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Fiscalía investiga fraude, estafa y falsedad documental en los cursos de formación

26 de enero de 2019. POR

Sede del ICASS y del SCE, registrada por la UDEF hace más de un año

La Fiscalía de Cantabria investiga la posible comisión de varios delitos de fraude en subvenciones públicas, estafa y falsedad documental por parte de varias empresas adjudicatarias de subvenciones para los cursos de formación en Cantabria.

Según ha podido saber EL FARADIO, el Servicio Cántabro de Empleo estudia si se persona en la causa a instancias de la Fiscalía, que ha dado de plazo para una respuesta hasta finales de este mes de enero. Y es que en abril termina la prórroga de seis meses para seguir investigando, concedida por la Fiscalía General del Estado.

Así, el Gobierno de Cantabria tendrá que decidir en los próximos días si acude al procedimiento para tener conocimiento de las actuaciones como perjudicado por «posibles maniobras defraudatorias».

Todo parte de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a partir de la denuncia de una academia, el Centro Cossio Formación. La Fiscalía descartó en junio la primera línea de investigación del cohecho y la prevaricación y reorientó entonces las actuaciones al ámbito de las empresas.

En los últimos meses, varios responsables de los centros de formación han sido requeridos para que entreguen diversa documentación y han sido llamados a declarar ante la UDEF y ante la Fiscalía, que este mes de enero ha vuelto a pedir al Gobierno nueva documentación sobre los cursos aprobados a las academias desde 2010.

EL ESQUEMA DE LAS MORDIDAS A LAS SUBVENCIONES

Los informes de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción acreditan «mordidas»  a las subvenciones que recibían por la formación, por parte de las empresas encargadas de dar los cursos.

En concreto, describen un esquema de facturas y contrafacturas en el que se obligaba a profesores autónomos a devolver parte del sueldo. Las academias pagaban a los docentes una factura inflada, que es la que justificaban ante el Servicio Cántabro de Empleo. Y luego el profesor que había impartido la formación lo devolvía a la academia, bien en metálico, o bien el centro le facturaba al docente por presuntos servicios, para enmascarar la mordida.

Asimismo, a la UDEF le llama la atención que haya diferentes precios por la hora de clase, según los profesores, que cuando son los dueños de las academias cobran más. Y tampoco está demostrado que dieran las horas de tutoría, a veces más caras que las propias clases.

INICIO DE LAS PESQUISAS POLICIALES

La policía judicial lleva investigando distintas irregularidades e indicios de delitos en la comunidad autónoma desde hace más de dos años. En diciembre de 2016 empezó a sustanciarse en forma de registros de varias sedes del Gobierno y de petición de un enorme volumen de documentación.

La investigación de los cursos de formación comprende un periodo de más de una década. Parte de varias denuncias del Centro de Estudios Cossío, distintas acciones judiciales que desembocaron en un informe de la Brigada Anticorrupción de la UDEF.

La denunciante argumentaba que su exclusión de los cursos había estado determinada por un entramado funcionarial con conocimiento y participación de altos cargos de sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, según su relato, por negarse a participar en la entrega de dádivas y regalos a funcionarios a cambio de adjudicaciones.

DESESTIMADO, DE MOMENTO, EL COHECHO

Pero la Fiscalía desestimó seguir por la línea del cohecho y de la prevaricación. Su argumento es que no se ha podido acreditar la relación entre esas mordidas de los centros a las subvenciones y los responsables de la administración investigados. Aunque quedaron acreditadas irregularidades administrativas, concluyó que no tuvieron trascendencia penal.

De la información fiscal y patrimonial de todas las personas denunciadas no se pudo apreciar enriquecimiento patrimonial injustificado o blanqueo, ni patrimonio oculto que pudiera derivarse del cobro de esas cantidades.

La fiscal jefe, Pilar Jiménez, tampoco vio la relación entre la retirada de la homologación de los centros y de los cursos y el hostigamiento funcionarial que denunció la propietaria de la academia.

Además, cuestionó toda la estrategia judicial de Cossio, que siempre fue dirigida al ámbito administrativo, con sucesivos archivos judiciales. En las actuaciones que refería, la fiscal también critica que se denunciaran actos administrativos y que no se apuntara el cohecho o la prevaricación hasta la fase de los recursos.


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