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Intervención detecta sobresueldos “nulos de pleno derecho” en el ICAF

18 de diciembre de 2018. POR

Sede del ICAF en el Edificio de Piedra (Paseo Pereda de Santander)

La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria ha detectado sueldos por encima de los límites legales en el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), por lo que tres cargos, entre ellos el actual director gerente, tendrán que devolver en suma cerca de 10.000 euros.

Entre los salarios percibidos por encima de la Ley se encuentran los del actual director gerente, Jesús Bulnes (cuando era responsable financiero) y la secretaria de dirección, mientras que la responsable jurídica, María Eugenia Gómez, percibió indebidamente dietas por ejercer de secretaria de los consejos Ejecutivo y de Supervisión, según las auditoras.

Así se plasma en el Informe Definitivo de Auditoría de Cumplimiento y Operativa del ICAF sobre Recursos Humanos y Eficiencia, que no había trascendido aunque está fechado el pasado 11 de octubre y al que ha tenido acceso EL FARADIO a través de documentación parlamentaria.

El equipo auditor mantiene en el informe definitivo que se cobraron incrementos salariales a partir de 2016 muy por encima del 1% legal. En concreto, una subida del 5,5% en la nómina del responsable financiero, Jesús Bulnes, y del 5,56% respecto a la secretaria de dirección, B.F.A.

Eso implicó el cobro indebido de 2.049,98 y 1.113,58  euros respectivamente, también en 2017, al no ajustarse a los límites presupuestarios de la comunidad autónoma recogidos en las sucesivas leyes de presupuestos aprobadas en 2014, 2015 y 2016.

En consecuencia, la Intervención los declara “nulos de pleno derecho desde que se produjeron” y mantiene en su auditoría definitiva la reclamación de la devolución de esas cantidades, más de 4.000 euros Bulnes y más de 2.200 euros la secretaria de dirección.

Por contra, el informe definitivo acepta las alegaciones del ICAF respecto a la superación del límite salarial por parte de los responsables de área,  que era de 45.000 en 2015 y de 45.450 euros en 2016, y que en todo caso habría incumplido Bulnes el segundo ejercicio, cuando el actual director gerente era aún responsable financiero, al estimar que tenían contratos de “personal directivo sin contrato de alta dirección” en lugar de una categoría de “titulados superiores”.

En cualquier caso, urge a la Consejería de Economía a realizar “los trámites oportunos a fin de proceder a una concreción normativa” para evitar una “interpretación subjetiva” de la misma.

REINTEGRO TAMBIÉN DE LAS DIETAS

El ICAF paga dietas a los vocales por la asistencia a las reuniones del Consejo Ejecutivo, 200 euros, y del Consejo de Supervisión, 150 euros, la misma cantidad que se estipula para la Secretaria, que es la responsable Jurídica, María Eugenia Gómez, desde el 27 de agosto de 2015, tras el cambio de Gobierno del PP al PRC-PSOE.

Ante las “dudas” sobre si Gómez tenía derecho a percibir dietas, las auditoras consultan al Subdirector General de Control Financiero, entonces Rafael Gutiérrez – nuevo Jefe de Contratación del Servicio Cántabro de Salud y responsable de Hacienda de la dirección regional del PP de Cantabria- y a la Jefa de la Asesoría Jurídica de la Intervención General.

Y concluyen que el cobro de dietas “no es ajustado a derecho” en el caso de la secretaria ni tampoco del director gerente. Desde que fue nombrada, la cantidad percibida por ese concepto asciende a 3.450 euros (600 en 2015, 1.500 en 2016 y 1.350 euros en 2017).

De esta manera, la Intervención considera que “resulta proscrito” extender el cobro de dietas a “supuestos no previstos” en la propia normativa de creación del Instituto Cántabro de Finanzas (2008).

Para esta resolución, que mantiene la petición de reintegro de las cantidades cobradas indebidamente, rechaza incluso un acuerdo del Consejo Ejecutivo del ICAF, por más que se ajusta a las cuantías de otro del Consejo de Gobierno del año 2012, que exigía al sector público “proceder conforme a sus Estatutos”.

