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La Unión Profesional preguntará al Puerto de Santander por sus procesos de selección

4 de diciembre de 2018. POR

La Unión Profesional, organización que agrupa a 26 colegios y representa a más de 20.000 profesionales, preguntará al Puerto de Santander por sus procesos de selección de plazas ante las reiteradas denuncias sobre irregularidades que vienen aflorando en distintas convocatorias.

Ezequiel San Emeterio, presidente de la Unión Profesinal

Así lo ha anunciado Ezequiel San Emeterio, presidente de este colectivo, en la tertulia de EL FARADIO DE LA MAÑANA de ARCO FM (103.2), quien ha señalado que quieren una reunión con el presidente, Jaime González, o la directora en busca de “explicaciones” a la vista de que son ya “varios casos”.

Casos como el de la plaza de Jurídico (cuyo psicotécnico estaba a la venta en Wallapop y era para otro perfil profesional, el de ingenieros industriales), o el de responsable de Comunicación (en el que se excluía a periodistas, lo que ha provocado la queja de la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España).

Entre esas plazas está la de un responsable de Sistema de Información y Comunicaciones. Este proceso ha provocado el recurso administrativo del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Comunicación (COITT) de Madrid, por excluirse del mismo a los ingenieros pese a que es un perfil que encaja con el puesto.

Puerto de Santander

Y no es la única queja que ha provocado esta plaza concreta: Ezequiel San Emeterio, que es también decano del Colegio de Ingeniero de Caminos, revelaba que esta organización está estudiando recurrir esa convocatoria, de la que también quedaban excluidos estos profesionales. De modo que, como apuntaba también en la tertulia María Luisa Peón, del Partido Popular, con esta plaza se ha hecho “pleno al quince”.

“Se están dejando profesionales en el camino y no entendemos el motivo”, señalaba el representante de los colegios profesionales, que cree que todas estas cuestiones “no parece que tengan ningún sentido de forma objetiva”, por lo que considera “razonable” preguntar por ello a los responsables del Puerto de Santander.

Las quejas y petición de explicaciones sobre lo que sucede con estas plazas se acumulan: desde los recursos a las plazas de Jurídico o Sistemas de Comunicaciones o el aviso de USO de que los tribunales siempre los forman las mismas personas cuando deberían adaptarse a las plazas, pasando por la queja pública de la FAPE, la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por revelación de datos sensibles de un aspirante o la pregunta de IU ante el Congreso de los Diputados.

Desde el Partido Popular, María Luisa Peón hacía hincapié en que “si todas las plazas tienen peros, la sensación que queda es que son a medida de alguien en concreto y eso genera desconfianza, una sensación de cortijo de que determinadas personas quieren facilitar la vida a otras”, lo que hace que se pueda generar “desconfianza en las instituciones”.

Peón apelaba a ser “cuidadosos” con estos procesos “siempre”, pero “especialmente” cuando el mercado laboral tiene problemas y “la gente está dejándose la piel” para conseguir un puesto de trabajo o sacarse una oposición.

Mientras, desde el PSOE, la diputada Silvia Abascal defendía que “los procedimientos tienen que ser transparentes” y en este caso los distintos procesos parecen “llenos de perlas que no tienen ningún sentido”. “No pinta bien”, apostillaba, incidiendo en que “en una empresa privada el dueño puede hacer lo que quiera, pero esto es un organismo público”.

EL PRESIDENTE DEL PUERTO NO PARALIZA LAS OPOSICIÓN Y ENCARGA INFORMES A LA ABOGACÍA DEL ESTADO

En medio de toda esta polémica por fin ha hablado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González. González ha asegurado que no paralizarán las oposiciones de diferentes plazas y que ha pedido informes a la Abogacía del Estado para aclarar “sobre cada una de las circunstancias que se están dando sobre una dudosa tramitación”. “Queremos que sea la Abogacía del Estado quien diga si lo hemos hecho bien o mal, pero tiene que ser alguien que tenga un criterio válido para todo y haga de arbitro”, ha añadido, porque, insiste, “tenemos confianza en que lo estamos haciendo bien”.

De hecho, González se ha encargado de cargar contra “razones interesadas” que, según él, buscan “hacerlo llegar a la opinión pública de una manera bastante distorsionada respecto a la realidad”. Se refiere a la denuncia de la FAPE y la APC sobre plazas de comunicación que no requieren periodistas porque asegura que, lo que buscan, es cubrir dos plazas diferentes que se jubilan en una sola plaza.

Además, sobre el hecho de que el examen de una oposición esté en Wallapop, se ha limitado a decir que la Autoridad Portuaria contrató a “una empresa” para que le asesorase en las pruebas y “de que lo tuviese en Wallapop o no, ni somos responsables ni lo sabíamos”.

