José Ramón Blanco dimitió al trascender las denuncias pero no ha entregado el acta de diputado y sí, en cambio, una baja médica para justificar sus ausencias en el Parlamento.

El juzgado de instrucción número uno de Santander ha ordenado el sobreseimiento de una denuncia por amenazas presentada por una trabajadora del Grupo Parlamentario de Podemos contra el diputado José Ramón Blanco al entender que los hechos no son constitutivos de delito.

Según ha podido saber EL FARADIO por distintas fuentes la denuncia fue presentada el pasado 24 de octubre por la misma empleada que había llevado el pasado mes de agosto a Blanco ante el departamento de Recursos Humanos de Podemos, pero no por amenazas sino por supuesto acoso y violencia verbal.

El Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos unificó esta denuncia a otras dos posteriores, presentadas también ante los órganos estatales del partido por la diputada Verónica Ordóñez, por acoso y violencia en el trabajo y de la secretaria general de Santander, Lydia Alegría, también por acoso y violencia verbal.

La investigación interna del partido concluyó que además de Blanco fueron responsables de un ambiente laboral “tóxico y con riesgo psicosocial” la secretaria general, Rosana Alonso, el secretario de organización, David González, y la secretaria de feminismos, Belén Milán.

El asunto terminó afectando a las primarias de Podemos en Cantabria para elegir candidatos a las próximas elecciones autonómicas. El Comité Electoral anuló las candidaturas de Alonso, González y Milán por un supuesto incumplimiento de los requisitos al estar señalados por el citado informe.

Pero una jueza de Santander ha paralizado las primarias de forma cautelar al entender que pueden haberse conculcado derechos fundamentales de los afectados, en respuesta a una demanda que aportaba como pruebas, entre otras, dos votos particulares del Comité de Garantías de Podemos, uno de los cuales refería prácticas “estalinistas”.

Además de esta demanda, pendiente de formalizarse en los próximos días, se han presentado contra el partido otras dos acciones: una demanda por revelación de secretos (al filtrarse a la prensa varias veces el contenido de un documento interno supuestamente confidencial a petición de las denunciantes y los testigos) y una querella por injurias y calumnias.

TEMOR A «REPRESALIAS» O AMENAZAS EN EL INFORME INTERNO DE PODEMOS

El informe del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Podemos admitió la indefensión alegada por el denunciado, José Ramón Blanco, que no conoció los hechos de los que se le acusaban ni tuvo acceso a las declaraciones ni las pruebas aportadas, pero el órgano laboral justificó el procedimiento a “petición expresa tanto de denunciantes como de testigos” pues “temían posibles represalias”.

En el apartado de ‘hechos acreditados’ del informe, en relación a cada una de las tres denuncias, no se refieren amenazas; sí hay insultos y un enfrentamiento manifiesto y constante, desde el inicio de la legislatura, entre varios cargos que han tenido o tienen responsabilidades en el partido.

Pero en el primer punto de las conclusiones del documento interno se refiere la “confesión” de Blanco “a un testigo” de que “iba a matar” a  su compañera de bancada, Verónica Ordóñez, y a la misma trabajadora de prensa del Grupo Parlamentario.

Según ese testigo que nombra el informe, el diputado habría detallado que lo haría “contratando a dos rumanos” y que “el camino de su casa al Parlamento es muy largo y podrían sufrir un accidente”.

Sin embargo, juristas expertos consultados explican, respecto al delito de amenazas, que “se mide por la verosimilitud de ejecutar el mal que se presenta y su naturaleza grave”.

Además, apuntan que la reforma del código penal del año 2015 eliminó las faltas e introdujo los delitos leves. Los delitos menores, que antes acababan en juicios de faltas (por injurias, calumnias o amenazas) salieron del ámbito judicial.