Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria, ha cedido y acabado pidiendo la suspensión del juicio penal que ellos mismos forzaron contra Lucia y Paco, un matrimonio de Astillero que pedía a la entidad financiera negociar un alquiler social.

Activistas de la PAH frente a la sede de Liberbank

El juicio estaba previsto para el lunes, pero Liberbank ha pedido su suspensión durnate un mes (pendiente de formalizarse este lunes en el juzgado) tras las gestiones tanto de la PAH como del Gobierno a través de su Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Esta familia de Astillero  tiene dos hijos con discapacidad. Con la crisis económica y tras pedir un préstamo para la compra de una retroexcavadora, “perdieron todo” lo que tenían, incluida la vivienda en la que habían residido toda su vida.

En 2013 les echaron de la vivienda, aunque siguen viviendo en ella, “sin llevarnos mal con nadie” ni “romper nada”, ya que no dejan de ser sus vecinos de siempre.

Lo que ellos piden es poder negociar con Liberbank un alquiler social, una figura en la que el precio se determina en función de los ingresos.

En la última semana, según informa la PAH, su salud se ha resentido y Paco ha estado en urgencias por una taquicardia. Su situación es «desesperada», advierten, lamentando que se esté produciendo la situación de que tras la jubilación del director de la Oficina de la Porticada, «no haya con quien hablar» en Liberbank, de quien recuerdan que fue rescatada con dinero público.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander critican esta postura de Liberbank (uno de los últimos bancos en sumarse a las labores de mediación con el Gobierno de Cantabria a través de su Oficina de Emergencia Habitacional, en Juan de Herrera) de recurrir a la denuncia por lo penal en lugar de buscar otras fórmula, y estaban dispuestos a la ocupación de la oficina para forzar al banco a negociar.

La PAH acudió a la reciente celebración del Día de la Constitución, en el Parlamento de Cantabria, con camisetas que recuerdan el problema del derecho a la vivienda, reconocido en la Carta Magna. La plataforma promueve una Ley de Vivienda.