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El puerto reveló datos protegidos de un aspirante

28 de noviembre de 2018. POR

La Autoridad Portuaria de Santander incumplió la protección de datos al revelar la discapacidad de un candidato al puesto de responsable de Oficina de la Secretaría General, el que inició la serie de polémicas que abarca la institución en materia de contrataciones.

Así consta en un escrito que ha presentado uno de los cuatro candidatos que han recurrido el proceso de selección. Una selección que continúa adelante ya que, según la página web del Puerto, se han publicado este miércoles los resultados definitivos del concurso-oposición.

El abogado ha denunciado ante la Autoridad Portuaria, y ha anunciado que también lo hará ante la Agencia Española de Protección de Datos, que ha remitido a otros candidatos circunstancias especiales que afectan a su privacidad.

La revelación de datos se produjo en la remisión de un expediente que no ocultó esta información, como sí lo hizo con otra de otros candidatos. FOTO: Puerto de Santander.

Esto sucedió el pasado día 16 de noviembre, cuando se remitió, con una demora de 21 días desde su solicitud, el expediente administrativo de la selección de la plaza. En el expediente, el letrado pudo comprobar “con desagradable sorpresa” que, “si bien habían sido diligentemente ocultados los datos personales de las titulaciones y otros documentos solicitados o aportados por el resto de los candidatos”, en su caso mostraba “sin pudor” el titular y grado de discapacidad así como la baremación médica del EVI de los puntos de movilidad de reducida que ostenta.

Esta información está disponible para todos los candidatos que hayan solicitado una copia de dicho expediente. Lo que, para él, supone “una merma directa contra los derechos a la intimidad, el honor y privacidad” y falta a la protección y garantía elementales en la protección de datos personales.

El abogado cita la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que establece que “solo podrán ser cedidos por razones de interés general, cuando una ley así lo disponga o el afectado así lo consienta expresamente”.

Entre los datos especialmente protegidos que considera la ley se refieren a “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”. Y se especifica que son datos sensibles el porcentaje de discapacidad de una persona y su información genética.

Tras conocer estos hechos, el letrado asegura que ya es imposible “rectificar o atemperar ya el perjuicio y los daños causados o que pudieran causarle”.

FUENTES PILA ASEGURA QUE PEDIRÁ EXPLICACIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PUERTO

El secretario general del PRC en Santander y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, José María Fuentes Pila, ha asegurado que parece “muy preocupante” que “este rosario de despropósitos esté ya en una especie de deriva normalizada”.

Por ello, confía en que en el próximo Consejo se den las explicaciones oportunas “y se establezcan los mecanismos de control para que la capacitación esté proporcionada al marco de la prueba y, como consecuencia, al perfil del candidato”.

De no producirse estas explicaciones, Fuentes Pila ha asegurado que él mismo las pedirá ante la “arbitrariedad, que parece ser manifiesta en algunos casos” y que “deja en muy mal lugar a una institución como la Autoridad Portuaria”.

LA DERIVA DE LAS CONTRATACIONES EN EL PUERTO

En las últimas semanas la Autoridad Portuaria está llevando a cabo una serie de convocatorias para cubrir plazas que están resultando polémicas por los requisitos y procesos de selección que se están llevando a cabo.

La primera fue la que involucró a cuatro de los cinco abogados que suspendiron las pruebas psicoténicas realizadas en la convocatoria para la contratación de una plaza de ámbito jurídico y cuyas plantillas coincidían con otras llevadas a cabo anteriormente para otros puestos de trabajo totalmente diferentes, como Ingenieros de Caminos o para un puesto de Jefe Económico-Financiero, sin estar debidamente especializadas y cuyas plantillas estaban a la venta en Wallapop.

Además, los letrados han solicitado la titulación de los miembros del tribunal calificador ante la denuncia del sindicato USO de que en cada proceso de selección éste lo componen las mismas personas, cuando la ley requiere que los responsables de la selección sean especializados en cada materia.

Además, la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) ha advertido de que se ha llevado a cabo una convocatoria para una plaza de responsable de Comunicación que pide perfiles de Licenciatura o Grado en Historia, en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural, o Gestión Cultural, pero no contempla el graduado en Periodismo o Comunicación Audiovisual. La APC ha asegurado que intentará paralizar el proceso.

Y por las mismas fechas, la Autoridad Portuaria de Santander tuvo que corregir la convocatoria de una plaza de Responsable de Operaciones y Servicios Portuarios en la que sólo se exigía como condición tener el permiso de conducir, pero ninguna titulación académica.

El caso más reciente ha sido que se haya convocado una plaza de responsable de Sistema de Información y Comunicaciones que excluía a Ingenieros Técnicos de Telecomunicación que, dadas las funciones del puesto, cumplen igualmente las características que se requiere en la convocatoria de BOC. Esto ha provocado el recurso administrativo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Comunicación (COITT), a través de su decano Mario Cortés Carballo.


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