El Gobierno estatal no ha apreciado irregularidades en los procesos de selección de personal en la Autoridad Portuaria de Santander, según ha hecho llegar a la diputada de Izquierda Unida, Isabel Salud Areste, quien elevó al Congreso de los Diputados estas circunstancias.

Puerto de Santander

En un escrito al que ha tenido acceso EL FARADIO, y que tiene por fecha el 21 de febrero, el Ejecutivo reconoce los hechos denunciados, como que las pruebas psicotécnicas de evaluación de competencias técnicas han sido utilizados en varias pruebas o que estas se encontraban disponibles en plataformas de venta de segunda mano como Wallapop, pero no las considera irregularidades.

En todo caso, el Estado apunta directamente a ADECCO, empresa externa especializada en selección de personal con la que se contó para llevar a cabo estas pruebas psicotécnicas. “Fueron el Test RP-30 y el Test GMA de razonamiento abstracto, razonamiento numérico y razonamiento verbal, todas ellas editadas por la empresa TEA EDICIONES”, reconoce el Gobierno, añadiendo que todo esto contó con el visto bueno del Tribunal calificador.

Sin embargo, sí considera que estas pruebas son “adecuadas para el nivel formativo exigido (grado o licenciatura)”, pese a que en algunos casos se usaron test de ingenieras en la selección de una plaza de jurídico. De hecho, recalcan que no puede “afirmarse que no puedan ser utilizadas para diferentes perfiles personales, dependiendo de si nos encontramos ante titulaciones técnicas o de humanidades”.

El Estado pasa la responsabilidad a la empresa y sus publicaciones, centrándose en que la introducción de las pruebas publicadas señala que “pretende ser una prueba universal aplicable a cualquier disciplina y en la que un sujeto de ciencias pueda competir en igualdad de oportunidades con uno de Letras, o viceversa”.

En cuanto al hecho de que los test estuvieran a la venta en el portal de segunda mano Wallapop, así como que se hubiera usado en anteriores convocatorias, vuelve a señalar a TEA EDICIONES, que señala que corresponde “la propiedad intelectual a dicha empresa”. “En consecuencia, la adquisición de dichas pruebas por canales no autorizados por TEA EDICIONES sería irregular”, añaden.

Sí que admiten “la posibilidad” de adquirir las citadas pruebas por los canales autorizados pero insisten en que “en las bases de la convocatoria no se identificó en ningún momento la prueba concreta que iba a realizar, precisamente para evitar que los candidatos pudieran obtenerlas con carácter previo”.

En cuanto a la convocatoria para la contratación de una plaza de Responsable de Comunicación e Imagen en la que se excluyó a periodistas, el Estado respalda el criterio adoptado por la Autoridad Portuaria en cuanto a la titulación exigible en la citada convocatoria, ya que insiste en que “viene motivado en que la función a desempeñar será la misma que la que tenían los dos Responsables de Comunicación e Imagen que se van a jubilar próximamente, es decir, la coordinación de las actividades culturales del organismo y de la gestión de su archivo”.

De hecho, resaltan que “el Tribunal puede optar discrecionalmente por exigir motivadamente aquellos títulos universitarios que considere adecuados al perfil concreto y a las tareas principales de las que se va a ocupar”.

UNO DE LOS AFECTADOS RECURRE EL CASO ANTE LA SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

Extracto del escrito del Estado dirigido al Congreso de los Diputados.

Uno de los abogados afectados por las pruebas psicotécnicas, Miguel Gómez Cotera, mejor conocido como el abogado de la plusvalía, ha recurrido el caso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Cotera ha presentado este recurso, que judicializa el caso, el pasado 15 de febrero después de que la directora del Puerto haya desestimado el Recurso de Alzada presentado frente a los resultados de las pruebas psicotécnicas de las competencias técnicas de la convocatoria de concurso-oposición.