El TSJC investigará al consejero Sota por los sobresueldos en la empresa pública SOGIESE

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha abierto diligencias de investigación contra el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, por la gestión de la empresa pública SOGIESE.

Carrancio (tercero por la izquierda) y Sota, a la derecha, durante la negociación de los presupuestos

Así consta en un auto al que ha tenido acceso EL FARADIO, y que supone el inicio de las investigaciones a raíz de la denuncia presentada por el partido que, fuera del Parlamento, está impulsando el diputado tránsfuga Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, y que, paradójicamente, apoyó los últimos presupuestos de Sota.

La denuncia se presentó el pasado 12 de septiembre y se dirige contra Sota por no haber realizado gestión alguna para recuperar las cantidades pagadas indebidamente entre 2012 y 2015 al personal de esta empresa pública, que depende de la Consejería de Economía. SOGIESE son las siglas de Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo y este asunto es algo de lo que advirtió en junio de 2016 un informe del anterior Interventor, que fue cesado.

Existía también una denuncia ante la Fiscalía, que queda unida a esta. Este paso supone el inicio de la investigación al apreciar indicios de delito, es decir, ahora se tomará declaración a quien corresponda, bien como testigo, bien como investigado, en la figura que antes se denominaba imputado. Cuando la Sala decida finalizar la investigación (lo que se llama instrucción judicial), decidirá si archiva el caso o si pasa a un juicio, que es de donde saldrá si el acusado o acusados son culpables o inocentes.

En la denuncia se recuerda como esa empresa pública, SOGIESE, se creó en 2009 para asumir la gestión de fondos europeos ligados a este área. Durante su existencia el Gobierno de Cantabria ha abonado 1,5 millones en gastos de funcionamiento y sueldos.

El problema vino cuando en la anterior legislatura, con el PP, se aprobó un decreto con recortes y otras medidas, entre las que se incluía la fijación de topes salariales en las empresas públicas.

Y un informe de Intervención, el organismo que desde dentro de la Administración fiscaliza que todo se haga de forma correcta, reveló que en esta empresa pública en concreto se estaban pagando sueldos por encima del tope salarial que había fijado el Gobierno de Cantabria.

De ese informe derivó un informe de actuación de Intervención que pidió la devolución de esas cantidades pagadas indebidamente. Las opciones que le daban era hacerlo o justificarlo desde el Consejo de Gobierno (el conjunto de los miembros del Gobierno de Cantabria), y no se tomó ninguna de las dos medidas. De hecho, lo que hizo el bipartito PSOE-PRC fue aprobar un acuerdo que permitió que los sueldos en SOGIESE superaran aquel tope legal. En paralelo, el Gobierno defendía que al depender esos sueldos de Europea no tenían porque respetar las leyes cántabras (si bien aprobó un acuerdo que lo permitió).

Según Intervención, esas cifras ascienden a 90.000 euros abonadas a cinco empleados, dos de ellos directivos, durante cuatro años, incumpliéndose así tres leyes y sin informes que avalasen las subidas salariales.  También el Tribunal de Cuentas se refirió a este asunto, que provocó un cese en el equipo de Sota (al que luego seguirían más, por otros asuntos). Una nueva paradoja es que el tema, adelantado en su día por EL DIARIO MONTAÑÉS, fue abanderado en un primer momento por Ciudadanos, pero quien lo ha judicializado es un exdiputado naranja,

La denuncia señala que el informe se «guardó en un cajón» y atribuye está decisión a que una de las trabajadoras era familiar del consejero Sota en primer grado (llega a concretar que es su hija). El texto añade que el consejero «siempre ha salido en defensa de los sobresueldos» de la empresa.

Dada la condición de miembro del Gobierno de Cantabria de Sota, es la propia Sala de lo Civil y Penal la que investiga el caso en lugar de otro juzgado menor. La Sala la preside José Luis López del Moral (que es el presidente del TSJC) y la ponente es la magistrada Paz Hidalgo.

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