Este martes, 19 de marzo, comenzarán los sondeos para la extracción de zinc en la cuenca del Besaya por parte de la empresa canadiense Emerita Resources, una de las dos principales beneficiadas del concurso que convocó el Gobierno para el uso del terreno, junto a la australiana Slipstream Resources.

Los sondeos comenzarán en Viveda, Santillana del Mar, a donde se trasladará el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, que ha mostrado su deseo de que en que “en 35 o 40 días” se pueda confirmar la presencia de blenda acaramelada, la materia prima del zinc, en los terrenos de la antigua mina de Asturiana de Zinc.

Área del permiso de investigación Buenahora || Fuente: documentación anexa al proyecto de investigación, Gobierno de Cantabria.

Para el presidente, el arranque de las prospecciones será la confirmación de “una gran noticia” para Torrelavega, para Cantabria y para el Puerto de Santander, que trae aparejada una inversión de 600 millones de euros y la creación de “no menos” de 2.000 empleos directos en la fase de construcción de la mina.

“La cuenca del Besaya necesita inversión y empleo, y este proyecto va a marcar un antes y un después”, ha señalado Miguel Ángel Revilla.

MODIFICACIÓN ‘AD HOC’ DE LA LEY DEL SUELO

Los comienzos de este sondeo llegan con dos meses de retraso, ya que el Ejecutivo los anunció previamente para el mes de enero.

Pero todo el proyecto se anunció por primera vez a principios de 2017, cuando el Gobierno estableció la posibilidad de reabrir la mina de zinc de Reocín.

Para lograrlo, se necesitó modificar ‘ad hoc’ la Ley de Suelo de Cantabria y así permitir la explotación del subsuelo. Algo en lo que expertos como Enrique Francés, que compareció en el Parlamento de Cantabria a petición de Podemos para remarcar el posible impacto en el suelo, anunciaron que podría desproteger el suelo rústico de Cantabria y de una manera muy especial afectar a la cueva prehistórica de Altamira.

A pesar de ello, esta modificación de la Ley de Suelo se aprobó en la Cámara en mayo de 2017 y se presentó el concurso abierto para que las empresas reclamaran derechos sobre el terreno. Fue en octubre de ese año cuando se resolvió el reparto del terreno entre seis empresas.

Este concurso daba a las empresas entre uno y tres años, dependiendo del caso, para comenzar los sondeos sobre el terreno, analizar los datos y presentar proyectos de negocio y ambientales.

RECURSOS ANTE LA COMISIÓN EUROPEA Y LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

En enero de 2018 Ecologistas en Acción anunció alegaciones a esta modificación de la ley y, en junio de ese mismo año, Unidos Podemos reclamó desde el Congreso de los Diputados, sin éxito, que se suspendieran los permisos.

Finalmente, el proceso ha continuado hasta que se ha publicado el calendario de las prospecciones y que ha motivado dos movimientos:

• Por un lado, que Izquierda Unida ha llevado el caso a la Comisión Europea ante una posible vulneración de directivas comunitarias.

En concreto, la vulneración correspondería a la Directiva 2011/92/UE, sobre la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente; la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres; y hasta el Artículo 174 de la Unión Europea.

Los candidatos de Izquierda Unida a la presidencia de Cantabria y a la Eurocámara, Israel Ruiz y Vanessa Angustia, advirtieron que “las ansias del Gobierno de Cantabria” para “liberalizar el suelo y nuestros recursos naturales”, pueden “salirnos muy caras” ya que “se estarían vulnerando numerosas directivas comunitarias”.

• Y, por otro lado, que Ecologistas en Acción ha anunciado que recurrirían a los tribunales por dos vías de lo Contencioso-Administrativo: contra el Gobierno de Cantabria por aprobar y otorgar el permiso de investigación de Salía y otro contra el Ayuntamiento de Santillana del Mar por dar tres licencias de actividad y obra a la apertura de varios pozos de sondeos en las localidades de Queveda, Yuso y Mijares.

