El Puerto de Santander ha reforzado sus medios de control de las fronteras pese a que los datos oficiales constatan que en el último trimestre sólo cuatro polizones consiguieron acceder a los barcos y llegar a Reino Unido. En lo que vamos de mes, de octubre, pese a la dimensión de la polémica institucional, no hubo ninguno.

Despliegue de presentación del dispositivo

El jefe de la Policía Nacional, el presidente de la Autoridad Portuaria y el Delegado de Gobierno presentaban este lunes públicamente, in situ en la Estación Marítima, los nuevos medios, que son dos vehículos de control de fronteras (al margen de la anunciada ampliación de la valla que separa el Puerto de la ciudad), mientras aludían a una “presión” migratoria y una tendencia “creciente” que provoca “inseguridad”.

Es la Unidad Móvil de Fronteras, que cuenta con financiación de la Unión Europea,

Desde la Policía Nacional, su jefe Héctor Moreno destacaba este operativo como un recurso “muy interesante” que redunda en la coordinación entre ambos puertos y también entre distintos cuerpos de seguridad.

Y advertía de que se está produciendo un problema más que policial, ya que los migrantes “se van estabilizando en Cantabria y Santander ocupando inmuebles e instalaciones en condiciones de inhabitabilidad”.

En la misma línea, el presidente del Puerto, Jaime González, hablaba no sólo de la “ilegalidad” de estos pasos y de la “inseguridad” para las instalaciones y los propios migrantes, sino también de que “la presencia permanente de estos colectivos –a los que ha ido citando por nacionalidades—no beneficia a Santander”, en un mensaje con el que respondía a las dudas expresadas por el Ayuntamiento de la capital sobre el impacto visual de la valla.

Una valla que, según detallaba, se extenderá hasta el final de Antonio López y comenzará a construirse en noviembre. Su construcción durará unos tres meses y sus promotores precisan que no llevará concertinas y esta homologada.

Según publicaba este fin de semana EL DIARIO MONTAÑÉS, la compañía Britanny Ferries tiene que pagar 7.000 euros por cada polizón que se le encuentre. De modo que los 44 acumulados (datos de las autoridades británicas difundidos por la Policía, 40 el primer semestre y cuatro el último trimestre) de todo el año le han supuesto costes por valor de 308.000 euros, y el último trimestre este coste se ha reducido a 28.000.  En octubre no ha sido ninguno.

LAS ONGS PIDEN QUE ESPAÑA SUSPENDA EL TRÁFICO DE ARMAS COMO ALEMANIA

Mientras, la canciller alemana Angela Merkel ha anunciado la suspensión de la venta de armamento por parte de su país a Arabia Saudí, según cuentan distintos medios este domingo y lunes.

José Antonio Reina, de ProEmAid, bombero andlauz; y los cántabros Nico Calzada y Carlos Zabala, de Open Arms

Es una suspensión temporal y condicionada a que se esclarezca lo sucedido con el asesinato del periodista Yamal Khasshoggi en el consulado saudí en Estambul.

El anuncio de Merkel fue en un mitin de su partido, la CDU, pero el ministro alemán de Exteriores, socialdemócrata, también ha reclamado el fin de estas actividades comerciales.

Además, Reino Unido, Francia y Alemania han emitido un comunicado conjunto en el que critican el asesinato de este periodista y piden explicaciones y aclaraciones urgentes a Arabia Saudí.

Estos movimientos se producen días previos a una comparecencia del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, sobre la venta de armas.

La habían pedido desde Unidos Podemos y ERC, y la apoyaron el resto de grupos parlamentarios, PSOE incluido.

Tras conocerse la decisión de Alemania, organizaciones como Amnistía Internacional han pedido a Sánchez que haga lo mismo, a través de una campaña en la que recalcan que “nos sobran los motivos”, además del propio caso Khasshoggi. La venta de armas ha situado en el mapa a Santander, escenario recurrente de las visitas de la compañía saudí Bahri para cargar armas y explosivos.

