Casi un 40% de personas en situación de dependencia moderada llevan más de tres años sin que se les conceda la atención que les ha sido reconocida por el Gobierno de Cantabria, por falta de crédito presupuestario.

(Foto: Carlos Atienza)

El dato se lo afea al Gobierno de Cantabria el Defensor del Pueblo, que recoge varias quejas en este sentido en su informe anual, recogido por EL FARADIO, y si bien son generalizadas en todo el país, en Cantabria se supera (casi se duplica) la media nacional, que es de un 19,17%.

Los datos los proporciona la propia Administración: a 4 de abril del año pasado, se habían aprobado un total de 3.417 PIAs (Programas Individualizados de Atención, que recogen la forma de especializada de atención para los usuarios), correspondientes a personas a las que se les reconoció su situación de dependencia moderada y que presentaron la solicitud antes del 1 de enero de 2015 (el propio Defensor del Pueblo, en una recomendación aceptada por Cantabria, indicó que deberían resolverse en seis meses)

De esos programas aprobados sólo reciben atención efectiva 2.055 personas, lo que significa que hay 1.362 personas a los que no se les está atendiendo pese a que se les reconoció esa atención, y como un derecho subjetivo.

Además, están pendientes de aprobación 51 de estos programas, que se encuentran suspendidos temporalmente. Estas políticas son competencias de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Política Social, la macroconsejería de la vicepresidenta en funciones Eva Díaz Tezanos.

El Defensor del Pueblo recuerdo que la dependencia es un derecho y los derechos no pueden sufrir restricciones presupuestarias

El Defensor del Pueblo recuerda que la ley de atención a la dependencia, aprobada en 2006. Establecía está atención como un derecho subjetivo, lo que quiere decir que su asistencia no puede verse afectada por la falta de recursos públicos o concertados, lo que incluye también la insuficiencia de crédito.

Más aún: la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que “la Administración adoptará las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos”.

En este sentido, recuerda que en los presupuestos existe la figura de los créditos ampliables: aquellos que atienden obligaciones derivadas de normas con rango de ley, lo que permite que se puedan ampliar las partidas hasta que se cumplen los objetivos. Esto lo fija la ley general presupuestaria del Estado, pero también la Ley de Presupuestos de la propia comunidad autónoma de Cantabria para el mismo 2018.

Así que el Defensor del Pueblo hace un recordatorio expreso al Gobierno de Cantabria de que tiene el deber legal de resolver en tiempo y forma los expedientes relativos a la situación de dependencia, adoptando las medidas necesarias para la prestación de lo que es un derecho.

Es una situación que se produce en otras comunidades, y la respuesta de las administraciones autonómicas incide en la falta de financiación estatal pese a las medidas aprobadas en diciembre de 2017, Las autonomías también han respondido que están obligadas a cumplir el objetivo de déficit público indicado por el Estado.

UNA PÉRDIDA GENERALIZADA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN LAS RESIDENCIAS POR FALTA DE MEDIOS

En general, el Defensor del Pueblo viene recibiendo muchas quejas en todo el país sobre la “pérdida de calidad” en la atención a las personas mayores en las residencias, percibida así tanto por los propios usuarios como por sus familias o las personas que trabajan en los centros, con menciones expresas a la “escasez de personal y de medios para ofrecer una atención adecuada a los mayores”.

Residencia de mayores

En todas las comunidades autónomas existe lista de espera para la asignación de plaza a personas en situación de dependencia en grado III y grado II, que tienen reconocido en su programa individual de atención (PIA) el derecho a atención residencial, por ser insuficiente el número de plazas para satisfacer los derechos reconocidos.

También se alude al uso de sujeciones, es decir, dispositivos o herramientas como cinturones de sujeciones a sillas o camas, cuyo uso desaconseja la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Cantabria es una de las comunidades que no ha enviado al Defensor del Pueblo información sobre si tiene algún tipo de normativa sobre las sujeciones. Lo que sí ha comunicado Cantabria es sus planes para normativas sobre acreditaciones de los centros.

En su informe, el Defensor del Pueblo alerta de que la insuficiencia de plazas públicas y concertadas de atención residencial para atender lo que no deja de ser un derecho legal, por lo que pide la revision de los ratios de personal ante el crecimiento de las personas en situación de dependencia.

La incompatibilidad de prestaciones, la insuficiencia de la protección prestada, la cuantía de la aportación al coste de los servicios, la cantidad garantizada para gastos personales en caso de atención residencial, la cuantificación de las prestaciones económicas y la fijación de un importe mínimo garantizado en las distintas comunidades autónomas han sido objeto de numerosas quejas que han llegado al Defensor del Pueblo.

CANTABRIA: GASTO INEFICAZ, CONFLICTIVIDAD EN EL SECTOR Y PROPUESTAS DE AYUDA AL SECTOR PRIVADO

La situación de los mayores y las personas dependientes viene centrando parte del debate público en Cantabria, en especial a raíz de la nueva normativa que ha impuesto el Gobierno de Cantabria frente al criterio del sector de las residencias y la atención a la dependencia (un sector cuyas trabajadoras vienen alertando de las condiciones de precariedad en que se desarrolla su trabajo, especialmente el de atención domiciliaria).

Pero también tras trascender un informe de los gerentes de servicios sociales en los que se constataba que el incremento del gasto público no estaba repercutiendo en mejoras en un servicio que acumula lista de espera.

Informe Dependencia: Cantabria lidera el gasto pero se estanca en la atención

Para paliarlas, el Partido Popular lanzaba en la reciente campaña electoral una propuesta que pasa por fijar unos tiempos máximos de atención y, en caso de no cumplirse, facilitar esa prestación en un centro concertado o privado compensando el Gobierno al centro por ello.

Paradoja sobre paradoja, el PP proponía extender a la dependencia un modelo que en lo sanitario fue aprobado por el PSOE en sus años de gobierno, y que critican colectivos como Cantabria por lo Público por suponer un desvío de recursos a la sanidad privada en lugar de una mejora de los medios de la pública.