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El PP en funciones ‘blindó’ a Ferrovial de futuras sanciones en Valdecilla

12 de marzo de 2019. POR

De derecha a izquierda, César Pascual, Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga, con responsables de la empresa. La Junta Electoral sancionó al Gobierno de Cantabria por esta inauguración el 15 de mayo, en plena campaña.

El anterior Gobierno del Partido Popular ‘blindó’ en junio de 2015, en funciones, a la adjudicataria del megacontrato de Valdecilla, Ferrovial, para que el Ejecutivo no pudiera reclamar los incumplimientos de la empresa en la gestión de los servicios, lo que ha supuesto un perjuicio de 2,2 millones de euros.

Así lo ha estimado la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo socialista, en la que ha valorado la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Santander que anula la resolución que firmó el Ejecutivo saliente del PP, al considerarla lesiva para los intereses púbicos.

La pregunta parlamentaria del PSOE derivará en una moción subsiguiente, que llevará al posicionamiento de todos los grupos parlamentarios, en un debate en el que ya podrá intervenir el PP, que no ha valorado aún esta sentencia.

La resolución se aprobó el 17 de junio de 2015, con el Gobierno del PP en funciones y de salida tras los resultados electorales del 24 de mayo que devolvieron el poder a PRC y PSOE.

Fue una cláusula que complementaba el megacontrato que había guiado César Pascual, el anterior director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, cuando era consejera de Sanidad María José Sáenz de Buruaga. En la actualidad, Pascual es responsable de Sanidad en la Ejecutiva del PP que preside la candidata de los populares a las próximas elecciones autonómicas.

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Una colaboración público-privada para la finalización de la fase III del centro, que se inauguró en la campaña electoral de 2015, lo que le supuso una sanción al Gobierno de Cantabria por un acto de Ignacio Diego.

Además de las obras, el megacontrato supuso la adjudicación a 20 años (hasta 2034) de todos los servicios no sanitarios por más de 900 millones de euros.

Se hizo a través de la fórmula del diálogo competitivo por la que sólo concurrió una empresa al concurso, la UTE formada por Ferrovial y SIEC, que gestiona Valdecilla desde entonces a través de la empresa Smart Hospital.

El megacontrato de Valdecilla establecía una serie de obligaciones a la empresa y dejaba margen al Gobierno para que, en caso de incumplimientos por la parte privada, aplicara penalidades. Un sistema sancionador que consiste en deducciones de la factura que presenta Ferrovial al Gobierno por la gestión del hospital.

LA RESOLUCIÓN DEL PP APLAZABA LA POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIONES

Ignacio Diego, Mariano Rajoy, María José Sáenz de Buruaga y Iñigo de la Serna en su visita a Valdecilla, cuando se comprometieron al pago íntegro de las obras.

Pero la resolución que firmó el PP en funciones condicionó cualquier sanción a dos circunstancias: que hubieran pasado seis meses de la finalización del traslado de todos los servicios desde la Residencia Cantabria a la Fase III de Valdecilla, y que estuviera en marcha el sistema informático ‘Aurora’, cuya implantación dependía de la adjudicataria y se demoró.

El nuevo Gobierno, la Consejería de Sanidad que gestiona el PSOE, no recurrió la resolución hasta 2016, cuando tuvo conocimiento de aquella claúsula que firmó Pascual.

El nuevo Ejecutivo alegaba que la decisión no estaba avalada en el megacontrato y que retrasó la aplicación de deducciones más allá de aquel plazo de seis meses.

El nuevo director gerente, Julio Pascual, inició el 20 de octubre el expediente de lesividad, por el que el Gobierno ha recuperado 85.000 euros mensuales de media, como aseguraba en el último pleno del Parlamento la consejera, que eleva el daño a las arcas públicas a 2,2 millones de euros, porque Ferrovial gestiona los servicios desde 2014.

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El Gobierno PRC-PSOE presentó recurso administrativo con el objetivo de que quedara sin efecto la cláusula con la que el PP blindó a la adjudicataria y tuviera carácter retroactivo, para poder hacer una reclamación económica por las incidencias de los dos primeros años.

La sentencia justifica la anulación en que la resolución se aprobó “sin informes jurídicos preceptivos”.

EL INFORME QUE MOTIVÓ EL BLINDAJE COSTÓ 650.000 EUROS

En su intervención ante el Pleno del Parlamento, Maria Luisa Real denunció además que la medida de aquel Gobierno del PP en funciones sólo tuvo el aval de una empresa privada, Hill Antares.

“La empresa a la que la señora Buruaga adjudica por 650.000 euros para el seguimiento y control de la calidad del contrato público-privado sólo hizo una actividad: un informe que concluye que no se va a controlar la calidad del contrato, para lo cual ella misma está contratado por 650.000 euros”, como afeó la consejera al PP en el Parlamento.

Según la sentencia, este informe en ningún caso podía sustituir a la unidad jurídica de la Consejería de Sanidad o a la Dirección General del Servicio Jurídico, que es a quien la normativa encomienda su realización.

En su intervención, Real aseguró que “nunca se hubiesen impuesto deducciones sin cambio de Gobierno”, porque los responsables del PP “se saltaron la ley y el interés público”, como demuestra una sentencia que “confirma los valores, los principios, la gestión política de la exconsejera de Sanidad y del responsable de Sanidad del PP”.

Maria Luisa Real, asediada por las denuncias sobre contrataciones irregulares en el Servicio Cántabro de Salud, criticó a Buruaga, a la que “no hemos oído decir nada, ninguna explicación” sobre esta sentencia, y afeó al PP su “tono inquisitorial, lenguaje tabarnerio alejado de la más mínima cortesía y respeto parlamentario”.

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