LOS PERIODISTAS Y LOS ABOGADOS NO SE QUEDAN CONFORMES

Sin embargo, tras estas declaraciones, ni los periodistas ni los abogados se han quedado conformes y continuarán con sus reivindicaciones.

La Asociación de la Prensa ha insistido en que en las funciones específicas que se requiere en la convocatoria de Comunicación están todas relacionadas con la titulación de Periodismo o Audiovisuales, pese a que no se pide su especialización.

En cuanto a los abogados reclamantes, han reclamado que no se trata de la “confianza” que ha esgrimido González, sino de “seguridad jurídica”, que, si se tuviera, “no necesita recurrir a terceros (Abogacía del Estado) para que le digan el recorrido jurídico de lo que han hecho”. De hecho, creen que esa consulta a terceros “puede suponer un traslado de la responsabilidad de los hechos”. Por ello, creen que lo que la dirección del Puerto “propone es hacer una cosa y lo contrario a la vez”, “con acusaciones gratuitas y sin fundamento”.

PODEMOS LLEVA AL PARLAMENTO LAS IRREGULARIDADES

Dentro del ámbito político, Podemos Cantabria ha registrado una Proposición No de Ley para que el Ejecutivo interceda ante la Autoridad Portuaria para aclarar las numerosas irregularidades detectadas en las ofertas de empleo publicadas por la entidad portuaria.

En lo que se refiere a la corrección de los exámenes y al método utilizado, Podemos recuerda que “ha sido un auténtico misterio, pues los criterios de corrección no han sido públicos y objetivos con anterioridad a la realización de la prueba, como tampoco lo han sido la composición del tribunal calificador, silenciando quizás convenientemente las posibles relaciones entre aspirantes y examinadores”, censura el diputado Alberto Bolado.

Ante estas circunstancias, desde Podemos se ha solicitado al Gobierno de Cantabria que interceda en el ámbito de su competencia en la Autoridad Portuaria y se inste al Gobierno nacional para que se elimine, como requisito imprescindible de las bases de la convocatoria el permiso de conducción B por ser discriminatorio , atendiendo a la no necesidad del mismo para la realización de las tareas de los puestos ofertados.

Además, se pide que se establezcan métodos de corrección para las pruebas objetivas y que hayan sido publicados anteriormente en las bases de la convocatoria, así como que se repitan las pruebas psicotécnicas técnicas .

Igualmente, se demanda la introducción como titulación exigible para la plaza de Responsable de Sistemas de Información y Comunicación, la ingeniería de Telecomunicaciones, mientras que en el caso de la plaza de responsable de Comunicación e Imagen, limitada actualmente a un licenciado en Historia, se exige que se añada como titulación exigible de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual.

UNA PETICIÓN EN CHANGE.ORG PIDE QUE SE INVESTIGUE Y DEPUREN RESPONSABILIDADES

Esta semana se ha abierto una petición para recoger firmas en la Plataforma Change.org para reclamar una investigación rigurosa, justa, imparcial e independiente, sobre la Autoridad Portuaria y la depuración de responsabilidades que sean necesarias por las diferentes irregularidades denunciadas los últimos días.

La petición, abierta este domingo, recuerda que todas estas irregularidades se están produciendo en “un organismo público en el que los puestos de trabajo y su selección deben de ser justos y garantizar un trato de igualdad e imparcialidad”.

Además, recuerdan que el Puerto de Santander ya es lugar de diferentes polémicas después de que desde hace meses se carga armamento con destino a Arabia Saudi, existiendo sospechas de que acaban en la guerra de Yemen.

Pese a que hay oposición ciudadana en cada visita de la naviera saudí y que hay un reproche unánime del Parlamento de Cantabria, no se han tomado medidas para corregir estas ventas.

También ha sido noticia la nueva valla de seguridad de cuatro metros que se ha terminado de instalar este martes hasta el Barrio Pesquero. La instalación completa de la valla se prolongará aún durante “dos o tres meses”, según el propio presidente del Puerto, que prevé cerrar el perímetro portuario.

Todo ello, para, aseguran, “minimizar la presión migratoria” de polizones que han tratado de colarse en el interior de los barcos para llegar a Reino Unido.

El pasado mes de octubre se creó una gran polémica institucional, después de que EL DIARIO MONTAÑÉS publicara que la compañía Britanny Ferries tiene que pagar 7.000 euros por cada polizón que se le encuentre. Este año se han localizado, según los últimos datos, 44 polizones, cuarenta durante el primer semestre y cuatro el último.

Tras esto, Pasaje Seguro ha criticado que se hablara de “presión migratoria” de un modo que favorece el tono “amarillista” e “irresponsable” ya que aseguran que las personas que realizan los intentos son, en su mayoría, ciudadanos albaneses con el visado europeo caducado, “que buscan llegar a Inglaterra y suelen repetir los intentos, por lo que ni mucho menos se puede considerar un contingente notable”.

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