Del dictamen del Observatorio de Dependencia, comparativa de la evolución del gasto de Cantabria y de España

El debate de la gestión de la Dependencia ha saltado a la actualidad esta semana en Cantabria por dos asuntos: por una parte el Gobierno de Cantabria ha aprobado las órdenes que ponen nuevas exigencias a las residencias y nuevos precios públicos que elevarán un 10% el gasto autonómico.

Por otro lado, la candidata del PP a la Presidencia, María José Sáenz de Buruaga ha lanzado una propuesta para garantizar la atención en un máximo de tres meses, con una ley autonómica que funcionaría como la Ley de Garantías de Plazos de Demora en Sanidad – se derivan pacientes para su atención en la privada si exceden un máximo establecido-.

Para la presidenta de los populares, que fue consejera de Servicios Sociales con el anterior Gobierno, esta ha sido la legislatura del “retroceso”, la “imposición” – porque el Gobierno no ha consensuado con el sector de las residencias el nuevo modelo- y el “incumplimiento”.

Responde el Gobierno que ha “recuperado” un sistema de Dependencia “desprestigiado” y “deteriorado” por el PP y  pone en contraste el gasto medio por persona dependiente, que en 2012 era el “más bajo del país” en Cantabria, que en la actualidad es la comunidad «con mayor gasto».

LÍDERES EN GASTO

El gasto público estimado por dependiente atendido fue de 6.580 euros en el año 2018, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora cada año la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, consultado por EL FARADIO.

En el documento explican que el esfuerzo por dependiente atendido se reduce año a año por la “lógica incorporación” de dependientes con Grado I (cuyas atenciones a priori son de menor intensidad y por tanto de menor coste).

Sin embargo, subrayan la “variabilidad” por comunidades autónomas, que es de nuevo “excesiva”, entre los 4.332,80 euros de gasto público medio por dependiente en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los 7.697,40 euros de Cantabria, líder en gasto.

Considerando la población potencialmente dependiente (mayores de 65 años y menores de 65 con discapacidad) el gasto medio anual por persona en España es de 625,63 euros al año, mientras que en Cantabria esa cifra roza los 1.000 euros (984,19).

MÁS GASTO NO EQUIVALE A EFICIENCIA

Pero matiza el informe que “un mayor volumen de gasto no implica necesariamente hacerlo mejor” y aunque sí “denota voluntad política” no equivale a “eficiencia del gasto”.

De hecho, al Observatorio le “llama la atención” que con el peso tan elevado de las prestaciones económicas para los cuidados familiares, los costes unitarios sean en Cantabria superiores a la media en 1.058 euros más cada año por habitante, un 15,3% superior a la media estatal y 68,58 euros más por persona atendida, un 52,9% más que la media nacional.

Esa llamada de atención en el dictamen del 2018 es porque casi la mitad de las prestaciones en Cantabria eran por cuidados en el entorno familiar, que no supera 442,59 euros de máximo, según el ICASS, mientras que una plaza en una residencia tiene un coste, según fuentes del Servicio de Atención a la Dependencia (SAAD) consultadas,  en el mejor de los casos 1.400 euros.

Es decir, con un modelo de atención que se asienta en Cantabria en las prestaciones económicas para cuidados familiares (49%), que son las más baratas, sin embargo gastamos mucho más por dependiente que en el resto de España.

Por ese mayor peso de los cuidados no profesionales, aunque en 2017 se generaron hasta 500 empleos directos, fueron menos que en el resto  de las comunidades autónomas: 23 puestos de trabajo por millón invertido, frente a los 36 de media en el conjunto del Estado.

Sólo Navarra, Murcia y Baleares están por detrás de Cantabria en empleos directos, aunque en empleo directo por cada 10.000 habitantes la comunidad autónoma está un poco por encima (55) que en el total del Estado (53).

Y en tasa de recuperación, lo que revierte a las arcas públicas cada millón de euros de gasto público en Dependencia, Cantabria también está por debajo de la media, con un 37,3% frente al 40% del conjunto nacional.

En Cantabria, el sistema ha creado ya más de 3.000 empleos, con unos retornos de casi 50 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación por IVA por los servicios prestados (con los datos de 2017).

