Podemos e Izquierda Unida han denunciado que los cajeros automáticos que el Gobierno de Cantabria instaló en zonas rurales para detener la despoblación, y por los que paga más de dos millones de euros a una filial del Banco Santander, cobran comisiones a las personas usuarias que no tienen cuenta con esa entidad.

Podemos e IU sostienen, además, que los cajeros instalados en locales públicos no proporcionan más servicio que el acceso al efectivo o la consulta de saldos, algo que no soluciona las necesidades básicas de la población del medio rural cántabro.

Para ambas formaciones, es un contrasentido” invertir dos millones de dinero público para que una entidad privada preste un servicio, y permitir que ese servicio sólo sea gratuito para clientes de dicha entidad. Podemos e IU consideran “inmoral permitir el cobro de comisiones en unos cajeros que pagamos entre toda la ciudadanía cántabra a la misma empresa que, paradójicamente, está desmantelando su red de oficinas rurales”.

Para Mónica Rodero, candidata a la presidencia de Cantabria, “el acceso a los servicios bancarios hoy en día es indispensable, y es por esto que nuestra propuesta va más allá del acceso sin comisiones al efectivo: pedimos una atención personal garantizada y queremos que esto esté recogido en la futura ley de lucha contra la despoblación”. Rodero reconoce que “es un avance que se esté trabajando en una ley, y agradecemos que esta ley cuente con varios puntos que recogen aportes que Podemos e IU facilitamos en el proceso participativo”, pero matiza que “si la futura ley no garantiza el acceso a los servicios básicos en las zonas rurales, será una ley carente de sentido”.

Además, Rodero destaca que “nuestra apuesta es garantizar una atención bancaria completa en las zonas rurales. Si las entidades privadas no están por la labor de ofrecer ese nivel de atención, tendrá que ser el Gobierno de Cantabria quien siente las bases de una banca pública que sí tenga en consideración a toda la ciudadanía”.

En este sentido, la número dos de la coalición, Carmen Martín, ha destacado el papel que puede jugar el Instituto Cántabro de Finanzas como organismo público capaz de responder a las cuestiones bancarias básicas, una medida que defenderán desde el próximo gobierno de la comunidad.

“El trasvase de dinero desde lo público a manos privadas, generalmente grandes entidades a las que no se les pide ni pone ningún control, debe acabar y es la estructura de la administración pública la que debe velar por el ejercicio de los derechos más básicos”, añade la portavoz de IU. “De lo contrario, nos podemos encontrar con que el trasvase a manos privadas significa, de facto, una privatización de labores públicas que, en el caso de la trama de Carreteras, ha supuesto un caso de corrupción bajo la esfera política de una consejería regionalista”, ha sentenciado.

MANIFESTACIÓN CONTRA LAS COMISIONES

La Coordinadora Cántabra de Pensionistas convoca para este viernes una manifestación en protesta por las comisiones de los bancos y exigiendo las cuentas bancarias gratuitas.

La manifestación saldrá de la plaza Numancia a las 12:00 horas y avanzará hasta concluir frente al Ayuntamiento de Santander.

QUEJAS POR LA ‘DESAPARICIÓN’ DE LAS LIBRETAS DE AHORRO

«No existe ningún tipo de obligación legal por la que los bancos tengan que facilitar cartillas de ahorro a sus clientes», así lo explican desde la Unión de Consumidores, aunque lo cierto es que las entidades bancarias siempre han facilitado esas cartillas donde los clientes pueden ver los pagos y los ingresos registrados a través de sus cuentas.

Añaden que el uso de las libretas va a estar limitado a personas mayores de 65 años, aunque matizan que todavía no hay nada claro al respecto.

La realidad es que algunos clientes de Unicaja están siendo incapaces de conseguir que la entidad les entregue una cartilla física. «Llevo semanas pasando por distintas sucursales para que me den una cartilla nueva y en todas me dicen que tienen un problema de suministro y que me pase dentro de tres semanas, pero pasa el tiempo y siguen sin cartillas», explica para El Faradio Johana…., clienta de la entidad que, según cuenta, ha estado en distintas sucursales, de la calle Burgos a General Dávila donde tampoco ha sido capaz de conseguir una hoja de reclamaciones. «Me dicen que puedo hacerlo a través de la web, que ahí puedo descargarme una».

Desde la Unión de Consumidores explican que, salvo que exista algún documento firmado entre las partes donde quede claro que el cliente tendrá derecho a una libreta o que en la publicidad del banco, tanto en web como en carteleria o folletos se diga así, la entidad no tiene ninguna obligación legal de facilitar esas cartillas físicas con las que tradicionalmente se han manejado los ciudadanos.

Johana explica que ella utiliza la libreta para todo: para consultar movimientos, pero también para hacer ingresos o sacar dinero «no tiene comisiones», aclara. Reconoce que en ventanilla no le están poniendo ningún problema para entregarle en papel extractos de los movimientos de su cuenta, «pero eso me obliga a hacer una cola y a perder un tiempo que con la cartilla me ahorro».

La única explicación que esta usuaria encuentra es que «quieran eliminar las cartillas para obligarte a tener una tarjeta y poder cobrar comisiones»