Declarados improcedentes despidos en la empresa que gestiona la OLA en Santander
OLA en Santander (Foto: Carlos Atienza)
Varios despidos realizados por la empresa que gestiona la OLA (los aparcamientos) en Santander han acabado siendo improcedentes, frente a lo que sostuvo públicamente el Ayuntamiento de que eran “disciplinarios” y que tenían el aval del Comité de Empresa.
Los propios trabajadores advirtieron de la posibilidad de estos despidos, que van en contra del compromiso de mantener la plantilla, ya que la empresa, Dornier, se presentó con un canon “desproporcionadamente” temerario: en concreto, la adjudicación se hizo en 1,3 millones de euros, frente a los casi 1,5 millones en que se licitó.
La propia empresa lo reconoce en uno de los casos, en un despido ejecutado en septiembre de 2018, en el que se produjo un acto de conciliación (una negociación previa para evitar ir a juicio) donde Dornier admitió que el despido era improcedente, tal y como refleja el decreto del Juzgado de lo Social número 3 consultado por EL FARADIO.
Por otra parte, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recoge información de la propia empresa en la que otro de los despidos, en diciembre de 2017 a un trabajador subrogado (asumido desde la anterior empresa que llevaba el servicio), se justificaba, al día siguiente de comunicarle que le mantenía, por “motivos organizativos” y en la necesidad de “amortizar” ese puesto de trabajo.
Una sentencia previa declaró el despido improcedente, argumentado que nunca quedaron acreditados esos motivos organizativos. Esa sentencia es confirmada por este del TSJC, consultada también por EL FARADIO.
Y otros cuatro despidos lo han sido por causas “técnicas y organizativas”, es decir, no por motivos disciplinarios”, como refleja la propia comunicación de la empresa, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, a una de las despedidas, en febrero de 2018, a la que le explica que “amortiza” su puesto de trabajo por la introducción de un nuevo vehículo que realizaría las funciones que ella y otros tres compañeros venían desempeñando.
Incluso los despidos que se justificaron como disciplinarios acabaron siendo reconocidos como improcedentes. En otros casos, se reconoció la improcedencia del despido ante el ORECLA, el Organismo Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, una entidad para mediar en estas situaciones. En total, según detallan los trabajadores, han sido una docena de despidos (cuatro de ellos fueron jubilaciones ‘incentivadas’) de los que se está pendiente la resolución judicial en uno de ellos.
DESPIDOS DESDE EL INICIO
La política laboral de Dornier, según denuncian trabajadores del servicio, comenzó con un despido en el primer momento en que asumieron el servicio.
Usuaria de la OLA Santander (Foto: Carlos Atienza)
Y tres meses después se despidió a cuatro controladores alegando que las nuevas tecnologías incorporadas (un vehículo con una cámara que permite analizar las matrículas de los coches aparcados y comprobar si habían pagado o no la OLA) hacía innecesario ese personal.
Se trata del Visualcar, un nuevo sistema que incluye un vehículo y dos motos, y que supuso en total una inversión de 93.330 euros, según documentación de la empresa consultada por EL FARADIO.
La empresa defendía que el nuevo sistema permitía una “supervisión y control total” al ser capaz de vigilar 22 matrículas por minuto (1.320 a la hora, frente a los 7 vehículos por cada 3 minutos y medio que podría hacer un vigilante a pie, según Dornier)
Sin embargo, los empleados de este servicio precisan que ese nuevo vehículo no permite controlar la rotación, y que eso se está traduciendo, de hecho, en menos denuncias por incumplimiento de las normas de estacionamiento porque no se tiene en cuenta los que se van moviendo con el transcurso de las horas.
Además, hay factores humanos, como averías o daños en máquinas, que no quedan reflejadas si no interviene un controlador, y que se exigen en el contrato. Pese a ello, hay zonas que son revisados gran parte del día sólo por el vehículo.
En cualquier caso, recalcan, se trata de una mejora que la propia empresa no planteó entre las mejoras a la hora de plantear su oferta para hacerse al servicio.