“Consideramos una ilegalidad de la Ley del Suelo del Gobierno de Cantabria”, ha asegurado el portavoz de Ecologistas en Acción en Cantabria, Floren Enriquez, en declaraciones a EL FARADIO. “Fue una modificación legislativa aprobada con esa única finalidad, dar expresa cobertura a una serie proyectos de explotación minera como el presente, a efectos de que puedan llevarse a cabo en todo tipo de suelo rústico de especial protección”.

Por eso, la asociación considera que ese cambio legal “se puede considerar una desviación de poder, o cuando menos, arbitrariedad, y una norma carente de la necesaria motivación conforme a derecho” que, además, “no ha estado guiada por el interés público, ni ha respetado la Ordenación del Territorio, el Urbanismo o el Medio Ambiente”.

Asimismo, señala que no se han tenido en consideración los efectos económicos y sociales que puede tener la actividad minera en las inmediaciones de un medio rural y turístico como es el litoral de Cantabria.

El área del proyecto se extiende a través de seis municipios (Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, Reocín, Cartes y Mazcuerras) que recogen, señalan, unas actividades económicas con alto riesgo de verse afectadas negativamente por la actividad minera, especialmente la actividad del sector primario, por la afección a suelos de alta capacidad de uso agrícola, y la del sector servicios relacionada con el turismo.

En Suances y Santillana del Mar, según sus cálculos, el impacto negativo de dicho efecto alcanzaría potencialmente a 1.458 y 932 trabajadores, respectivamente. En total, en los dos municipios principalmente afectados por el proyecto de investigación se incrementaría la vulnerabilidad y probabilidad de desaparición de 2.390 empleos de manera directa.

Además, han alertado del “serio peligro para la salud y el medioambiente” del proyecto de extracción de Zinc en Salía.

JORNADA SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UN PROYECTO MINERO

De cara al futuro, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha organizado una jornada el próximo 27 de marzo en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de Torrelavega.

El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y de la Universidad de Cantabria (UC), analizará los impactos socioeconómicos, los proyectos empresariales existentes y la perspectiva política ante una iniciativa que se podría traducir en una importante creación de empleo para la región.

Carlos Sánchez, secretario general de CCOO de Cantabria, ha considerado que si los sondeos son positivos habría que hacer un proyecto minero. “Las consecuencias de la extracción del zinc se pueden medir en muchos aspectos, desde los que hacen referencia al empleo hasta aquellos otros de impulso social y desarrollo local, sin obviar, por supuesto, los relacionados con la sostenibilidad y compatibilidad con el medio ambiente”, ha señalado.

“Desde CCOO queremos contribuir a que se despejen las incógnitas y provocar la mayor difusión posible de una iniciativa que, si se dan las condiciones, puede generar un volumen de actividad económica y de empleo importante”, ha señalado Sánchez, que ha llamado a la “prudencia” porque “aún no se pueden poner cifras sobre la mesa” pero ha considerado que si los sondeos son positivos habría que hacer un proyecto minero, “que a día de hoy evidentemente no existe” y ver “las condiciones en que se puede hacer esa práctica minera respetando el medio ambiente, el patrimonio cultural, la arqueología y nuestros usos y costumbres”.

Del mismo modo, ha reiterado la necesidad de “hacerlo en un marco compatible con el desarrollo sostenible” pero ha insistido en que no se puede perder la ocasión “de reactivar nuestra economía generando empleo y actividad económica. Es una riqueza que tenemos en el subsuelo y que, si hay, lo mejor es explotarla”, ha dicho el secretario general de CCOO de Cantabria.

La jornada contará con dos mesas redondas que analizarán las iniciativas empresariales y las perspectivas políticas ante la posible reapertura de la actividad minera en la cuenca del Saja y del Besaya con la extracción del zinc.