La Justicia interviene la empresa del presidente de la asociación de constructores y promotores

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega ha nombrado una administradora judicial que se hará cargo de la gestión del Grupo Pinta, la empresa de Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria.

Conviene diferenciar la figura del administrador judicial de la del administrador concursal:

-Esta última ha sido muy habitual en los años de crisis: las empresas se declaraban en concurso de acreedores cuando no podían afrontar el pago de todas sus deudas, por lo que la Justicia acaba nombrando un administrador que se ponía ‘de facto’ al frente de la empresa y decidía en qué orden se hacían esos pagos, o si se pactaban reducciones en las cifras (quitas) o fraccionamientos y aplazamientos (esperas).

-Esto es diferente: no tiene que ver con que la empresa no pueda afrontar sus pagos (no está en concurso), sino porque no está cumpliendo con las obligaciones de pago derivadas de un embargo por una sentencia judicial.

Ante los reiterados incumplimientos de las órdenes judiciales de entregar documentación que se le había requerido –por los que se expone a una posible acusación de desobediencia a la autoridad judicial–, se ha optado por nombrar una administradora judicial que será quien responda ante el juez, según han confirmado a EL FARADIO fuentes jurídicas.

El propietario de Pinta propuso que el administrador judicial fuera un colaborador de su propia empresa, algo que fue rechazado. El nombramiento de esta administradora ya ha sido publicado en el Registro Mercantil.

EMBARGO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En concreto, se trata de un embargo por un importe de 100.000 euros que viene de un asunto que lleva coleando dos décadas y que en 2007 comenzó a sustanciarse en un proceso judicial por incumplimiento del contrato entre la constructora y una particular.

Ya en enero de 2017 el mismo Juzgado, de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Torrelavega, emitió una resolución en la que instaba a Construcciones Pinta a que cumpliera lo dictado en una sentencia de septiembre de 2016 y abonara 100.000 euros (más intereses, y otros 30.000 por futuros intereses, y las costas del procedimiento, por valor de 1207 euros), a la denunciante. Esa orden fue reiterada en mayo de 2017.

Posteriormente, en mayo se reitera la orden de embargo, a la que Pinta presentó recurso, y en julio los demandantes lo impugnaron, refiriéndose al “amplio entramado de empresas” (al menos siete, según documentación del Registro Mercantil, seis de ellas participadas al 100% por la empresa) a través de las cuales se “diluyen” los beneficios de manera que “nunca superen las deudas”.

ALEGAN FALTA DE LIQUIDEZ MIENTRAS TIENEN INGRESOS

La empresa ha venido alegando falta de liquidez ante la crisis inmobiliaria, algo que rechazan los demandantes, que replican que pese a la situación del mercado un ha dejado de facturar ni emitir nóminas a personal y directivos, (ni de recibir subvenciones públicas).

Y, tal y como se detallaba en la demanda, datos del Registro Mercantil confirman que en 2017 el Grupo Pinta tuvo ingresos por valor de 399.415 euros y un volumen de operaciones declaradas por importe de 401.817 euros, o que la empresa ha llegado a abonar a su propietario 70.229 euros en concepto de gastos de personal durante 2017 y que el presidente cobra nómina de la misma. Consideran que está ocultando su situación a la Justicia, que le ha reclamado documentación y facturas que no ha recibido, por lo que le ha avisado expresamente de que podría incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, según refleja documentación judicIal de la causa a la que ha tenido acceso EL FARADIO.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES

Gervasio Pinta, empresario muy ligado a Torrelavega, es desde 2016 el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, tras relevar a Justo Cobo.

Bajo su mandato han sido frecuentes las alusiones a las parálisis en los PGOU municipales, o a la necesidad de un plan de choque para el sector a base de obra pública, además de los mensajes sobre la recuperación económica y las críticas a la morosidad en los pagos por parte de la Administración.

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