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El ICASS intenta disuadir a las residencias de su recurso ligándolo a la financiación

28 de marzo de 2019. POR

El Gobierno de Cantabria ha advertido a las residencias de mayores y dependientes de que si recurren la nueva normativa que ha aprobado para el sector perderán la subida de ingresos prevista para el mantenimiento de sus centros.

Residencia de personas mayores

Así se afirma expresamente en una nota informativa, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, remitida a las residencias desde el Instituto Cántabro de Servicios Social (ICASS, dependiente de la Consejería de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos).

En el texto se les recuerdan las nuevas normativas para el sector, aprobadas hace dos semanas en el Boletín Oficial de Cantabria, que afectan a cuestiones como la acreditación de los centros o los requisitos que deben tener, así como la fijación de precios públicos. La normativa entraría en vigor de forma casi inminente, el próximo 1 de mayo.

Todo parte de la introducción de un nuevo modelo, denominado de atención centrado en la persona y calidad de vida (ACPyCV), que busca una atención más individualizada, pero que el sector cuestiona porque incrementa de golpe y notablemente los costes en una comunidad en la que la fórmula mayoritaria es la de residencias privadas o concertadas con ellos.

Desde el Ejecutivo se recuerda en esa nota enviada masivamente que estas nuevas órdenes llevaban aparejadas una financiación adicional de 7,5 millones de euros al año, basada en nuevos precios y análisis de costes ligados a la Ley de Dependencia.

Y añade a continuación que una reciente legislación estatal (en concreto la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la Economía española) prohibía expresamente desde el año 2015 revisar periódicamente los precios públicos conforme al IPC (el Índice de Precios al Consumo, que mide la evolución de los precios).

El ICASS liga expresamente esta financiación al recurso que han anunciado las residencias contra la normativa: “cualquier recurso interpuesto contra las nuevas normas (…) supondrá automáticamente que no entraran en vigor tampoco los nuevos precios públicos, ni por tanto la financiación adicional de 7,5 millones de euros que lleva aparejada, al estar condicionados estos nuevos precios a la vigencia de los nuevos requisitos materiales y funcionales”.

El Ejecutivo señala que se ha producido un proceso de diálogo con el sector que ha durado más de dos años. En otros casos se establecen períodos de adaptación de entre uno y tres años.

LA REACCIÓN DEL SECTOR A LAS NUEVAS NORMATIVAS

El sector de las residencias ha anunciado que impugnará el modelo, fundamentalmente por la falta de consenso con ellos, quienes se encargarán de desarrollarlo.

Y recuerdan que este nuevo modelo de atención a la persona no es novedoso, pues está plasmado en la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria de 2007 y los centros ya operan en base a ese modelo”.

Además, han apuntado que la subida de precios del 10%  anunciada es “ficticia” porque “en ese porcentaje está incluido el IPC”, por lo que “no se trata de una inversión, sino de una adecuación a los costes de mercado”, y, en cualquier caso, “no alcanza a compensar la bajada de precios que se realizó durante la crisis económica”, ya que hubo plazas cuyo coste cayó hasta un 19%.

LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN CANTABRIA: MÁS GASTO PÚBLICO Y LISTAS DE ESPERA

El gasto público estimado por dependiente atendido fue de 6.580 euros en el año 2018, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora cada año la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, consultado por EL FARADIO.

Según else último dictamen Cantabria suspendió en atención a la dependencia, con un 4,2, sólo por delante de Cataluña, Canarias, Baleares y Asturias: en sólo un año, la comunidad autónoma pasó del quinto lugar del ranking al decimotercero y está entre las comunidades que “se estancan o que tienen una absorción muy lenta en cuanto a la lista de espera, esto es, las personas a las que se ha reconocido el derecho a la valoración pero que no la están recibiendo.

Así, en Cantabria,había 15.734 atendidos al cierre de 2018, por 4.470 desatendidos y 3.750 no dependientes por 601 pendientes de valoración.

Informe Dependencia: Cantabria lidera el gasto pero se estanca en la atención


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