Unidos Podemos ha llevado al Congreso de los Diputados el caso del Bahri Jazan, gracias a preguntas formuladas por la diputada de Cantabria, Rosana Alonso y el diputado vizcaíno José David Carracedo.

Tras la última visita del barco al puerto de Santander, en el que se incumplieron más leyes marítimas, incluidas las de seguridad, pues se ocultó el seguimiento del barco que supuestamente atracaba en Génova cuando llegó a la costa cántabra, la formación le reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez varias preguntas al respecto.

El Bahri Jazan con Santander de fondo (Foto: Amnistía Internacional)

Según el documento registrado el pasado 27 de septiembre, Unidos Podemos le interroga al Ejecutivo si ha incoado un expediente sancionador, a través de los órganos competentes, por navegar sin el sistema de señalización conectado.

De haberse incoado este expediente, el partido reclama saber el importe de la multa propuesta y, si no se ha llevado a cabo, exigen saber la explicación de por qué no se ha iniciado este expediente ya que la infracción cometida contra la ordenación del tráfico marítimo es grave. Una dejadez de funciones que Unidos Podemos recuerda que ya llevó a cabo el Gobierno del PP al no expedientar esta ilegalidad.

En el documento, el diputado David Carracedo ha recordado que según el Real Decreto 210/2004 del 6 de febrero, se establece un sistema de seguimiento e información sobre el tráfico marítimo. Según este real decreto, todos los buques en aguas españolas están obligados a llevar activado en todo momento el Sistema de Identificación Automática (SAI).

El incumplimiento de esta obligación, tal y como se ha comprobado que ha sucedido en éste y otros casos, supone una infracción grave contra la ordenación del tráfico marítimo, e incluso se prevé una sanción de 120.000 euros.

EL BAHRI JAZAN CUADRIPLICÓ SU CARGA EN SU ÚLTIMA VISITA OCULTA A SANTANDER

Tal y como informó EL FARADIO, han denunciado las asociaciones Pasaje Seguro, La Guerra Empieza Aquí y Ongi Etorri Errefuxiatuak (el equivalente a Pasaje Seguro en el País Vasco que logró que el puerto vasco rechazara estas operaciones) y el propio Salvamento Marítimo, el Bahri Jazan falseó los datos que inicialmente le colocaban en el Puerto de Génova, mientras verdaderamente se colaba por la puerta de atrás del puerto santanderino.

Según fuentes marítimas, en su última visita el Bahri Jazan ha cargado en esta última visita 40 contenedores de, fundamentalmente, granadas, y además material siderúrgico. Cuatro veces más, y un total de 1.120 toneladas con riesgo cierto de ser trasladadas a Arabia Saudí, embarcada en una cruenta guerra en Yemen.

A ocho millas de la costa, según relata la comisión La Guerra Empieza Aquí, que fiscaliza estos tráficos, el buque desconectó el obligatorio sistema de navegación AIS, al igual que ya hizo la primera vez que trascendió su visita.

Pero ya no hablamos sólo de la opacidad de la naviera: ni el día antes ni el mismo día de la mañana había rastro alguno en la Web del Puerto de Santander de la llegada del Bahri Jazan, en una práctica que no se ha producido en ninguna de las anteriores visitas que han trascendido de estos barcos.

No fue sido hasta la tarde cuando ya se pudo ver el detalle: el Jazan está en el muelle 8 de Raos, que opera Bergé Marítima, con hora prevista de salida a las diez de la noche tras haber surcado la Bahía hacia las dos de la tarde. Es decir, ocho horas, el equivalente a doblar turnos de trabajo, necesario para asumir el notable incremento de la carga en esta ocasión.

UNOS TRÁFICOS CONTRA LA LEY

De nuevo barcos de #ArabiaSaudi cargados de #armas en nuestras costas incumpliendo las leyes y poniendo en peligro a la población. Salvamento Marítimo me confirmó que su SAI estaba apagado. El gobierno del PP se negó a sancionar. Preguntamos: ¿Lo hará este gobierno? Abro Hilo👇 pic.twitter.com/wU0mmE09G1

— JoseDavid Carracedo (@JDCarracedo) 28 de septiembre de 2018

Pese a que el Puerto de Santander insiste en que la venta de armas es legal, lo cierto es que en el caso de Arabia Saudí, participante en la coalición de la guerra de Yemen, no se ajusta a leyes y normas internacionales y españolas.

En concreto, Naciones Unidas tiene un Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y un Tratado contra el Comercio de Armas, la Unión Europea tiene un Código de Conductay la denominada Posición Común , España tiene una la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y la Ley de Puertos puede restringir tráficos considerados ilícitos.

Todas estas normas inciden en que no se permite la venta de armas que puedan ser usadas en conflictos bélicos o humanitarios en los que se ataque a la población civil o se vulneren derechos humanos. Y en Yemen una larga guerra que ya se ha alargado tres años ha costado la vida de más de 11.000 personas yemenís y causado 21.000 heridos, y dos millones de desplazados con bombardeos a objetivos civiles como colegios u hospitales.

Así se lo han venido trasladando al Gobierno central, responsable final de la política exterior, comercial y portuaria, las ONGs de la campaña ‘Armas bajo control’ (Greenpeace, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y Fundipau), a las que primero se anunció una revisión de las ventas de armas para luego recular totalmente. La semana pasada se produjo una reunión del organismo estatal que autoriza estas ventas, pero las actas han sido declaradas materia clasificada y no pueden consultarse.