El Bahri Hofuf entrando al Puerto de Santander (Foto: Carlos Atienza, septiembre 2018)

Desde la sociedad civil, el rescatador cántabro Carlos Zabala, profesional de Salvamento Marítimo que colabora como voluntario con la ONG Open Arms rescatando personas en el Mediterráneo, mostraba este fin de semana su rechazo a estos tráficos, además de calificar de “pantomima” las declaraciones justificativos de ministros del Gobierno español sobre que lo que vende nuestro país son armas de “inteligentes” de alta precisión que no apuntan contra civiles. Lo hacía en una mesa redonda incluida dentro de los actos de la Semana Cántabra contra la Pobreza y la carrera popular Santander Corre por Siria.

La compañía Bahri recala con frecuencia en el Puerto de Santander. En su última visita, el Hofuf cuadriplicó su carga de armas respeto al anterior, embarcando 40 contenedores con Granadas, un total de 1.120 toneladas. Tras su estancia en Santander, acabó recalando en Italia para finalizar su travesía precisamente en Arabia Saudí, país inmerso en la guerra de Yemen. Esta última visita fue además muy opaca, y ha llegado al Congreso de los Diputados a través de una pregunta parlamentaria de Unidos Podemos.

En cualquier caso, pese a la tesis que defiende el Puerto de Santander, se trata de tráficos que  van contra normas nacionales e internacionales, ya que Naciones Unidas tiene un Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y un Tratado contra el Comercio de Armas, la Unión Europea tiene un Código de Conducta y la denominada Posición Común , España tiene una la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y la Ley de Puertos puede restringir tráficos considerados ilícitos.

Todas estas normas inciden en que no se permite la venta de armas que puedan ser usadas en conflictos bélicos o humanitarios en los que se ataque a la población civil o se vulneren derechos humanos.

Y en Yemen una larga guerra que ya se ha alargado tres años ha costado la vida de más de 11.000 personas yemenís y causado 21.000 heridos, y dos millones de desplazados con bombardeos a objetivos civiles como colegios u hospitales.

MARCHA-C0NCENTRACIÓN FRENTE A LA FÁBRICA DE ARMAMENTO EN BURGOS

Además, la semana que viene hay convocada una marcha a Burgos, a la planta en la que se fabrican las bombas que luego acaban en Arabia Saudí.

En concreto, es la fábrica de Expal (Grupo Maxam) en Quintanilla de Sobresierra (Burgos), según informa la comisión La Guerra Empieza Aquí que se montó en Bilbao para denunciar estos tráficos, impulsada desde Ongi Etorri Errefuxiatua (el equivalente a Pasaje Seguro).

La marcha será el sábado 3 y pretende ser una movilización que aumente la concienciación y haga al Gobierno central cambiar su política comercial.

La jornada comenzará a las 10.00 horas frente la sede de la subdelegación del Gobierno en Burgos. A las 10.15 se saldrá en bicicleta hasta Quintanilla de Sobresierra, en un trayecto que se extenderá durante 30 kilómetros.

Se espera que todo el mundo, tanto los que hayan ido en bici como en coches, se reuna a las 13.15 en Quintanilla de Sobresierra. A las 13.30 horas habrá una concentración silenciosa junto a la verja de acceso al terreno de la fabrica.

Finalmente, a las 14.00 horas habrá un acto público en el pueblo, con intervenciones de los colectivos participantes y vecinos de la zona, intercaladas con actuaciones musicales. A las 15.00 habrá una comida popular con habitantes de la comarca, llevando cada asistente algo para compartir. A las 16.30 horas será el fin de la marcha y el regreso, en bicicleta o coche.

INVIERNO EN EUROPA

La Filmoteca de Cantabria acoge este martes el estreno de ‘Invierno en Europa’, de Polo Menárguez,  de la productora cántabra MontreuxF ilms, reciente Premio Fimucinema a la mejor partitura original y largometraje documental

El documental retrata la vida en barracones en Belgrado, Serbia, de cientos de refugiados afganaos, en pleno invierno, mientras esperan a poder cruzar la frontera con Hungría, donde les espera el riesgo de ser torturados por soldados y grupos paramilitares húngaros.