Finalmente, este lunes en el Juzgado se ha confirmado la suspensión del juicio penal de Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria, contra la familia de Astillero que pedía negociar un alquiler social para su antigua vivienda.

Activistas de la PAH frente a la sede de Liberbank con la familia de Astillero afectada

El juicio estaba previsto para este lunes, y finalmente, tras las gestiones tanto de la PAH como del Gobierno a través de su Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Liberbank cedió y aceptó pedir la suspensión hasta después de navidades para dar tiempo a la negociación con el matrimonio formado por Paco y Luci.

Esta familia de Astillero tiene dos hijos con discapacidad. Con la crisis económica y tras pedir un préstamo para la compra de una retroexcavadora, “perdieron todo” lo que tenían, incluida la vivienda en la que habían residido toda su vida.

En 2013 les echaron de la vivienda, aunque siguen viviendo en ella, “sin llevarnos mal con nadie” ni “romper nada”, ya que no dejan de ser sus vecinos de siempre.

Lo que ellos piden es poder negociar con Liberbank un alquiler social, una figura en la que el precio se determina en función de los ingresos.

En la última semana, según informaba la PAH, su salud se ha resentido y Paco ha estado en urgencias por una taquicardia. Su situación es “desesperada”, advierten, lamentando que se esté produciendo la situación de que tras la jubilación del director de la Oficina de la Porticada, “no haya con quien hablar” en Liberbank, de quien recuerdan que fue rescatada con dinero público.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander critican esta postura de Liberbank (uno de los últimos bancos en sumarse a las labores de mediación con el Gobierno de Cantabria a través de su Oficina de Emergencia Habitacional, en Juan de Herrera) de recurrir a la denuncia por lo penal en lugar de buscar otras fórmula, y estaban dispuestos a la ocupación de la oficina para forzar al banco a negociar.

La PAH acudió a la reciente celebración del Día de la Constitución, en el Parlamento de Cantabria, con camisetas que recuerdan el problema del derecho a la vivienda, reconocido en la Carta Magna. La plataforma promueve una Ley de Vivienda.

BAJAN LOS DESAHUCIOS, CON UN DESCENSO MENOR EN LOS DESAHUCIOS POR ALQUILER

Según informaba este mismo lunes el poder judicial, los juzgados de Cantabria practicaron durante el tercer trimestre de este año 2018 un total de 118 lanzamientos, lo que supone una disminución del 13,9 por ciento respecto a los llevados a cabo en el mismo periodo de 2017. También bajan los desahucios por alquiler, si bien son más en proporción que los de propiedad, y el descenso es menor.

El problema de los desahucios se viene agudizando en los alquileres

No obstante, este descenso es aún más acusado en los que responden a ejecuciones hipotecarias, que bajaron de julio a septiembre un 34,4 por ciento respecto al tercer trimestre del año anterior. También descendieron, menos que los de propiedad, los debidos a impagos de alquiler –un 6,9%-.

Así se desprende del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los órganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que hoy ha sido difundido con datos de julio a septiembre de este año.

En detalle, en el tercer trimestre de 2018 se presentaron 72 procedimientos de ejecución hipotecaria ante los juzgados de primera instancia de Cantabria, tres más que en el mismo periodo de un año antes, lo que supone un aumento del 4,3 por ciento. A nivel nacional, este tipo de demandas creció un 14,4 por ciento.

Por su parte, los lanzamientos practicados pasaron de 137 en el tercer trimestre de 2017 a 118 en el de 2018, esto es, un 13,9 por ciento menos, caída más acusada que la registrada por la media nacional, que apenas descendió un 0,3 por ciento.

De esos 118 lanzamientos practicados, 21 respondieron a ejecuciones hipotecarias –once menos que un año antes-, y 94 a impagos de un alquiler -siete menos que en el mismo periodo de 2017-.

El lanzamiento es la parte final del desahucio, cuando el propietario la pierde. Para llegar allí, se ha iniciado antes, ante los impagos, el procedimiento de ejecución hipotecaria, que no se pone en marcha en los casos de alquileres.

PLAN DE VIVIENDA

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria presentaba el viernes pasado el primer Plan de Autonómico de Vivienda de Cantabria, dotado con más de 89 millones de euros, que incluye 46 medidas distribuidas en seis ejes de actuación, y que, en conjunto, s estima que movilizarán una inversión superior a los 225 millones de euros.

El objetivo es movilizar viviendas vacías para el alquiler

Con este documento, la Consejería prevé doblar el parque público de vivienda, movilizar cerca de 600 viviendas vacías para destinarlas al alquiler social, rehabilitar 8.500 inmuebles y que más de 4.000 familias puedan beneficiarse de ayudas para el pago del alquiler de su vivienda habitual.

Las medidas incluyen ayudas al alquiler, a la rehabilitación o a la eficiencia energética, así como en materia de medio rural y acciones en materia de emergencia habitacional,

Se trata de incentivar el alquiler como modo preferente de acceso a la vivienda, impulsando el incremento del parque público de vivienda en alquiler o movilizando la vivienda vacía para su destino al alquiler, objeto de un programa específico que combina un seguro para propietarios y medidas en el ámbito fiscal.

Finalmente, también se contemplan medidas en materia estadística y de lucha contra el fraude.

Para su ejecución, el Gobierno  tiene entre sus objetivos la elaboración de una Ley de Vivienda, un Decreto de Habitabilidad y otro que desarrolle el Informe de Evaluación del Edificio para que incorpore la obligación de elaborar este documento.