Este viernes se celebra en el Ayuntamiento de Santander la Comisión de Desarrollo Sostenible en la que el concejal de Medio Ambiente de Santander, José Ignacio Quirós, informará sobre la tramitación del nuevo contrato de parques y jardines, así como las dudas sobre las garantías existentes para el mantenimiento de los puestos de trabajo y el respeto de las condiciones laborales vigentes.

La pasada semana, los casi dos centenares de trabajadores del servicio se concentraron frente al Consistorio para pedir la dimisión de Quirós al considerar que la baja del 17% de la adjudicación del nuevo contrato pone en peligro la continuidad de toda la plantilla, así como sus sueldos y el mantenimiento de los derechos laborales.

Los casi 200 empleados de Parques y Jardines se han vuelto a concentrar para denunciar el riesgo de sus puestos de trabajo.

Quirós, que ha insistido en que hay una clausula en el nuevo contrato que obliga a subrogar a la totalidad de la plantilla, responderá en esta reunión ordinaria a las preguntas planteadas por algunos grupos de la oposición y ofrecerá la información de todo el procedimiento seguido hasta la fecha y los pasos que restan para la adjudicación del contrato con el fin de despejar “cualquier duda” y poner de manifiesto la “transparencia y rigor” del procedimiento.

Además, ese mismo día, se llevará a la Comisión de Economía el pago de varias mensualidades del servicio que, según ha recordado Quirós, se sigue prestando en la actualidad por parte de la anterior adjudicataria a la espera de la adjudicación del nuevo contrato.

Además, el edil ha insistido en que el Ayuntamiento supervisará, a través de los técnicos que examinarán la documentación, que la empresa que resulte adjudicataria cumple con todos los requisitos y justifica el coste salarial del personal.

“Será, por tanto, ese análisis técnico el que determinará si la empresa cuya oferta es la mejor valorada cumple todos los requisitos para la adjudicación del contrato”, ha enfatizado Quirós, que ha pedido que se deje trabajar a los funcionarios municipales.

El concejal ha vuelto a trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla y también, sobre la continuidad del servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato, ya que el Ayuntamiento está pagando a la empresa siguiendo los trámites establecidos.

En este sentido, ha explicado que las facturas que se tratarán el viernes en la Comisión de Economía, corresponden a las mensualidades de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que ascienden, en conjunto a 2,7 millones de euros.

EL AYUNTAMIENTO RESOLVERÁ EL CONTRATO CON SIEC DE LAS OBRAS DEL MAS Y RECHAZA INDEMNIZAR A LA EMPRESA

Además, este martes, la Junta de Gobierno Local de Santander ha acordado iniciar un expediente para resolver el contrato suscrito con SIEC para las obras de accesibilidad del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS), ante la imposibilidad material de continuar con los trabajos previstos en el proyecto inicial.

Museo MAS

Según ha recordado la concejala de Cultura, Miriam Díaz, las obras de accesibilidad del museo quedaron suspendidas tras el incendio del MAS en noviembre de 2017.

El Ayuntamiento acometió entonces trabajos de emergencia para asegurar la estabilidad el edificio y realizó análisis sobre los daños y el estado del mismo para determinar las actuaciones necesarias para su recuperación.

Los estudios realizados constataron la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato existente con SIEC en las condiciones inicialmente acordadas y la necesidad de redactar un nuevo proyecto, de mayor envergadura, para la rehabilitación integral del inmueble.

En este sentido, Díaz ha subrayado que el Ayuntamiento cuenta ya con el proyecto básico para la rehabilitación integral, que prevé una inversión de 3,8 millones de euros, y que está a la espera de aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio Inmueble del Gobierno de Cantabria.

Por todo ello, se propone resolver el contrato existente con SIEC y se rechaza además la petición de indemnización solicitada por la empresa, al entender que el incumplimiento del contrato por parte de la adjudicataria en lo que respecta al mantenimiento de las alarmas activas durante las obras pudo mermar la capacidad de respuesta y agravar los daños del incendio.

La apertura de este expediente de resolución del contrato se suma a la penalización económica que se impuso con anterioridad a la empresa por incumplimiento del mismo. Una penalización de 46.000 euros (el 10 % del importe del contrato) confirmada ya en vía administrativa.

Por lo que respecta a Codelse, encargada del mantenimiento de las alarmas municipales, la Junta de Gobierno Local ha acordado desestimar el recurso de reposición que interpuso la empresa contra la penalización económica por incumplimiento del contrato que estuvo vigente hasta el 20 de julio de 2017. Se pone también fin así a la vía administrativa en lo que respecta a dicha penalización, que asciende a 1.138 euros (el 10% del contrato).

INVESTIGACIÓN SOBRE EL INCENDIO DEL MUSEO

La investigación municipal concluyó que durante las obras que se ejecutaban en el edificio se desactivaron las alarmas antiincendios y los sensores de humo sin conocimiento previo ni autorización alguna por parte del Consistorio.

Además, los informes de los técnicos señalaban que la desactivación de esos dispositivos mermó la posibilidad de reaccionar y pudo agravar los daños ocasionados por el fuego que, a la llegada de los bomberos, estaba completamente desarrollado.

Los informes emitidos por los distintos departamentos municipales responsables de los contratos indicaban que SIEC, como contratista de las obras, tenía la obligación de mantener operativos durante los trabajos los sistemas de seguridad del edificio en materia de detección de incendios y robo.

Sin embargo, en el momento del incendio no estaban operativos ni los sensores de humo ni las alarmas antiincendios.

Codelse, por su parte, como responsable del mantenimiento de dichos sistemas de seguridad, debía emitir informes mensuales de sus tareas y comunicar cualquier incidencia al Ayuntamiento, obligaciones que tampoco se cumplieron por parte de la empresa.

En consecuencia, se considera que ambas empresas incurrieron en incumplimientos muy graves de sus respectivos contratos que motivan la tramitación de los correspondientes expedientes.

Ya hace unos meses que el Ayuntamiento descargó en las empresas la responsabilidad de lo ocurrido, que hubo funcionarios municipales que también señalaron durante la investigación la responsabilidad del propio museo.

En el informe requerido por la arquitecta municipal a la empresa SIEC, su gerente Juan de Miguel aseguraba que en las determinaciones del proyecto de reforma constaban, como actuaciones previas, la retirada de las centralitas de protección contra incendios e intrusos y su recuperación para la reubicación con la reforma finalizada.

Como expone posteriormente, la constructora aclara que la retirada de las centralitas de seguridad no se llegó a hacer “por prudencia”, por lo que podían haber estado operativas “en todo momento”. En consecuencia, el Ayuntamiento “en todo momento” fue “plenamente conocedor de que durante algún tiempo los centralitas existentes pueden estar inoperativas”, alegó la empresa.