Unidas por Santander solicita al Ayuntamiento que facilite ayuda y orientación a los receptores del ingreso mínimo vital
Unidas por Santander ha criticado el escaso tiempo, apenas diez días, que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha impuesto a los solicitantes del Ingreso Mínimo Vital para que aporten la documentación acreditativa de haber presentado la correspondiente solicitud.
“Muchos de los beneficiarios son absolutamente incapaces de gestionar, a través de acceso web, la solicitud del ingreso mínimo vital” ha lamentado el concejal de la formación, Miguel Saro, que ha insistido en que el trámite “tiene su dificultad”, especialmente para aquellos “incapaces de superar la brecha digital”.
Por este motivo, el edil ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que facilite ayuda y orientación a dichos receptores, y ponga a su disposición “tanto las salas de informática de los centros cívicos, como personal con capacidades suficientes para ayudarles a tramitar estas ayudas”.
“Entiendo que hace falta una coordinación entre los distintos servicios prestadores de este tipo de ayuda y que esa coordinación exige que se ponga a disposición de los beneficiarios de esta renta medios suficientes de ayuda personal para tramitar esta solicitud”, ha asegurado el concejal en nota de prensa.
Además, el edil ha requerido al Gobierno de Cantabria que también disponga de los medios que tenga su a su servicio para “facilitar” que los futuros receptores del ingreso mínimo vital puedan tramitar sus solicitudes. “Hay que recordar que el riesgo que se traduce del incumplimiento de este plazo es que el servicio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales dejará de pagar esas prestaciones a los beneficiarios, lo cual es un chantaje imposible asumir”, ha remachado.
DATOS DE MARZO
En el mes de marzo, la Delegada del Gobierno en Cantabria informaba de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) iba a llegar a más de 2.400 hogares cántabros en los que viven 6.700 personas, de las que 44,2 por ciento con menores.
En concreto, según detallaba Quiñones, los hogares de Cantabria includos en la nómina de marzo, que se abonará en los próximos días, ascienden a 2.408, con 3.738 adultos y 2.963 menores. De media, en Cantabria, cada hogar recibirá 509 euros.
En el conjunto del país, el IMV llegaba en marzo a 203.000 hogares, formados por 320.020 adultos y 245.175 menores.
La delegada del Gobierno ensalzaba en marzo que el Ingreso Mínimo Vital “es un instrumento especialmente eficaz para combatir la pobreza infantil” que es “uno de los grandes retos de este Gobierno”, y desde la puesta en marcha en marcha de esta prestación, ya se han destinado más de 920 millones de euros.
“Este Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo poniendo en marcha desde cero el Ingreso Mínimo Vital y haciéndolo en plena pandemia de la COVID-19”, ha enfatizado la delegada del Gobierno, que también agradecía el trabajo de los empleados públicos de la Seguridad Social para tramitar las solicitudes presentadas.
El Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia hasta un umbral de renta garantizado que varía en función del tipo de hogar contabilizando las rentas preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.
El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.
10.107 SOLICITUDES EN CANTABRIA
En concreto, hasta el cierre de la nómina de marzo, el INSS recibía en Cantabria 10.107 solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación. De ellas, se hanbían tramitado 10.017, más del 99% del total, con 2.458 prestaciones aprobadas y 5.156 denegadas. Otras 2.403 estaban en proceso de subsanación, es decir, que se ha reclamado al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente.
En su mayoría, las denegaciones se producían por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se debían a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puediesen realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.