Las plataformas de vivienda advierten de que las estadísticas sobre ocupación están infladas al mezclar conceptos

Las presiones de empresas de desalojo surgidas ante esa alarma se extienden a otra vivienda en El Alta (General Dávila). Piden investigación policial contra esas empresas
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Las plataformas PAH Santander y STOP Desahucios, que trabajan en la defensa del derecho a la vivienda, han advertido de que las estadísticas oficiales de ocupación están infladas al mezclar conceptos.

En concreto, se introduce en ese criterio el allanamiento y la usurpación, que no se corresponden a la misma realidad: el allanamiento afecta a lo que se llama morada (el lugar en el que se desarrolla la intimidad de la persona, dotado de protección jurídica) y la usurpación, que afecta a inmuebles desocupados.

Es un planteamiento que le han trasladado en una reunión a la delegada de Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, al hilo de los problemas que están sufriendo precisamente con una empresa de las que han proliferado dedicadas a la desocupación (sic).

Desde STOP Desahucios ya habían denunciado de las amenazas, coacciones y el asalto producido en una vivienda de la calle León Felipe de Santander.

Según Ruth Deguas, asistente a la reunión y portavoz de la plataforma Stop-Desahucios, estos hechos fueron llevados a cabo por “un empresario vallisoletano, su abogado y un grupo de extrema derecha de Alicante (Serviokupas) que se dedican a echar de forma violenta a la gente de sus casas, con independencia de la situación legal del inmueble”.

“Además, las personas afectadas residen en su vivienda de forma legal y, aunque hay un procedimiento judicial en curso (desahucio en precario), está lejos de ser resuelto a corto plazo”, recalca la portavoz.

Una situación similar se ha producido en otra vivienda, en El Alta (General Dávila), donde una familia ha sido víctima de las coacciones y amenazas de un constructor madrileño y de una empresa inmobiliaria.

En este caso, la familia afectada viene sufriendo desde hace tiempo una ejecución hipotecaria pero sigue siendo la propietaria del piso; merced a un reciente auto judicial que retrotraía las actuaciones al principio del proceso judicial, antes de que la empresa Beyos y Ponga (empresa instrumental de Liberbank) se adjudicara la vivienda en una subasta que ha sido anulada por dicho Auto.

En opinión de Ruth Deguas, “todo esto obedece a que hay negocio. Los mayores beneficiados son, en primer lugar, los grandes tenedores de vivienda vacía (bancos y fondos buitre); después, las empresas de seguridad que hacen su agosto con la venta de alarmas, que vieron incrementadas sus altas en un 200%. A todos estos se han unido recientemente algunos pequeños y medianos empresarios, que quieren repartirse también parte del pastel, comprando inmuebles sin haberlos visto y con familias dentro. Estos últimos tienen menos escrúpulos en cometer delitos si hace falta y contratan empresas de macarras como los grupos de desocupas”.

LA CONFUSIÓN QUE LLEVA A LA ALARMA

Otra de las participantes en el acto como representante de la PAH es María González, para quien “en los dos últimos años han proliferado de forma alarmante las empresas de desocupación, amparadas en una supuesta ‘alarma social’ que no existe con los datos encima de la mesa”.

El problema, según la portavoz, es que algunas de las cifras están falseadas en origen: “por ejemplo, el Ministerio del Interior dice que en 2020 hubo más de 14.000 casos de ‘ocupación ilegal’, sin embargo, estos datos proceden de una interpretación errática de la policía al mezclar casos de allanamiento con usurpación sin ningún rigor”.

De hecho, “en el mismo año contabilizado (2020) hubo 3.157 casos de usurpación según el INE. El error procede de etiquetar inicialmente como allanamiento delitos que posteriormente se convierten en robos al entrar en el sistema judicial”, aclara María González.

En la reunión, los participantes de las plataformas han resaltado la importancia de la ayuda policial para que las denuncias puedan gestionarse con eficacia. “Los atestados de los agentes de la autoridad son de vital importancia para que las denuncias no terminen en saco roto. Se necesita una mayor implicación de la Policía en casos como los denunciados”, recalca la portavoz de la PAH.

Y, por otro lado, “la Delegación de Gobierno debería fijarse en lo que ocurre en otros territorios para no cometer los mismos errores”. María González se refiere a la reciente celebración de una concentración en el mismo domicilio de la afectada, convocada en Madrid por una empresa de desocupación, y a pesar de que aquélla residía legalmente en su vivienda.

Incumplimiento de los Reales Decretos del Gobierno

Por otro lado, los representantes de las plataformas han trasladado a la delegada del Gobierno su inquietud por la gran cantidad de desahucios ejecutados en plena pandemia (461 en Cantabria durante el año 2020) y a pesar de los reales decretos (RD 11/2021 y RD 16/2021) que prohíben la ejecución de lanzamientos de familias en situación de vulnerabilidad.

Tanto la plataforma Stop-Desahucios como la PAH han comunicado a Ainoa Quiñones que muchos de estos desalojos han sido realizados de forma completamente ilegal.

En concreto, todos los desahucios conocidos por las plataformas se han hecho con el obligado “incidente de suspensión extraordinaria de lanzamiento” y se ha presentado la documentación que demostraba su situación de vulnerabilidad. María González lo explica: “somos muy conscientes de que la Delegación del Gobierno no es responsable de la actuación judicial pero creemos que la institución y su titular deben ‘tomar nota’ de la ilegalidad de las actuaciones de algunos juzgados y, por consiguiente, de la propia policía que actúa en los mismos desahucios”.

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