COCEMFE Cantabria ha reivindicado este miércoles que se garantice la accesibilidad de todos los edificios de viviendas para que se ponga fin a la situación de discriminación que atraviesan algunas personas con discapacidad que, sin haber cometido delito alguno, no pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad.

Concentración de COCEMFE

“Mi casa no es mi cárcel” es el lema con el que la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y sus entidades, entre ellas COCEMFE Cantabria, han dado a conocer la campaña ‘#Arrestópolis’, en referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad obliga a las personas con discapacidad a permanecer encerradas en sus propias casas en contra de su voluntad.

En este sentido, se han celebrado concentraciones en 37 ciudades españolas para reclamar que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal y eliminar así la actual limitación económica de 12 mensualidades de gastos de la comunidad para que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad.

“Consideramos fundamental modificar la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar la actual limitación económica de 12 mensualidades y que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad de la misma forma que las comunidades vecinales afrontan otras reformas” ha destacado Mar Arruti, presidenta de COCEMFE Cantabria, en su intervención en Santander.

Además, se han reivindicado ayudas específicas a todas las comunidades vecinales que deban afrontar este tipo de actuaciones, ya que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido subvención para llevarlas a cabo.

Recordando que el pasado 4 de diciembre finalizó el plazo legal para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran plenamente accesibles, COCEMFE Cantabria ha pedido que las diferentes administraciones, en el ámbito de sus competencias, den una respuesta satisfactoria a esta problemática y agilicen todos los trámites legales y administrativos necesarios para que los edificios sean accesibles y que la población en general respete los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica y colabore en su ejercicio efectivo.

“No podemos hacer depender la accesibilidad universal de los recursos económicos que tiene la ciudadanía”, ha destacado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, en la concentración celebrada en Madrid, donde ha hecho hincapié en que “un edificio accesible es un edificio para todas las personas y realizar las obras necesarias para garantizar la accesibilidad es una inversión justa, y necesaria, puesto que, al fin y al cabo, nadie sabe si en algún momento de su vida va a necesitar estas adaptaciones”.

En este sentido, el movimiento asociativo de las personas con discapacidad ha pedido a los poderes del Estado que trabajen en pro de las personas con discapacidad y lleven a cabo las acciones necesarias para que ninguna persona se vea en la tesitura de que no puede entrar ni salir de su casa, ya que, para vivir con autonomía y plena participación social es imprescindible la libertad de movimientos.

Además, entre las propuestas realizadas, figura que se prioricen las reformas integrales y la instalación de ascensores o rampas siempre que sea posible, en vez de optar por aquellas actuaciones que facilitan la movilidad pero requieren más mantenimiento o la intervención de terceras personas como pueden ser un elevador o un salvaescaleras.

Por último, el objetivo final de la campaña es la colaboración de todos los actores implicados para encontrar en cada caso la mejor solución de accesibilidad, ya que estas medidas son fundamentales para conseguir edificios para todas las personas, garantizar los derechos de las personas con discapacidad y avanzar hacia la autonomía personal para alcanzar una vida independiente.

COCEMFE Cantabria es una es una entidad no lucrativa constituida en 1990, que aglutina 20 entidades, para trabajar por la mejora de las condiciones de vida de las personas desde la autonomía, impulsando la visibilidad de sus capacidades y valores. Forma parte de COCEMFE y de CERMI-Cantabria, del que actualmente ostenta la Presidencia. Está declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior y de carácter social por la Agencia Tributaria.