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SIDENOR evitó controles para las ayudas al considerarse una operación pública

7 de mayo de 2019. POR

Intervención, el organismo del Gobierno de Cantabria que fiscaliza el cumplimiento de las normas por parte de la propia Administración, llama la atención sobre cómo las empresas privadas que se benefician de avales del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) lo hacen también de una mayor flexibilidad en los criterios cuando reciben apoyo público de forma indirecta.

Miguel Ángel Revilla, Eva Díaz Tezanos y Salvador Blanco en la firma del acuerdo de entrada de SODERCAN (público) en SIDENOR (privado)

Así lo hace en un informe de auditoría, consultado por EL FARADIO, en el que se repasa el grado de cumplimiento que ha hecho de recomendaciones pasadas el ICAF, organismo público con competencias en la concesión de avales ligado a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Y entre los incumplimientos se constata que no hay formas definidas de funcionamiento cuando la operación es con la propia Administración, y, en especial, con empresas o fundaciones públicas de forma indirecta.

Esto supone, tal y como expone el Interventor, que cuando se actúa con un ente público que a su vez esté apoyando a una empresa privada, el ICAF considera la operación como pública y el método es más “flexible” y “a menor coste” que si lo pidiera directamente la empresa.

Ese fue el caso de la operación con la fábrica SIDENOR, en la que formalmente se avaló a la empresa pública SODERCAN para que comprara participaciones por valor de 15 millones de euros de esta industria afincada en Campoo: sus trabajadores acaban de convocar jornadas de huelga ante las incertidumbres sobre su futuro después de que haya trascendido que las empresas que aspiran a comprarla no garantizan el mantenimiento del empleo más allá del tiempo al que se ciña el acuerdo con el Gobierno de Cantabria.

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De hecho, el Interventor aboga porque en estos casos, al tratarse de dinero público, se deben establecer controles “más rigurosos” –pedir a los entes públicos información adicional–, sin que ello sea “inmiscuirse” ni “una grave injerencia” en el papel de las empresas públicas, como llega a sostener el Instituto a la hora de replicar a los auditores en sus alegaciones al informe.

Más sobre inversiones públicas en empresas privadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Porque el auditor observa como no se ha hecho ningún tipo de provisión de fondos de recuperar lo ingreso en operaciones formalizados, ni en las relacionadas con el sector privado ni con el público.

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OPERACIONES SIN DETALLAR

Por ejemplo, cuando el titular de una operación es una entidad pública no se le exige garantía, sin que conste una norma interna que especifique que deba hacerse así.

Tampoco se recogen en esos informes datos sobre la capacidad de reembolso por parte de esos entes, no si quienes los piden tienen alguna posición “irregular” con el ICAF.

Un mayor control previo del riesgo hubiera ahorrado, reseña Intervención, gastos al ICAF, que tuvo que pagar por gastos judiciales (despachos, procuradores, etc…) un total de 168.000 euros en los años 2015 y 2016.

Intervención apunta en sus observaciones que cuando las operaciones son públicas (con empresas o fundaciones de la propia Administración), el registro documental de estas peticiones es “prácticamente idéntico”, con “independencia” de la finalidad de la operación, ya sea esta buscar liquidez, acometer una inversión o realizar un proyecto concreto.

Y en el caso de las operaciones de liquidez, los análisis que se adjuntan “no aportan información básica para la toma de decisiones”.

SIN SEGUIMIENTO AL SECTOR PÚBLICO

Asimismo, incide en la falta de un criterio para la elaboración de los informes previos en los casos de endeudamiento de entidades públicas (existe lo que se denomina informe de coherencia e impacto en la deuda, obligatorio por Ley, sin que se haya fijado el momento del proceso en el que debe emitirse, de hecho ni siquiera viene recogido ese trámite en el manual interno del ICAF), a lo que se suma que esos informes no detallan si la operación tiene impacto en el déficit público a la hora de calificar una operación como favorable.

Más aún: esos informes no recogen si cumplen el principio de prudencia financiera (otro requisito legal) y hasta 2017 esos informes los elaboraba un analista, pero sin supervisión de un organismo superior (algo que sí que figura que debe hacerse en los manuales del Instituto).

El ICAF asegura que ese informe, en cualquier caso, no influye en su proceso de toma de decisiones, sino que es un “simple requisito legal” antes de que la Consejería de Economía de la que dependen les autoricen operaciones de endeudamiento.

Y no se tiene evidencia documental de que se elaboren informes de seguimiento de las operaciones de naturaleza pública, pese a que así lo establece un manual interno que, en cualquier caso, no indica por escrito la periodicidad con la que debería hacerse este seguimiento. En las operaciones privadas, el seguimiento debería ser semestral, pero tampoco se cumple.

