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Desahucio a una mujer de 62 años y su hijo, ambos con discapacidad

8 de mayo de 2019. POR

El Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 6 de Santander emitió recientemente orden de lanzamiento contra la familia compuesta por Encarnación y su hijo José, ambos discapacitados. El desahucio se ejecutará el próximo lunes 13 de mayo a las 10 horas, según informa la plataforma STOP DESAHUCIOS.

José tiene 36 años, sufre una discapacidad intelectual y un trastorno del comportamiento grave, que determina una minusvalía del 65%, precisando de cuidados y atención permanente.

Su madre, Encarnación, por su parte, es viuda, tiene 62 años y padece diversas enfermedades como hipertensión arterial, espondiloptosis (desplazamiento de la quinta vértebra lumbar L5 que produce mucho dolor y ciática), lipomas múltiples abdominales y divertucolosis colónica.

Actualmente, sus únicos ingresos proceden de dos pensiones no contributivas de incapacidad de 333,20 euros mensuales.

Según Ruth Deguas, coportavoz de la plataforma, “hasta hace poco tiempo, gracias a mucho esfuerzo y a la ayuda de amigos y familiares podían hacerse cargo del alquiler de la vivienda (400 euros mensuales), pero en el último año esa situación cambió y tuvieron que dejar de pagar el arrendamiento. De hecho, la demanda se presenta por una deuda de 3.600 euros”.

“La familia entiende que el propietario haya iniciado la demanda pero ellas no tienen a dónde ir. Estamos hablando de una viuda ya mayor y un hijo con discapacidad mental que requiere supervisión permanente. Estamos hablando de una familia con unos ingresos mínimos para sobrevivir”, recalca la activista de la plataforma.

El pasado viernes 3 de mayo presentaron escrito para paralizar el desahucio, aunque todavía no han recibido respuesta alguna. Por ello, mañana se personarán en los juzgados de Santander en Salesas para interesarse por el asunto.

En la solicitud, se basan en diferentes cuestiones particulares pero, sobre todo, se sirven de la aplicación del reciente Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Dicha normativa, que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, obliga a suspender los desahucios una vez recibidos los informes sobre la situación de vulnerabilidad social y económica de los afectados por parte de los servicios sociales competentes.

Concretamente, la norma expresa que será hasta tres meses en el caso de demandantes que sean entidades y 1 mes en el caso de personas físicas.

Para Ruth Deguas, más allá de la posible suspensión, “lo más importante es conseguir con urgencia una vivienda para esta familia” y para ello se han iniciado gestiones con Gesvican, aunque sin resultados positivos por el momento.

Comentarios

  1. el montañes

    ¿como era eso de «familia desahuciada politico colgado» o era «obrero despedido patron colgado» que se gritaba en la transicion.? menudos politicos tenemos, y eso que les pagamos las juergas y los casoplones.


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