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El consejero Sota presenta al Interventor discrepancias con la auditoría del ICAF

19 de diciembre de 2018. POR

El Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) ha presentado discrepancias con el informe definitivo de Intervención que detecta sobresueldos “nulos de pleno derecho” y duplicidades con otras empresas públicas en la financiación de empresas privadas como SIDENOR, entre otras deficiencias que recomienda subsanar con más de una veintena de recomendaciones.

Es el propio consejero de Economía, Juan José Sota, el que firma el acuerdo del Consejo Ejecutivo en calidad de presidente del ICAF,  y los Servicios Jurídicos de la Intervención General están estudiando si admiten las discrepancias, en cuyo caso tendría que resolver el Consejo de Gobierno.

En el documento, el ICAF insiste en la legalidad de las cuantías abonadas a tres de los empleados, el actual director gerente, Jesús Bulnes, cuando era responsable económico financiero; la responsable jurídica, María Eugenia Gómez y la secretaria de dirección.

Así, asegura que el incremento en 2016 de los salarios de Bulnes y la secretaria de dirección “se han ajustado a derecho” y han supuesto “una mejora de la gestión de los recursos económicos”, que fundamentan respecto a la secretaria de dirección en que asumió la elaboración de nóminas y seguros sociales que hasta 2015 hacía Price Waterhouse Cooper.

De esta manera, a un precio de 25 euros por nómina al mes, el Consejo Ejecutivo del ICAF pone en valor que en 2016 hubiera supuesto un coste de 3.276 euros, mientras que la “adecuación salarial” de la secretaria de dirección significó un incremento de 1.113,58 euros, aunque la subida fue de un 5,56%, muy por encima del 1% máximo establecido en las leyes de presupuestos, que es lo que detecta la intervención.

Respecto al responsable económico-financiero, Jesús Bulnes, actual director gerente, justifican que la decisión de la subida salarial (por encima del 5% también) fue de la anterior Gerencia y que es por el acuerdo de diciembre de 2015 que le encomendó la pertenencia al Consejo de Administración de SOGARCA en representación del ICAF.

E incluye en sus nuevas funciones, que habrían llevado a la  mejora del salario, “la fase de análisis de las propuestas de financiación y aseguramiento que recibe el ICAF” o “consensuar con la empresa solicitante la propuesta final que será presentada a la dirección para su coordinación”, así como el “diseño” de la estructura económico-financiera más adecuada.

En cuanto a las dietas que empezó a cobrar la responsable Jurídica cuando fue nombrada secretaria de los consejos Ejecutivo y Supervisor, el ICAF “no  considera que se hayan percibido indebidamente”. Mientras la Intervención dictamina que un acuerdo del Consejo Ejecutivo “no es el instrumento válido”, el ICAF responde que “no estamos de acuerdo con esa aseveración”, porque sí es “de su competencia” como “órgano supremo”.

EL ICAF VE MENOR RIESGO EN LAS OPERACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO

Frente a la recomendación de la Intervención de adecuar el procedimiento con entes públicos, el ICAF asegura que la Gerencia está elaborando un “manual de determinación de criterios de admisión de riesgo de crédito y definición de garantías”.

Considera que la principal garantía en operaciones con otras empresas públicas es precisamente su pertenencia al sector público empresarial, ya que forman parte de este el consejero de Economía y la Dirección general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, que conocen la situación, condiciones y necesidades de cada uno de los entes.

Por lo tanto, con una visión “mucho más panorámica” y “conocedores de las consecuencias” de que una entidad del sector público no cumpla con las obligaciones que pueda asumir con el ICAF.

“No entendemos si lo que sugiere el informe es que el ICAF actué con las empresas públicas como lo pudieran hacer las entidades financieras”, abunda, al tiempo que plantea que “se podría dar la paradoja” de que el presidente del ICAF (el consejero de Economía) acuerde solicitar del titular de la entidad solicitante una garantía (confort letter) que sería firmada por el propio titular de la consejería de Economía.

Una medida que, a juicio del Consejo Ejecutivo, “no aporta una cobertura de riesgo”.

“REFLEXIONES TAN GENÉRICAS”

El informe definitiva de Intervencion recomienda también “evitar las refinanciaciones, declarar la operación fallida y pasar a la fase de recuperación y recobro”, lo que lleva al ICAF a expresar su “desacuerdo con una reflexión tan genérica”.

Así, mientras reconoce que la “refinanciación no ha de ser recurrente y hay que analizar cada caso concreto, para aprobar si con ella se mejora la posibilidad de cobro”, relativiza que las refinanciaciones no llegan al 25% de las operaciones históricas, y asegura que cada una de ellas ha sido analizada” pormenorizadamente”, para tomar “las decisiones que se han considerado oportunas”.

Por otra parte, rechaza elaborar “informes periódicos que midan el impacto de la actividad”.

“El ICAF no debe ser el que haga esos informes”, plantea, porque “carece de herramientas y medios técnicos” y “excede de su capacidad”.

Además, argumenta que “igual que una auditoría independiente debe realizarse por alguien ajeno a la entidad, un informe de impacto riguroso y eficaz debe ser elaborado por un tercero ajeno a la entidad”.

OTRAS DISCREPANCIAS GENÉRICAS

En sendas reuniones, el 26 de octubre y el 14 de noviembre, el “órgano supremo” del ICAF presenta discrepancias genéricas como que “algunas cuestiones reflejadas en el Informe exceden lo que se puede calificar como un informe de recursos humanos y eficiencia”.

O que el hecho de que los gastos de alquiler supongan una tercera parte del total corresponde al Gobierno de Cantabria, que cuenta con una “visión panorámica” de los locales de los que dispone y de los servicios y unidades de la administración autonómica.

Por lo tanto, considera el ICAF que el alquiler “no es del ámbito del instituto” o que son cuestiones que “no proceden” por ser “elementos ajenos a su voluntad”.

Además, añade que ha aprobado procedimientos que sirven para mejorar las distintas fases de la actividad, como distinguir en la valoración de cada solicitud si el solicitante pertenece al sector privado o al sector público, porque “la calificación del riesgo debe ser diferente”.

También critica que el informe de auditoría de la Intervención “no debe entrar a valorar el criterio del Consejo Ejecutivo a la hora de establecer sus criterios de valoración o las garantías a exigir cuando una entidad del sector público pide financiación o garantía”.


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