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El Parlamento pide al Gobierno que controle los procesos de selección del Puerto

17 de diciembre de 2018. POR

El Parlamento de Cantabria ha recordado al Gobierno de Cantabria que el presidente del Puerto de Santander es nombrado a propuesta de la comunidad autónoma, y que por lo tanto tiene funciones de control sobre este organismo.

Puerto de Santander

Los partidos de la oposición han aprobado una proposición no de ley presentada por el diputado de Podemos Alberto Bolado en la que se abordaban distintas irregularidades reveladas en las últimas semanas en los procesos de selección de personal para plazas en el Puerto de Santander.

Cuestiones como las plazas de jurídico cuyos test psicotécnicos se encontraban a la venta en Wallapop, la de comunicación que excluía a periodistas o las de responsables de sistemas de comunicaciones que hacían lo propio con ingenieros de telecomunicaciones. Todas ellas han sido objeto de reproche de los propios aspirantes, la Asociación de la Prensa de Cantabria y la FAPE (la federación estatal), el Colegio de Telecomunicaciones de Madrid o el sindicato USO, además de haber llegado al Congreso de los Diputados a través de una pregunta de Izquierda Unida.

En su intervención, Bolado ha criticado las “graves irregularidades” que, asegura, suponen un “clarísimo incumplimiento” de las obligaciones de “control” del presidente de la Autoridad Portuaria, Jaime González.

“El presidente del Puerto lo es por designación política y cuando alguien en su desempeño personal no lo hace bien, se le cesa”, ha aseverado el parlamentario.

Ciudadanos, el tránsfuga Carrancio y el PP han respaldado esta iniciativa. El ‘popular’ Íñigo Fernández ha calificado de “escandaloso e intolerable” todo lo que se está conociendo, haciendo hincapié es que es algo que viene sucediendo en varios de los procesos convocados. “No puede ser que el Puerto sea el patio trasero de la casa de nadie”, ha aseverado.

Frente a esto, el diputado socialista (y senador autonómico) Guillermo del Corral defendía la “imparcialidad” de un proceso “plenamente garantista” en el que “el Gobierno no tiene competencia alguna” ya que, según él, le corresponde a Puertos del Estado.

Y desde el PRC, Francisco Ortiz acusaba a Podemos de “tirar mierda” y “sembrar dudas y porquerías” contra los funcionarios, remitiéndose a una explicación dada por UGT sobre la composición de los tribunales (criticada por el sindicato USO porque siempre son las mismas personas y en realidad deberían estar adaptadas a cada plaza).

Desde este grupos se ha aludido a que los procesos no han sido “impugnados” por nadie hasta que han salido unos resultados que no han gustado a algún aspirante y se ha tratado de apuntar una cercanía con Podemos, si bien, al contrario, los recursos y cuestionamientos están procediendo de varios órganos o personas, entre ellos la FAPE o el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid.

A lo que Alberto Bolado le ha replicado que PSOE y PRC están “acostumbrados” a convertir las empresas públicas CANTUR y SODERCAN en “agencias de colocación” y creación de “redes clientelares”.

En concreto, la proposición aprobada pide que se establezcan métodos de corrección objetivos y publicados previamente, la repetición de las pruebas psicotécnicas, cambios en las plazas de comunicación o sistemas o quitar el requisito de la obligatoriedad del carné de conducir.

En ella se repasan las irregularidades, como que la representante de la asistencia técnica contratada, ADECCO, no ostenta estudios en el campo de la psicología que la habiliten o cualifiquen para realizar, expedir o justificar pruebas psicotécnicas realizadas; que los test seleccionados como pruebas psicotécnicas fueron repetidas hasta cuatro ocasiones anteriormente y que además estaban disponibles webs de compra y venta entre particulares como “Wallapop” o que se utilizaron los mismos test para la evaluación de capacidades de candidatos a puestos de muy diferente desempeño, evitando en consecuencia la especialidad que cada puesto implica.

Además, se califica de “auténtico misterio” el criterio para la corrección y también la composición de los tribunales de calificación, que al no ser públicos sus integrantes impide conocer sus relaciones o poner objeciones, como sucede en todos los procesos públicos.


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