Este miércoles ha dimitido el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, una de las cuatro personas contra las que se dirige la denuncia que la Fiscalía ha remitido al juzgado por presuntas irregularidades en contratos del SCS.

Rojo también era el único de los cuatro acusados en permanecer en el cargo, ya que el exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, junto al asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri Bello presentaron su dimisión el pasado mes de mayo.

Alejandro Rojo junto a la consejera de Sanidad, María Luisa Real. FOTO: Gobierno de Cantabria.

Las contrataciones en el SCS están en el foco tras una sucesión de denuncias de la Jefa de Contratación y políticas –por parte de Izquierda Unida y el PP- que la Fiscalía ha remitido a los juzgados. El caso, además, se prevé que se lleve a una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria, donde la oposición ha apuntado a la consejera, María Luisa Real, como responsable política aunque la investigación judicial no la apunta a ella.

ROJO DEFENDIÓ EL FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ECÓGRAFOS

En el informe de la Intervención General que se llevó a cabo se defendía que los procedimientos de contratación “se adecuan en general a la normativa vigente, tanto en contrataciones menores como en el de otros expedientes de contratación”, aunque admitía “incidencias” en los expedientes.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la adquisición de 22 ecógrafos para 22 centros de Atención Primaria y que se compraron de manera individual a dos empresas, Sakura y Esaote España, con once contratos individuales a cada una de 12.584 euros y 13.908,95 euros respectivamente.

Este fraccionamiento de contratos se llevó a cabo con el fin de disminuir la cuantía y eludir así requisitos de publicidad y relativos a procedimientos de contratación. Es decir, se fragmentaron para no llegar a la cuantía mínima que marca la ley para tener que someterse a concurso público.

El propio Alejandro Rojo alegó en el informe que este fraccionamiento se debía a que “cada uno de los centros es una unidad funcional e independiente con recursos humanos y materiales propios”. También justificó el uso de contrato menores a la “urgencia” de la adquisición, que se autorizó en diciembre de 2017; y apuntó a que estas dos empresas fueron elegidas “para asegurarse de que los modelos eran similares” con el fin de “facilitar la implantación”.

Sin embargo, la Intervención ha considerado que esta planificación “no queda debidamente fundamentada” y no explica “qué lleva a dividir la licitación”, en dos empresas en vez de una. Así mismo, deja constancia que, pese a que cada centro sea independiente, todos ellos pertenecen al mismo órgano de contratación, la de la Gerencia de Atención Primarias, por lo que los contratos fraccionados no quedan justificados.

Por los hechos que denunciaron ante la Fiscalía IU y PP, el Ministerio público cree que estas cuatro personas podrían haber cometido presuntos delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.

Hace pocos días, el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, aseguró que todos los responsables señalados por la Fiscalía estaban ya “fuera del organigrama de gestión del SCS” pero que ignoraba la situación del gerente de Atención Primaria.

En ese caso, avisó que en el momento en que haya alguna persona imputada del Gobierno, exigiría su dimisión.

IU Y PODEMOS PIDEN QUE LA PRÓXIMA DIMISIÓN SEA DE MARÍA LUISA REAL

Izquierda Unida de Cantabria ha criticado la postura de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, de no dimitir tras la investigación judicial abierta en el seno del Servicio Cántabro de Salud “de la que ella es responsable mientras se esconde tras sus subordinados”.

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Israel Ruiz Salmón, cree que la crisis abierta en el SCS “parece una partida de ajedrez”, en la que “van cayendo peones poco a poco”, mientras que “la reina va quedando sola y acorralada” ante un “asunto de elevada gravedad” y que contempla la posible comisión de delitos tales como prevaricación administrativa, fraude y exacciones ilegales o malversación de caudales públicos.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir con este goteo de dimisiones sin que se produzca la de la persona que ostenta la máxima responsabilidad política en el SCS y, además, que gestiona el 30% del presupuesto total del Gobierno de Cantabria?”, pregunta el representante de IU.

También Podemos Cantabria ha celebrado la dimisión del gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, quien, señalan “debió ser nombrado gerente”. “Llevamos más de un año señalando su incapacidad para gestionar las necesidades de Atención Primaria y si ahora dimite es porque está siendo investigado por la Fiscalía”, aseguran desde la formación.

Ahora creen que la próxima persona en abandonar su cargo debe ser la consejera de Sanidad, María Luisa Real. “La sordera de la señora Real respecto a la mala gestión o delito, tal y como estamos viendo, en las distintas unidades del SCS la convierten en corresponsable de la situación actual ya que ella es la persona encargada de elegir malos responsables que acaban en los tribunales y por lo tanto, debe actuar en consecuencia y abandonar su cargo”.

SOTA ASEGURA QUE DIMITIRÁ SI SE ABRE JUICIO ORAL POR SOGIESE

El caso del Servicio Cántabro de Salud se encuentra en diligencias previas, es decir, aún no se ha abierto un juicio oral.

El mismo caso es el que afecta al consejero de Economía, Juan José Sota, que ha declarado como investigado en el caso de SOGIESE, tras una denuncia de Ola Cantabria, el partido de Juan Ramón Carrancio.

El consejero ha negado irregularidades en la empresa pública, después de que se le haya denunciado por no recuperar el dinero pagado de más a algunos altos cargos que cobraron por encima del límite legal. “A nivel personal siento que no he hecho nada irregular y, por eso, he dado todas las explicaciones y he aportado toda la documentación requerida”, ha asegurado.

Aunque sí ha anunciado que, si se abre juicio oral, dimitirá. “Lo primero que uno tiene que cumplir son los códigos éticos de su propio partido y, llegado al caso, lo haría”, ha afirmado en declaraciones a la prensa.

Sota ha insistido en que ha aportado toda la documentación de la que dispone y ha reiterado su confianza en la justicia.