CANTABRIA SUSPENDE, BAJA DEL 5º AL 13º Y SE ESTANCA EN LA ATENCIÓN

El Gobierno de Cantabria presume en su balance de legislatura de haber incrementado las prestaciones hasta las 18.158 en 2018, frente a las 14.797 del dictamen de marzo de 2015, que reflejaba los datos al cierre de 2014.

Pero según el último dictamen Cantabria suspendió, con un 4,2, sólo por delante de Cataluña, Canarias, Baleares y Asturias. En sólo un año, la comunidad autónoma pasó del quinto lugar del ranking al decimotercero, porque venía de aprobar de forma holgada en el año 2017 con 5,36 puntos (frente a una media nacional de 4,62), y se destacaba su “evolución positiva”.

Sin embargo, en el último dictamen Cantabria se ubica, junto a Andalucía, Cataluña o La Rioja, en el grupo de comunidades autónomas con una previsión de más de seis años para la “plena atención”, que no llegaría hasta 2024 “si mantienen el ritmo de crecimiento de los tres últimos años”.

Al contrario que Castilla y León, o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que “han reducido la lista de espera hasta prácticamente la gestión normal de altas y bajas sin acumulados”, o de comunidades que “han avanzado muy positivamente” y “a este ritmo entrarían en plena atención en dos años”, como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Galicia y Murcia.

Cantabria está entre las comunidades que “se estancan o que tienen una absorción muy lenta, que parecen haber llegado a un punto en el que no pueden absorber la lista de espera  a base de incrementar atenciones al ritmo necesario, considerando el camino que les queda por recorrer”, con Asturias, Canarias y el País Vasco. Y en el vagón de cola aparecen Cataluña, La Rioja y Andalucía, incapaces de absorber el “limbo de la dependencia”.

Así, en Cantabria,había 15.734 atendidos al cierre de 2018, por 4.470 desatendidos y 3.750 no dependientes por 601 pendientes de valoración.

DEUDA DEL ESTADO

Otro aspecto que remarcan los sucesivos dictámenes es el efecto de los recortes en la primera etapa del Gobierno de Rajoy (PP), que ha llevado a eliminar en la práctica totalidad la aportación del Estado a la financiación de la Dependencia.

Cantabria dejó de percibir 9,7 millones de euros del Ministerio en el año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del Mínimo (13%) aprobado por el RD 20/2012.

Con esa cantidad, apunta el dictamen del año pasado, se habrían conseguido 1.268 personas más atendidas y 224 empleos.

Cantabria había dejado de recibir 55,7 millones de euros en los seis años de recortes estatales, por lo que en la actualidad la deuda del Estado supera los 60 millones de euros, y el Gobierno de Cantabria aporta el 84% de la financiación.

“TREMENDO VARAPALO” POR EL RECHAZO DE LOS PRESUPUESTOS DE 2019

El incremento de un 59% de las partidas para la financiación de la Dependencia fue una de las medidas más comentadas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que devolvieron las Cortes al Gobierno con el voto de PP, Ciudadanos e independentistas catalanes.

El último dictamen del Observatorio plantea el “tremendo varapalo” que ha supuesto no poder contar con unos PGE que “por fin” parecían que iban a “reiniciar” el sistema con una inversión que “no llegaba a cubrir las cuantías de 2011 pero que significaba un importante espaldarazo” tras un lustro de “recorte sostenido” -aun reconociendo un ligero incremento en 2018 en las cuantías del Nivel Mínimo que se aprobó en diciembre de 2017-.

Según recalca, los importes contenidos en el borrador de presupuestos (con un incremento de 415 millones de euros) “habrían posibilitado acelerar el proceso de reducción de listas de espera y, por tanto, minorar los fallecimientos sin ejercicio de derechos”.

También habrían significado “posibilitar la recuperación de derechos cercenados, incrementar intensidades y favorecer compatibilidades entre servicios”.

La estimación de la pérdida por el rechazo del presupuesto general 2019 para Cantabria es de 5,5 millones de euros, con los que se habría podido atender a 714 personas más,  y 2 millones de euros de retornos, así como 127 nuevos empleos.