Y que, de todos modos, no debería haberse traducido en despidos, ya que el compromiso era mantener el personal y la proporción de trabajadores por plazas de aparcamiento.
Poco después, se produjeron otros cuatro despidos, lo que eleva la cifra a nueve desde la llegada de la nueva empresa.
De forma paralela, relatan los empleados, hay mejoras que debían haberse introducido y no se han hecho, desde tecnológicas hasta en el apartado informativo.
EL RANKING DE MULTADORES
Controlador de la OLA en Santander (Foto: Carlos Atienza)
Los trabajadores denuncian además medidas de “presión”, como una clasificación del personal –sin mostrar el nombre– en función del número de denuncias que realizaran.
La citada clasificación incluía un sistema de colores de más a menos denunciadores (estos últimos en color rojo), y fue acompañada, detallan, de apercibimientos verbales de que se elevara el número de multas para cumplir los objetivos estadísticos.
Es una política que se ha producido en otras ciudades en las que la empresa se hace cargo de este servicio, como por ejemplo en Mallorca, donde trascendieron en prensa las quejas de los trabajadores,
Hubo despidos que se achacaron desde la empresa a una situación que tuvo su origen en el uso de vehículos de otra delegación: la misma empresa presta el servicio en el Ayuntamiento de Noja, de donde derivó motocicletas, pidiendo a los trabajadores que se prestasen voluntarios para conducirlas. Días después negaron que las motos se fueran a utilizar en la capital, y se acusó a dos trabajadores de haber “filtrado” esa información al Ayuntamiento (de haberlo puesto en conocimiento).
Paradójicamente, tras dos de los despidos, la empresa tuvo que pedir, en varias ocasiones, voluntarios para que se pudiera cubrir el trabajo en determinados turnos.
DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO
Los trabajadores han elaborado un informe en el que enumeran deficiencias en el servicio, entre las que se encuentran:
-la señalización: su mantenimiento, tanto de señales de tráfico como de las indicaciones pintadas en la calzada, le corresponde a la empresa, pero los trabajadores han detectado desde señales tiradas o torcidas hasta indicaciones borradas sin que se haya hecho nada al respecto
-la reducción de rutas: de las 30 que había antes a 22 de mañana y a 21 de tarde
-Fallos en las máquinas expendedoras del ticket, que impiden insertar bien la matrícula en los teclados
-Retrasos en la emisión de las tarjetas prepago, que además no permiten realizar los pagos para anular las denuncias
-Horarios incorrectos en la Web que no se corresponden con los de atención al usuario
-Los nuevos distintivos de residentes no son físicos, sino virtuales (pese a que la ordenanza de la OLA especifica que, si se solicita, se les tienen que dar un distintivo cuyas condiciones de ubicación están especificadas)
-Las tarifas: durante varios meses se detectó una reducción del tiempo de estacionamiento “muy sutil” de un minuto, aproximadamente, sin la consiguiente reducción en el importe que se cobraba por ello
-La anulación de las multas: el anterior programa informático se basaba en el tiempo estacionado y el actual da un margen de decisión al empleado sobre si se anulan o no.
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, BAJAS Y CONTRATACIONES
Los efectos sobre el personal y la calidad del servicio de las adjudicaciones de servicios públicos municipales han saltado recientemente a la palestra por el temor de los trabajadores de Parques y Jardines a que la baja con la que se ha adjudicado este servicio a una unión de empresas entre las que está COPSESA repercuta en despidos. De hecho, tras la adjudicación, el propio Ayuntamiento ha pedido más informes técnicos a la adjudicataria.
Pero no es el único tropiezo del Ayuntamiento de Santander en materia laboral en una legislatura en la que:
-Se han producido contrataciones en fraude de ley de desempleados en la empresa pública SANTURBAN
-En el servicio de basuras, concedido a ASCAN-Geaser, el Comité de Empresa advirtió de que se redujo el personal y de que se han modificado las zonas de forma que para cada barrendero sean más amplios, y todo mientras se ha recortado en un millón de euros el gasto público en el servicio precisamente por la compra de autobuses