican desde la Federación.

Y lamentan que en el ámbito rural “el taxi tiende a desparecer y con él un importante nexo de comunicación para miles de habitantes de núcleos de población dispersos que no pueden recurrir a otros medios de transporte”.

Un “estrangulamiento” del que culpan a la administración, que “no tiene reparos en dilapidar el dinero público concediendo subvenciones millonarias a las grandes empresas de autobuses en líneas que en muchas ocasiones ni siquiera se prestan, mientras no se preocupa lo más mínimo por proteger a los pequeños autónomos del taxi de esta región, que son quienes verdaderamente cohesionan el territorio y realizan una labor que alcanza el ámbito social”.

SEMANA CLAVE EN EL CONFLICTO EDUCATIVO

Por otra parte, la semana se presenta como clave en el conflicto educativo. Los maestros se reúnen este lunes en Asamblea para analizar el anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia aprobado en el último Consejo de Ministros, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende revertir los recortes del PP en el año 2012.

Entre otras cuestiones, plantea eliminar la jornada lectiva mínima, para los docentes, de 25 horas en Infantil y Primaria (y de 20 en Secundaria), así como dar margen a las comunidades autónomas para la regulación.

Los sindicatos docentes se habían aferrado al cambio legal que había anunciado el Gobierno central, e incluso había propuesto, en base a ello, negociar con el Gobierno de Cantabria la jornada ‘reducida’ del próximo mes de junio, del presente calendario escolar contra el que se están movilizando desde finales del curso pasado y al comienzo del actual. De hecho, este jueves 20 está convocado otro paro durante las horas lectivas (de 9 a 13 horas).

Sin embargo, el anteproyecto que ha aprobado el Gobierno central no entrará en vigor hasta, como pronto, el curso 2019-2020, por lo que las reivindicaciones de los docentes en Cantabria siguen sin tener cobertura legal para el presente curso.

Mañana martes, 18 de septiembre, está prevista una reunión entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente, para analizar las vías de diálogo posibles.

La presidenta de FAPA Cantabria y de CEAPA, Leticia Cardenal, ha manifestado en EL FARADIO DE LA MAÑANA el apoyo de las familias al refuerzo de docentes en los meses de junio y septiembre para que los maestros puedan mantener la jornada continua de tres horas y media (frente a las cuatro que tienen el presente curso y que rechazan).

Pero la raíz del conflicto es que con ese horario de tres horas y media en junio y septiembre se estaban incumpliendo las horas lectivas de los alumnos, que en esos periodos no estaban recibiendo las 25 horas semanales que establece la Ley.

«Hay otras comunidades autónomas que aumentan el número de profesores para no perjudicar a la jornada lectiva del alumno. Y si queremos reducir la jornada del docente, perfecto, pero hay que contar que eso lleva un sobrecoste. Pero no hay ningún problema y las familias lo apoyaremos como venimos haciendo muchos años porque al final beneficia a nuestros chicos y chicas en las aulas».

La escalada del conflicto en las aulas había llevado recientemente a algunos claustros de algunos centros a anunciar la suspensión de horas complementarias y extraescolares, como excursiones, salidas o viajes de fin de curso.

A esta postura, han respondido algunas AMPAS advirtiendo que también por su parte asumen las aulas de madrugadores, las extraescolares o algunos servicios de transporte «y eso lo hacemos sin que sea nuestra obligación, por el buen funcionamiento del centro».

«Ahora mismo sí que hay un enfrentamiento» entre familias y docentes, subraya la presidenta de FAPA, que advierte de que el paro del día 20 generará un perjuicio más «importante» que la del primer día del curso, el pasado 7 de septiembre.