JESUS BULNES Y MARIA EUGENIA GÓMEZ (DEL RACING A ECOMASA)

Jesús Bulnes – beneficiario de los sobresueldos por incrementos salariales hasta elevarse por encima de la Ley- es ahora el director gerente del ICAF, al cesar su antecesor, Manuel Díaz, nombrado en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España tras la moción de censura a Rajoy que dio paso a la nueva administración socialista de Pedro Sánchez.

Previamente a dirigir el ICAF, Bulnes era el responsable financiero de la entidad, y como tal intervino en casos judicializados tan polémicos como Ecomasa o el Racing, por los que tuvo que declarar en las comisiones de investigación parlamentarias por la pérdida de dinero público.

En concreto, en la investigación del caso Racing emitió el informe que elevaba a 36 millones de euros las cantidades destinadas por el conjunto de la administración regional al club de fútbol, con lo que la jueza instructora Paz Hidalgo determinó un quebrantamiento patrimonial global a las arcas públicas de 43,9 millones de euros.

También ha pasado por las comisiones parlamentarias la responsable jurídica, Maria Eugenia Gómez – beneficiaria de dietas cobradas de fora indebida-.

En respuestas a los diputados de la comisión de Cantur que investigó la venta del Racing al prófugo indio Ali Syed, reconoció que accedió al ICAF – entonces CEP Cantabria- en enero de 2005  tras entrevistarse con el primer director gerente, Luis Egusquiza, y con el consejero de Economía de la época, el socialista Ángel Agudo.

CONFORME EL INTERVENTOR NOMBRADO POR SOTA

El informe definitivo de Intervención sobre el ICAF tiene fecha de 11 de octubre de este 2018 pero no había trascendido. Lo firma conforme el actual Interventor, Pedro Pérez Eslava, en el cargo desde el cese en abril del anterior responsable de la fiscalización del Gobierno, Gabriel Pérez.

La auditoría está firmada por la adjunta jefa de área de Control Financiero, Gema Polo, en un trabajo supervisado por la subdirectora general de Control Financiero, Ainhoa Espejo.

Junto a Pérez, el Gobierno también cesó a otro funcionario de la Consejería de Economía, el subdirector de Control Financiero Rafael Gutiérrez, que es además responsable de Hacienda de la dirección regional del PP.

LA SITUACIÓN DE SOTA Y LOS PRESUPUESTOS PARA 2019

Según ha podido saber este medio, este miércoles por la tarde está convocado un Consejo de Supervisión del ente público, en el que están representados los grupos parlamentarios y los agentes económicos y sociales, además de otros representantes del Gobierno.

Se ha fijado la fecha de la reunión en la víspera del debate definitivo para la aprobación del Presupuesto de 2019, en un pleno que tendrá lugar el jueves.

El presidente del ICAF es el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota (PSOE), que está siendo investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, también por presuntos sobresueldos en SOGIESE, otra empresa pública dependiente de la administración autonómica.

A pesar de la imputación de Sota, que llevó al portavoz parlamentario de Ciudadanos ha advertir de que al 99% echaría por tierra el acuerdo para aprobar el presupuesto regional de 2019, finalmente se impuso en el Comité Autonómico del partido naranja atender a las explicaciones del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, que no ve evolución al caso Sogiese tras el archivo previo en la Fiscalía de la denuncia que presentó OLA Cantabria, el partido creado por el diputado Juan Ramón Carrancio.

La declaración del consejero de Economía ante el juez en calidad de investigado no trascendió en la fase definitiva de la negociación del próximo Presupuesto General de 2019, sino que se publicó casi una semana después del preacuerdo con Ciudadanos, en El Diario Montañés el 6 de diciembre.

Por este motivo, Ciudadanos, que se ha mostrado durante las negociaciones de los presupuestos en todo momento en mayor sintonía con el PRC ha señalado la deslealtad al PSOE, al que acusa de haber ocultado el hecho de la imputación de Sota por Sogiese.

El secretario general y candidato socialista a las elecciones autonómicas, Pablo Zuloaga, no asistió a la firma del acuerdo; mientras Revilla y Félix Álvarez escenificaban su acercamiento, el PSOE estuvo representado por su secretaria de Organización, Noelia Cobo.


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