El ICAF contrató a una asesoría externa que no evaluó los riesgos de las operaciones
¿Corrige la administración sus errores cuando se los señalan?
El Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) presentó como cumplimiento de recomendaciones a errores detectados en auditorias previas la contratación de una asesoría externa privada que de hecho no satisfizo las indicaciones encargadas.
Así consta en un informe de auditoría de los años 2015 y 2016 elaborado por Intervención –organismo del Gobierno que fiscaliza a la propia Administración– sobre este organismo público especializado en crédito y financiación y ligado a la Consejería de Economía y Hacienda.
En concreto, ese informe, consultado por EL FARADIO, hace referencia a una auditoría previa, correspondiente a los años 2011 y 2012, en la que ya se detectaron una serie de “incidencias” en su funcionamiento (algunas reiteradas en el tiempo), como duplicidades con las funciones de otros organismos públicos como SODERCAN o el margen de subjetividad en la concesión de avales, además de la falta de seguimiento y evaluación de las operaciones avaladas.
Y se plantearon 20 medidas correctoras (que pueden resumirse en 17), que incluyeron desde la elaboración de manuales de funcionamiento hasta el cambio de normativas, según la respuesta dada por el Instituto Cántabro de Finanzas.
LA CONTRATACIÓN EXTERNA
Y en dos de ellas la medida recomendada y adoptada fue la contratación de una empresa externa de asesoramiento y consultoría para operaciones específicas, que fue Glezco Asesores.
En concreto, Glezco, el despacho a cuyo frente se encuentra el abogado David González Pescador, se encargó de las operaciones de Ecomasa, Netboss, Apia y Sonkyo, que juntas sumaban un importe de 17,1 millones de euros.
Pero Intervención asegura que esos trabajos en realidad no cumplen con las recomendaciones que le fueron trasladadas en el anterior informe, por varios motivos:
-no se evalúa de manera “exhaustiva” cada uno de los proyectos, en especial a la hora de determinar “su viabilidad íntegra”
-no recoge los riesgos o pérdidas que pudieran provocar para el ICAF o la comunidad autónoma
-no evalúa si estos riesgos se cubren de manera “”razonable” con las garantías constituidas a favor del ICAF
MÁS RECOMENDACIONES INCUMPLIDAS
En dos de las recomendaciones se habla como medida de un nuevo reglamento cuyo proceso de aprobación no había finalizado cuando se emitió este nuevo informe.
En cuatro de esas recomendaciones la medida adoptada por el ICAF es, literalmente, ninguna (“no se ha considerado oportuno realizar ninguna acción sobre la recomendación propuesta o bien no es competencia del ICAD”, justificaba el ente).
Entre ellas están el proyecto Comillas, al haber sido declarado por el Gobierno como estratégico; o la operación del Racing de Santander, al entenderse que ya la fiscaliza el Tribunal de Cuentas.
Más sobre Comillas: 1,2,3,4,5,6,7,8
Más sobre el Racing: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11
En cuanto a las duplicidades con otros organismos, como la empresa pública SODERCAN adscrita a la macroconsejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Políticas Sociales, se considera que lo que se pide, reorganizar la administración, es algo que no le corresponde al ICAF.
Participantes en la génesis del proyecto Comilla en una visita a las obras del Seminario.
Respecto a la reorganización interna, el ICAF no atiende esa recomendación del Interventor porque piensa que la distribución de la plantilla está de acuerdo con la carga de trabajo.
Al respecto, Intervención observa que la relación de puestos de plantilla de esta entidad no ha sido aprobada (o no hay rastro documental de ello) por el Consejo Ejecutivo, que es su máximo órgano de dirección, pese a que ese paso es algo que marca la Ley por la que se creó el Instituto.
De hecho, los auditores señalan que la plantilla del ICAF “ha ido descendiendo de manera gradual y acumulativa” sin que los puestos perdidos hayan sido cubiertos con nuevo personal, y dado el aumento de trabajo, Intervención reitera su petición de medidas en materia de plantilla.
En cualquier caso, siguen sin definirse los perfiles de cada puesto de trabajo. Esto impide evaluar que se estén cumpliendo con esas funciones.
Tampoco hay una política de fijación de retribuciones (y se constatan diferencias en puestos que parecen tener la misma responsabilidad, o empleados que sumaron nuevas funciones sin variar su retribución), ni de formación necesaria para cada responsabilidad.
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LOS MANUALES
En el informe, Intervención hace un reconocimiento al “importante esfuerzo” del ICAF a la hora de “normalizar” sus procesos.
La situación actual deriva del rescate al Racing de Santiago Díaz en 2004
Los manuales que ha adoptado el Instituto Cántabro de Finanzas tras las últimas recomendaciones del Interventor suponen la definición de las fases de las operaciones de crédito, la distinción de si el beneficiario es público o privado, la adopción de una metodología “transparente” con criterios propios de inversores privados para que se pueda cumplir con la normativa europea sobre ayudas de Estado (en el pasado alguna ayuda pública a empresas privadas ha supuesto problemas precisamente por incumplir estas normas), o definir criterios “objetivos” con los que medir el “deterioro” y cumplir, así, la Ley en base a la cual se creó el ICAF.
Las mejoras que sí se han introducido abarcan cuestiones como que ya hay constancia documental de determinadas operaciones (las solicitudes de financiación) –pero con la “debilidad” de que el registro se hace con una hoja de cálculo, que puede ser, por tanto, alterable- y de que no registra el destino de la petición-
Y si bien ya hay informes de riesgo de economistas, se encuentran “importantes dificultades” para determinar el riesgo total de las operaciones (hay informes favorables pese a que esos mismos documentos observan “desequilibrios financieros relevantes”)
Con todo, siguen sin adoptarse cuestiones que los auditores valoran como “esenciales” (y cuya falta, de hecho, ha afectado a la elaboración de este informe, según apostillan):
-No hay una metodología de los criterios de admisión de riesgo ni de determinación de las garantías
-No hay principios de gestión del riesgo crediticio
El informe del Interventor hace varias menciones a cómo se gestionan las operaciones cuando afectan de algún modo a la propia administración, pero eso os lo vamos a contar en una información específica.
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