Agentes de la UDEF investigan casos de corrupción || Foto: El Confidencial (EFE)

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional se han llevado documentación de la Consejería de Presidencia y Justicia, del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), así como otros documentos del Centro de Interpretación del Río Ebro en Fontibre, relativos al año 2010.

El Gobierno de Cantabria explicaba este último fin de semana que el pasado jueves puso a disposición de la Policía los expedientes de homologación de centros de formación para el empleo

A tal efecto, se personaron agentes integrados en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las dependencias del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y de la Consejería de Presidencia y Justicia, para recabar la citada documentación, así como información sobre la puntuación otorgada a los centros de formación desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones.

Tanto los responsables como los funcionarios que trabajan en los citados organismos han colaborado activamente con los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para, conjuntamente, recabar toda la documentación solicitada, buena parte de ella custodiada ya en los archivos definitivos de la Administración regional.

HOMOLOGACIÓN DE CENTROS

Tal y como ampliaba El Diario Montañés este fin de semana, la actuación de la UDEF es la consecuencia de una denuncia de una academia, Cossío Formación.

Según esta información, un informe de los agentes de la unidad policial a la Fiscalía Superior de Cantabria considera que, al menos indiciariamente, se han podido cometer irregularidades.

El centro ya había denunciado en el Juzgado una supuesta trama dentro de la Administración para beneficiar a determinadas academias de enseñanza especializadas en cursos de formación en perjuicio de otras, hasta expulsarlas del sector.

Después de investigar los hechos, el Juzgado archivó la causa, una decisión que fue recurrida ante la Audiencia de Cantabria, órgano judicial que todavía no se ha pronunciado sobre el caso.

La administradora de Cossío Formación, Olga García Cossío, señaló al periódico que el conflicto que mantiene por la homologación de sus centros se extiende a la actual Administración.

Según su versión, el pasado mes de septiembre solicitó a la directora del ICASS, María Felisa Lois, «la revocación de las actuaciones realizadas por los técnicos del Centro de Ayudas Técnicas (CAT), que fueron dictadas arbitrariamente a sabiendas de que eran injustas».

En su opinión, esos informes nunca fueron comunicados a su empresa, a pesar de lo cual «se enviaron al Emcan para ser utilizados para dar de baja a dos centros de Cossío Formación».

García acusa también a los técnicos de homologación del Servicio Cántabro de Empleo –los responsables de la acreditación de los centros de formación para acceder a las ayudas del Gobierno– de emitir «informes falsos y torticeros» sobre sus dos instalaciones.

En este sentido, la denunciante subraya que sus academias «son accesibles, como ya dijo el Gobierno de Cantabria en 2007, cuando concedió la accesibilidad universal».