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La Fundación Amigó denuncia el desamparo que sufren los MENAS al cumplir la mayoría de edad

19 de diciembre de 2018. POR

En España, un total de 4.125 jóvenes tutelados cumplieron 18 años durante 2017, viéndose obligados a emanciparse de manera precipitada y dejando de tener a su lado el apoyo que durante años les ha acompañado.

Así lo denuncia la Fundación Amigó en su última campaña de sensibilización ‘Extutelados: el reto de emanciparse a los 18’, a través de la cual quiere visibilizar la dura realidad que estos y estas jóvenes tienen que vivir para construir sus propios proyectos de vida de manera autónoma.

Según la Fundación, estos jóvenes quedan en una situación de vulnerabilidad extrema.

La Fundación Amigó es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1996 trabaja para contribuir a la transformación social e individual de la infancia y juventud más vulnerable, ofreciendo oportunidades a jóvenes en riesgo o en situación de exclusión social, acompañando a jóvenes en su transición a la vida adulta y resolviendo los conflictos entre los adolescentes y sus familias.

Se trata de aquellos chicos y chicas que han vivido una parte de su infancia bajo la tutela de la Administración Pública y que alcanzan la mayoría de edad. Por tanto, el denominador común entre ellos y ellas es que en algún momento de su infancia han sido menores en situación de riesgo.

Durante 2017, 47.493 niños, niñas y jóvenes fueron atendidos en el sistema de protección en España, según datos publicados por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia. De ellos, 4.125 cumplieron 18 años y se vieron obligados a emanciparse de manera precipitada. Los lugares donde más jóvenes tutelados cumplieron la mayoría de edad fueron en Cataluña, Andalucía, Melilla, País Vasco y Comunidad Valenciana. En Cantabria, esa cifra el año anterior fue de  41 jóvenes tutelados que cumplieron 18 años, mientras que en 2016 fueron 32.

De ellos, 3.086 se encontraban en centros de menores y 1.039 en acogimiento familiar, que se han visto obligados a emanciparse de manera precipitada. “En muchas ocasiones, estos jóvenes tienen que romper sus procesos académicos porque se tienen que poner a trabajar para poder seguir adelante, lo que no les permitirá acceder a estudios superiores y esta falta de recursos reproduce las desigualdades sociales.

Además, esta situación, en muchas ocasiones les estigmatiza, ya que los menores extranjeros que cumplen 18 sin permiso de residencia y sin piso de emancipación no pueden acceder a ningún recurso ni a ninguna formación reglada. Esta situación hace que se encuentren en una desigualdad frente a otros grupos, como sería el resto de jóvenes de 18 años que vive con sus familias y puede acceder a recursos formativos”, ha señalado Elisabet Marco, educadora en proyectos de emancipación de Fundación Amigó.

LA ENTIDAD HABILITA UNA WEB PARA PODER AMPLIAR INFORMACIÓN Y AYUDAR A ESTOS JÓVENES

La entidad ha destacado diferentes aspectos que afectan a cualquier joven en su proceso de emancipación, subrayando que el desempleo juvenil, la elevada tasa de abandono escolar, la precariedad laboral y el difícil acceso a la vivienda propia hacen que para cualquier joven emanciparse sea una situación casi imposible. Además, teniendo en cuenta que la edad media de emancipación en España se sitúa en los 29 años, aunque tras cumplir 18 años las personas extuteladas continúan teniendo apoyo hasta los 21, se ven obligadas a emanciparse 11 años antes que el resto de jóvenes.

“Es necesario adaptarnos a cada proceso de emancipación, ya que las necesidades de cada joven son diferentes. No todos los jóvenes extutelados necesitan un proyecto residencial con acompañamiento intensivo. En cualquier caso, también es necesario ampliar el tipo de acciones a nivel de mediación, formación e inserción sociolaboral, porque estos y estas jóvenes necesitan esa capacitación profesional y mediación con empresas”, subraya Elisabet Marco.

“La primera lectura que se puede hacer a esta cifra es de alarma porque obviamente no tenemos un tejido laboral que pueda asumir a tantos jóvenes, y además se les exige experiencia y formación, por lo que hay elementos que los convierten en perfiles en riesgo de exclusión social”, ha apuntado la educadora.

La entidad ha habilitado el portal web fundacionamigo.org/extutelados, a través del cual se puede ampliar la información, encontrar testimonios de jóvenes extutelados y analizar el número de jóvenes tutelados que cumplieron la mayoría de edad en cada Comunidad Autónoma.

EL BAILE DE CIFRAS DE LOS MENAS

Samuel “K”, el menor por quien ha surgido la preocupación por los migrantes no acompañados.

El pasado mes de mayo, la vicepresidenta del Gobierno dio datos sobre cuántos menores tutelados hay en Cantabria, aunque solo admitió tener estadísticas hasta el año 2016, revelando que han descendido enormemente desde la llegada de la crisis económica.

Posteriormente, se ha sabido que este 2018 Cantabria sólo ha tramitado la autorización de residencia de un MENA, tal y como reveló el Gobierno central el pasado mes de noviembre ante una pregunta en el Senado. Esto corresponde a que sólo se ha realizado una autorización inicial, pero ninguna renovación y ninguna autorización de residencia de larga duración.

Sin embargo, el pasado mes de octubre la Comunidad Autónoma reconoció que hay tutelados 85 menores, extranjeros no acompañados, subiendo incluso la cifra que había otorgado semanas antes, ya que en julio –con la llegada del PSOE al Gobierno central- puso ese número en 47.

La cuestión es que este incremento coincidió con el reparto de fondos a las comunidades autónomas que acojan MENAs, y donde se destinaron 40 millones de euros por un total de 4.835 menores. Según este reparto, Cantabria recibirá 534.448 euros, en reconocimiento al incremento en 58 de los MENAs que tiene, y con el compromiso de acoger a 10.

Durante estos meses, el Gobierno ha pasado de negar que existieran estadísticas más detalladas de los MENA’s y también ha sido polémica su decisión de encargar pruebas de edad a los menores, con el consiguiente riesgo de sacarles del sistema público de protección social.

El caso más conocido fue el de Samuel, un joven camerunés al que el Gobierno encaminó hacia la expulsión al pedir que se le practicara una prueba de edad, que son métodos desaconsejados por las normas internacionales y las ONGs, al ser poco fiables y poder suponer que, por una variación de meses, se considere al joven mayor de edad y pase de depender de los servicios sociales a depender de sí mismo sin cobertura o ser expulsado.

Además, en este caso tenía pasaporte propio acreditativo de su edad, que, nuevamente según las normas internacionales, ‘gana’ a la prueba de edad y la hace innecesaria. Pese a las descalificaciones a quienes hicieron público este asunto en medios e instituciones, los tribunales corroboraron todo esto que se había dicho previamente y Samuel consiguió que le dieran la razón.


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