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El sector de la Dependencia pide la derogación de las nuevas normas

14 de marzo de 2019. POR

El sector de las residencias ha rechazado este jueves las órdenes que ha publicado el Gobierno de Cantabria con nuevos requisitos y precios para la atención a la Dependencia, por lo que ha instado a los partidos políticos a que “adopten las medidas oportunas para solicitar al Parlamento de Cantabria la derogación de las presentes normativas”.

Así han reaccionado a la publicación en El Diario Montañés de la nueva normativa, que no cuenta con el visto bueno de las tres asociaciones que representan al sector de las residencias que prestan servicios para la atención a la Dependencia en Cantabria, la Federación Empresarial de la Dependencia, Lares Cantabria y PAD Cantabria.

Las empresas acusan al Gobierno PRC-PSOE de publicar in extremis unas normas para “maquillar” cuatro años de “abandono” y “absoluta inoperancia”, con estas modificaciones legales que se han ejecutado finalmente tras los fuertes enfrentamientos de las responsables de Política Social del Ejecutivo, Chabela Méndez, y la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Felisa Lois,  con el sector privado.

A pesar del desacuerdo, las empresas “tienden la mano” al Gobierno de Cantabria para elaborar unas normas “consensuadas con el sector que mejoren la situación de usuarios, trabajadores y entidades prestadoras”.

En opinión del sector, el Gobierno pretende “exhibir un interés por la mejora en la atención a las personas en situación de dependencia”, pero lo tacha de “rotundamente artificial”, como demuestran los últimos datos del Imserso que “colocan a Cantabria en las últimas posiciones de España, a pesar de ser la comunidad autónoma con mayor gasto público en la materia“.

“En el tiempo de descuento la consejería ha aprobado unas órdenes en las que hablan de decoración de habitaciones, de elección de opciones de ocio y de internet gratuito en los centros, cuando continúan sin resolver los problemas endémicos del sector”, denuncian en la nota.

Además, aseguran que en las reuniones mantenidas con el Ejecutivo las empresas han expuesto de forma recurrente “las dificultades en la actividad y el deterioro de la calidad en la atención a las personas usuarias”, que se derivan, a su juicio, de la falta de coordinación socio-sanitaria, la inseguridad jurídica, la sobrecarga burocrática o la desigualdad en la prestación del servicio.

Por otro lado, consideran “incomprensible” que el Gobierno reivindique los beneficios de la atención centrada en la persona “como algo novedoso”, así como que “se atribuyan su concepción, cuando está plasmado en la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria de 2007 y los centros ya operan en base a ese modelo”.

“Pretender adjudicarse la idea de ‘respeto a la dignidad y a los derechos de la persona’ es vender humo a dos meses de concluir su legislatura”, afean al Gobierno.

Y ponen de manifiesto la “falta de criterio” de los responsables de la nueva norma, por ejemplo sobre el aumento del ancho de los pasillos de 120 a 150 centímetros cuando, en la actualidad, “la norma ya exige que estos sean de 220”.

“No es de extrañar entonces que, durante la presente legislatura, el único centro residencial que ha abierto sus puertas no cumpla con el Código Técnico de Edificación, por lo cual el sector ha emprendido acciones legales”, apuntan también.

SUBIDA DE PRECIOS “FICTICIA”

Por otra parte, señalan que la subida de precios del 10% es “ficticia” porque “en ese porcentaje está incluido el IPC”, por lo que “no se trata de una inversión, sino de una adecuación a los costes de mercado”.

Asimismo, la subida “no alcanza a compensar la bajada de precios que se realizó durante la crisis económica”, ya que hubo plazas cuyo coste cayó hasta un 19%, según aseguran.

Por lo tanto, “no se han revertido los recortes sufridos como consecuencia de la crisis” por más que estos cuatro años fueran bautizados como “la legislatura de la dependencia”.

Respecto al personal y al aumento de la ratio, remarcan que “es una medida en la que el sector ha venido insistiendo desde el comienzo de la legislatura”, aunque añaden que “la situación laboral de los trabajadores es precaria” y “hay grandes dificultades para encontrar personal” a pesar de que es “una actividad importante por el empleo que crea para Cantabria”.

Por último, subrayan que “no se puede calcular una ratio adecuada sin revisar los grados de los usuarios, cuestión que solo se ha abordado en esta legislatura para aumentar el copago de los mismos”.

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