EL ICAF DUPLICA SUS FUNCIONES CON SODERCAN

Sede de SODERCAN

Si bien el ICAF por ley (aprobada en 2008) se centraba en la captación de recursos y fondos para la comunidad y su labor se centró en el sector público, sí que tenía margen para operaciones con el sector privado cuando se consideraran inversiones “de interés estratégico para Cantabria”.

 

La crisis ha cambiado los hábitos: esas empresas privadas ya no recurren tanto al ICAF para nuevos proyectos de inversión o nuevas líneas de negocio, sino que su mayor necesidad es cubrir necesidades de tesorería y circulante, es decir, son operaciones para tener liquidez.

Y el Instituto ha ido evolucionando hacia una especie de asesoría, que no se considera mala, sobre el estado de las empresas, algo que no había previsto la Ley por la que se creó (y que supone una “duplicidad” con las funciones de otra empresa pública SODERCAN, que sí tiene esa misión entre sus funciones, y que a su vez también está ejerciendo tareas de financiación del sector privado. A veces se da el caso de que el ICAF financie a SODERCAN para que esta financie a terceros)

IZQUIERDA UNIDA-EQUO (MAREA CÁNTABRA) ADVIERTE DE QUE LOS «ESPECULADORES» NO GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DEL ACUERDO CON EL GOBIERNO

Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) ha pedido al Gobierno de Cantabria que actúe ante el “serio peligro” de que “un grupo de especuladores” se hagan con el control de SIDENOR” sin “garantizar el mantenimiento del empleo en una empresa estratégica para el empleo y la economía de la comarca de Campoo”.

Ruiz Salmón en SIDENOR

En un comunicado, el candidato de la confluencia progresista, ecologista y feminista, Israel Ruiz Salmón, se refería a la convocatoria de paros y huelgas por parte de la plantilla de esta histórica” empresa del sector del metal en Reinosa. “Si el Gobierno no va a actuar, que se aparte, y a partir del 26 de mayo habrá un nuevo Ejecutivo del que nos haremos cargo”, añadía.

Y recordaba que Sidenor ha recibido “la friolera” de 15 millones de euros en subvenciones por parte del Gobierno de Cantabria, “entregadas a cambio de nada a lo que se están demostrando como caza-subvenciones que se aprovechan de la barra libre”.

Los actuales dueños, advertía Israel Ruiz Salmón, “no sólo han incumplido los acuerdos suscritos con el Gobierno de Cantabria, como la creación de un centro de I+D o los 4 millones de inversiones”, sino que además “ahora pretenden vender la fábrica a una empresa norteamericana que no conoce el sector y sólo mantendrá el empleo mientras dure el acuerdo con el Gobierno, es decir, hasta el año que viene”, además de haber mostrado un “preocupante desconocimiento de las políticas laborales española”.

Por eso, Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) apuesta directamente, por la nacionalización y la gestión directa de la histórica Naval de Reinosa, “que ya está recibiendo dinero público pero sin mirar por la gestión”. “O esta opción o que el Gobierno no pierda ni un segundo más y garantice que los nuevos compradores mantendrán el empleo en la comarca”, defendía.

Además, en este caso concreto, el plan de viabilidad para Sidenor ha de contemplar la reconversión energética y el uso del excedente térmico de los altos hornos para, o bien generar electricidad a través de ciclo combinado, o bien canalizar esa energía para una red de calefacción que dé respuesta a los vecinos de Reinosa.

Frente a esta “política de parches y barra libre”, Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) anunciaba que “blindará” la industria para evitar que sus trabajadores sean “rehenes” de “cazasubvenciones”, recordando otros casos como los de Greyco, Ecomasa o, más recientemente, en Sonrionasa (la antigua Tinamenor)

Ruiz Salmón ha criticado que el Gobierno esté “sembrando más incertidumbres” a un sector que “es el que más estabilidad aporta desde el punto de vista salarial” y el que “contribuye a fijar población al territorio”, en este caso a Reinosa y Campoo, algo que le parece “especialmente grave” sobre todo a la luz de los datos del desempleo que “mes a mes constatan una enorme dependencia del sector servicios”.

Frente a esto, detallaba que el proyecto de Izquierda Unida-Equo (Marea Cántabra) apuesta por convertir a las políticas industriales en políticas “estratégicas” de legislatura, “blindánolas” en los presupuestos de la comunidad autónoma de forma que sean una estrategia que abarque la legislatura íntegra hasta lograr que el peso del PIB de la industria en el conjunto de la economía de la comunidad se incremento en 2 puntos.

 


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