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La Justicia investigará los contratos del SCS tras ver la Fiscalía indicios de delito

28 de noviembre de 2018. POR

Los juzgados de instrucción investigarán los contratos del Servicio Cántabro de Salud y sus posibles irregularidades después de que la Fiscalía remitiera su investigación tras apreciar de delitos.

Así consta en un escrito que pide que se investigue la “averiguación de los hechos y presuntos responsables» y que ha sido notificado a Izquierda Unida, que fue el primer partido que denunció ante este órgano las presuntas irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, al que luego se sumó el PP.

IU, PP Y PODEMOS PIDEN EL CESE DE REAL

Centro de Salud Servicio Cántabro de Salud (Foto: Carlos Atienza)

Inmediatamente, Izquierda Unida ha exigido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que cese a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, como responsable de “conducir a la sanidad cántabra al desprestigio de una investigación judicial”.

Su candidato al Parlamento de Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha hablado tras la notificación de la Fiscalía, sobre un hecho que consideran que “convierte a Revilla en consentidor de la gestión de sus socios del PSOE en el Gobierno”.

“El todavía presidente de Cantabria tiene una gran ocasión de dignificar las instituciones y lanzar el mensaje alto y claro de que en el Gobierno no hay sospechosos”, ha aseverado, lamentando también “el respaldo del PSOE de Pablo Zuloaga a una gestión que no hubieran dudado en criticar si afectara al Partido Popular”.

En un comunicado, el candidato ha remarcado que acudieron a la Fiscalía “por una cuestión de responsabilidad en la gestión pública”, más aún, ha aseverado, “en un asunto de tanta importancia como es la sanidad pública”.

A la espera de conocer más detalles sobre la investigación judicial, desde IU han recordado que en su denuncia original las supuestas irregularidades podrían implicar por su gravedad la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados todos ellos en el Código Penal, los artículos 404, 428 y 432.

Ruiz Salmón ha incidido que “de lo que se habla es de presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la sanidad cántabra, algunas de las cuales, a una red de empresas relacionadas entre sí y vinculadas a políticos socialistas”. Y ha preguntado al presidente cántabro si su actitud de “mirar hacia otro lado” se debe “a que consejeros del PRC también han adjudicado contratos menores a esas mismas empresas”, como en su día indicó la formación de izquierdas señalando a áreas como Obras Públicas o Turismo.

El candidato de Izquierda Unida ha afirmado que “la sanidad cántabra necesita hablar de inversiones, de recuperarse de los recortes, de mejorar los servicios, de reducir las listas de espera y de potenciar la investigación”, pero la gestión de PRC, PSOE y PP “está llevando a las sospechas sobre sus adjudicaciones, tanto con el propio Valdecilla a Ferrovial” como ahora con estas contrataciones “y las continuas externalizaciones de servicios”. Además, ha pedido al Ejecutivo que no “enturbie” el “reconocido trabajo de los profesionales de la sanidad pública cántabra”.

BURUAGA: «QUE MARÍA LUISA REAL SIGA UN MINUTO AL FRENTE DE NUESTRA SANIDAD ES INDECENTE»

Horas después, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, se ha unido a la exigencia de cese inmediato a la consejera de Sanidad porque “ya no le queda ninguna excusa” tras la resolución de la Fiscalía.

“Es el presidente el que tiene que demostrar quién manda en Cantabria, el que tiene que obligarla a marcharse, porque que María Luisa Luisa Real siga un minuto al frente de nuestra sanidad es indecente y no tiene un pase”, ha dicho la presidenta del PP, quien ha afirmado que de la consejera no espera que dimita porque está “atornillada a su sillón” a pesar de que “nadie ha hecho al SCS tanto daño como ella”.

Buruaga ha dicho que la resolución de la Fiscalía, notificada esta mañana al Partido Popular, es un “nuevo revés” para el Gobierno y la honestidad del Gobierno y un nuevo episodio de un escándalo que “no se diluye y que no para de crecer”.

“Cada hecho, cada informe, cada resolución es una prueba más de que estamos ante una trama de contratación ilegal conocida, consentida y amparada por la consejera de Sanidad y por el Gobierno de Revilla, que ha dado cobertura a la consejera, convirtiéndose en cómplice y encubridor”, ha afirmado.

Buruaga ha recordado que de lo que se está hablando no es de una “gestión chapucera e indecente” en materia de contratación sino de irregularidades e ilegalidades acreditadas por la denuncia de una funcionaria; por dos informes de la propia administración y por dos dimisiones de dos altos cargos que, “en ningún caso, solventan y agotan las responsabilidades políticas que hay que depurar”.

PODEMOS PIDE QUE SE ACTIVA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL SCS

A las peticiones de cese se ha unido Podemos Cantabria. Su secretaria autonómica, Rosana Alonso, ha recordado que Miguel Ángel Revilla aseguró en sede parlamentaria que actuaría si se demostraban indicios de delito, algo que ha ya ha sucedido.

Igualmente, la formación morada ha demandado la activación de la comisión de investigación que se aprobó el pasado mes de septiembre para depurar responsabilidades ante el escándalo en el que está inmerso la sanidad cántabra.

“Se tienen que investigar en profundidad que ha estado sucediendo en el SCS desde el año 2012 porque nos encontramos ante un sistema de contratación irregular normalizado del Partido Popular y del PSOE”, ha manifestado la secretaria general de Podemos, Rosana Alonso.

REAL ASEGURA QUE LAS RESPONSABILIDADES YA SE TOMARON

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, quien aseguraba que no ha recibido aún esta notificación, ha asegurado que, en todo caso, las responsabilidades que se derivaran del proceso ya se tomaron cuando se produjeron las dimisiones del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.

En su momento, Real atribuyó esas dimisiones  al “momento personal muy duro” que estaban pasando ambos a raíz de unas acusaciones que estaban haciendo la situación “insostenible”, si bien tanto ella como ellos descartaron la posibilidad de ilegalidades en su gestión.

Finalmente, el portavoz de UPYD en Cantabria, Álvaro Martín, también pedía el cese «inmediato y fulminante» de Real como máxima responsable de Sanidad, ya que «si era consciente de las ilegalidades habrá sido cómplice y si era ignorante de las mismas lleva años siendo una incompetente». 


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