||por CRISTINA BODEGAS, abogada||

Han pasado casi seis años desde aquel noviembre de 2012 en el que entraron en vigor las “tasas Judiciales”, creadas por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, provocando desde el primer momento la crítica y el rechazo por parte de la abogacía, que junto con jueces, fiscales y otros colectivos se movilizaron al ver como miles de ciudadanos veían privado el acceso a la Justicia por carecer de recursos económicos suficientes.

En aquel momento, recuerdo como la indignación fue creciendo al comprobar que los millones de euros que se ingresaban en las arcas públicas, procedentes de las tasas judiciales, nunca eran utilizados para aumentar la inversión en Justicia como se había prometido, ni para solucionar el problema de la Justicia Gratuita o para mejorar, agilizar y dotar de medios materiales y humanos a nuestro sistema.

Pero que sí servían para conseguir disuadir y limitar los derechos de los ciudadanos que veían imposible poder ejercer uno de los derechos constitucionales más importantes, como es el derecho a la tutela judicial efectiva. No hay que perder de vista que aunque se recaudaron más de 500 millones de euros a través de estas tasas, a día de hoy ni un solo euro ha servido para mejorar el servicio público de la Justicia, desconociéndose a día de hoy a qué se ha destinado ese dinero.

Han pasado tres años desde que en marzo de 2015 fueran definitivamente derogadas las tasas judiciales para las personas físicas, y dos años desde que en julio de 2016 el Tribunal Constitucional las declarase nulas por inconstitucionales respecto a las personas jurídicas. Es evidente que la derogación de las tasas judiciales fue una importante victoria que ganó la presión popular y las continuas movilizaciones de los profesionales, operadores jurídicos y ciudadanos.

Sin embargo, se nos quedó un fleco que parece hemos echado en el olvido, sobre el que ya no se pone el mismo ímpetu pero que sigue causando un importante perjuicio en el acceso a la justicia. A día de hoy todavía existen tasas judiciales para las ONGs y las Pymes que impiden el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades

En su momento, distintos grupos políticos, entre los que se encontraba el PSOE, instaron al anterior Gobierno la eliminación de las tasas judiciales sin obtener ningún resultado. Ahora, a pesar de encontrarse el PSOE en el Ejecutivo, tras más de cien días de mandato, la situación no es distinta.

Parece que finalmente este otoño se debatirá el futuro de estas tasas en el Congreso de los Diputados a raíz de la admisión a trámite el pasado mes de Julio de una proposición de ley del Grupo Mixto para su supresión, aunque visto lo que ha costado llegar a este momento será mejor no adelantar acontecimientos hasta su votación.

No hay que olvidar que muchas de las actuaciones que las entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales llevan a cabo tiene como objetivo fundamental la defensa y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, la protección del medio ambiente, etc. En definitiva, intereses colectivos que nos afectan a todos y que quedarían absolutamente desamparados si las tasas que les obligamos a sufragar para acceder a los Tribunales surten su efecto disuasorio.

Es importantísimo que nuestra Justicia tienda a ser cercana, con medios, despolitizada, libre, gratuita y sobre todo accesible a todos, y aún queda mucho por hacer para lograrlo.